Magdalena Medio: en defensa del derecho a vivir en paz

La creación de la Red de Derechos Humanos en Cañabraval Bajo, Sur de Bolívar

Los caminos que han transitado las habitantes del Magdalena Medio durante las últimas décadas han estado marcados por el devenir del conflicto armado, social y político que todavía vive el pueblo colombiano; trochas pedregosas, a veces embarradas, otras ensangrentadas, en las que uno levanta la vista y piensa que, difícilmente, llegará a su destino. Son muchas las amenazas que se han presentado en estos caminos a lo largo de los años. Sin embargo, la capacidad de resiliencia y organización de las campesinas y campesinos los llevó a seguir andando hacia ese destino, hacia ese horizonte que siempre parece alejarse, aunque uno camine y camine: la paz, el pan, la tierra.

En la región del Magdalena Medio -como en otras zonas del país como Catatumbo, Nordeste Antioqueño y Bajo Cauca- se fue consolidando un modelo económico basado en el extractivismo de recursos naturales, como la madera, el carbón, el oro y el petróleo, así como el agronegocio centrado en la ganadería extensiva y el monocultivo de palma africana. Estos sectores productivos fueron acaparados por los grandes empresarios del agro, y empresas mineras y petroleras. Por otro lado, el cultivo de la hoja de coca se convirtió en una alternativa económica en una región donde el Estado nunca se presentó bajo la forma de inversión social, cubriendo las necesidades materiales de la población, sino que lo hizo a través de una militarización del territorio. Es por ello, que las clases populares -urbanas y campesinas- se han visto abocadas a vender su fuerza de trabajo al sector agroindustrial, minero y petrolero, o a cultivar hoja de coca, pues la tradicional economía campesina no sale rentable cuando hay falta de infraestructura para la comercialización de los productos agrícolas y una dependencia de los precios en el mercado internacional.

De la mano de este modelo de desarrollo económico y del abandono estatal, la región ha sido muy castigada por el conflicto armado, llegando a ser uno de los grandes focos del paramilitarismo en Colombia. En ella, han convergido varios actores armados con intereses económicos, sociales y políticos; tanto grupos insurgentes -FARC-EP y ELN-, como grupos paramilitares -Autodefensas Unidas de Colombia AUC- y fuerzas estatales que se disputaron el control del territorio. Hoy en día, a pesar de la desmovilización de FARC-EP tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016, se está produciendo una reconfiguración del control entre los actores armados todavía activos, y se mantiene la violencia hacia comunidades y líderes sociales.

Tanto las condiciones estructurales, como las dinámicas coyunturales del conflicto armado han situado al campesinado colombiano en una posición de extrema vulnerabilidad, sufriendo una violación sistemática de sus derechos fundamentales, así como del Derecho Internacional Humanitario*. Sin embargo, ante estas violencias sufridas han florecido procesos comunitarios de lucha no violenta, que reivindican la permanencia y resistencia en el territorio. El campesinado no sólo es quien trabaja la tierra, sino también un sujeto político que resiste en el seno de una sociedad eminentemente violenta y construye alternativas de vida, haciendo una autogestión de los asuntos públicos a través de las Juntas de Acción Comunal (JAC).

Un ejemplo de estas resistencias populares en el Nororiente Colombiano son organizaciones como ASCAMCAT en Catatumbo, CAHUCOPANA en el Nordeste de Antioquia, ACVC-RAN y ASORVIMM en el Magdalena Medio, o AHERAMIGUA en el Bajo Cauca. Estos procesos organizativos surgieron en regiones donde el conflicto armado se presentó de manera cruel y directa, zonas con presencia de grupos guerrilleros, fuerza pública y paramilitarismo, en las que el desplazamiento forzado y la ruptura del tejido social ha sido una constante. Fruto de este largo proceso de empoderamiento, las comunidades han consolidado estrategias de protección en el marco del conflicto. Entre la diversidad de mecanismos encontramos las JAC, las casas de derechos humanos, los campamentos de refugio humanitario, las comisiones de verificación, la guardia campesina o el acompañamiento internacional de organizaciones como IAP.

Reconociendo el valor de esta institucionalidad comunitaria, en 2018 surge el Programa de Protección, Prevención y Seguridad para Defensores y Defensoras de DDHH en tres territorios priorizados por el Acuerdo de Paz para hacer frente a las nuevas conflictividades y factores de riesgo que enfrentan los liderazgos sociales y comunitarios rurales, evidenciados en la grave crisis de DDHH a nivel nacional“. En él participan ACVC-RAN, CAHUCOPANA y ASORVIMM en el Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño, ASCAMCAT en el Catatumbo, AHERAMIGUA en Bajo Cauca, la Agencia Prensa Rural e IAP, representando el componente internacional. Esta propuesta colectiva trabaja en una Ruta Interinstitucional que articule las estrategias comunitarias con la oferta estatal, para fortalecer todas las iniciativas y superar las medidas de protección individual que tradicionalmente se brindan a líderes y lideresas sociales. Abordando los factores de riesgo desde una óptica colectiva, se buscan mayores garantías de seguridad para líderes y lideresas sociales, organizaciones y comunidades rurales.

En el caso del sur de Bolívar, la Ruta avanzó significativamente hasta establecer el primer Plan Piloto en el municipio de San Pablo, en donde se está adelantando el proyecto de una casa de derechos humanos en el corregimiento Cañabraval Bajo, zona rural de San Pablo. Históricamente, estas casas han representado un mecanismo que las comunidades del sur de Bolívar y el Nordeste Antioqueño, organizadas en torno a la ACVC y CAHUCOPANA, han puesto en práctica durante los años más duros de paramilitarismo, con el fin de promover los DDHH y servir de refugio para liderazgos sociales y familias desplazadas por la violencia. A día de hoy, San Pablo y los municipios aledaños siguen teniendo una fuerte presencia de grupos armados y una alta vulneración de los DDHH, como demuestra el reciente asesinato de Carlota Isabel Salinas, lideresa de la Organización Femenina Popular o las erradicaciones forzadas por parte del Ejército Nacional. La situación de seguridad en la región supuso uno de los principales motivos por los que se consideró pertinente establecer el Plan Piloto en San Pablo; a lo que se añade el interés y la predisposición de la alcaldía y el recién constituido Consejo Municipal de Paz, además de la significativa trayectoria de la ACVC en el municipio.

En primera instancia, se trabajó por reactivar los comités de DDHH de las JAC, que representan el núcleo fundamental del tejido social y organizativo en la región. A partir de este ejercicio, la Ruta ha trabajado por la constitución de una Red de Comités de DDHH en el corregimiento Cañabraval Bajo, conformada el pasado 6 de marzo en un evento en el que participaron las comunidades de la zona, así como la Defensoría Regional del Pueblo, donde la Red será la instancia que dinamice la casa de derechos humanos. Esta iniciativa comunitaria tiene como principal objetivo la prevención y la protección de los derechos humanos, en tanto espacio formativo para las comunidades y espacio vivo donde éstas puedan conocer sus derechos, los mecanismos de participación, las competencias institucionales y el funcionamiento del Estado”, tal como explica Lucy Córdoba del Programa de Prevención y Protección.

En materia de protección, la casa también es entendida como un lugar seguro ante las violaciones de DDHH, como un refugio temporal para líderes y lideresas sociales, y mujeres víctimas de violencia de género. Representa el referente local donde recibir asesoría y acompañamiento y, teniendo en cuenta el enfoque interinstitucional de la Ruta, se buscará el apoyo y la coordinación inmediata con las instituciones competentes, como la Defensoría del Pueblo o la Personería.

En definitiva, el proyecto piloto del Sur de Bolívar representa un primer paso en el largo camino que iniciaron las organizaciones que hacen parte del Programa de Prevención, Protección y Seguridad de Defensores y Defensoras de DDHH del Nororiente Colombiano. Sabemos que estamos caminando hacia un horizonte que siempre parece alejarse, pero también estamos seguras de que sólo juntas alcanzaremos el legítimo derecho de vivir en paz, como diría el cantautor chileno Víctor Jara.

 

*Rama del derecho internacional regulado por los Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales. Se ocupa de regular los conflictos armados y los métodos de guerra que emplean las partes combatientes así como de la protección de civiles que no participan en los enfrentamientos.

 


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