Oro, ¿para quién y para qué?

La disputa por el suelo en el Nordeste Antioqueño

La multinacional con título en el territorio impone sus condiciones a los mineros artesanales, quienes engrosan sus beneficios o enfrentan la represión y el despojo.

A lo largo de la historia, la humanidad se ha relacionado de diferentes formas con la tierra y con los minerales que se encuentran en su interior. En ocasiones, en base a la subsistencia de las comunidades que la habitan; otras en base al lucro a gran escala, ya sea a través de la esclavitud en época hispana o del trabajo formal e informal en la actualidad.

En el Nordeste Antioqueño, con un subsuelo repleto de oro, coexisten diferentes formas de extracción que se relacionan y conflictúan entre sí, y que conllevan a diferentes modelos de desarrollo.

Por un lado, tenemos el Plan de Desarrollo de la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra[1] como propuesta territorial de las comunidades campesinas y mineras articuladas en torno a la ACVC-RAN, fruto del recorrido de defensa y reivindicación de sus derechos. Dicho Plan, comprende la minería aurífera como un espacio económico de subsistencia para los sectores populares, quienes han sido históricamente afectados por la dinámica de desplazamiento interno del país[2] y, también, por las políticas neoliberales que destruyen la agricultura campesina y no generan desarrollo para las comunidades. Además, este plan maneja el concepto de minería artesanal sustentable.

Desde las instituciones del Estado se clasifica la minería según su grado de “legalidad”, en función de si los mineros cuentan con un título para realizar la extracción o no. En este sentido, se entiende como “minería de hecho” a aquella que se realiza sin título y, dentro de ella, la “minería tradicional” como aquella que se ha realizado durante cinco años consecutivos y desde, al menos, diez años antes de la Ley 1382 de 2010[3], que regula la actividad minera. Igualmente, dada la clandestinidad en la que muchas veces se realiza, es muy complejo para los mineros poder demostrar estos requisitos[4].

Por otro lado, tenemos el Plan Nacional de Desarrollo[5], que incluye entre sus objetivos el “aprovechamiento de mercados internacionales y atracción de inversiones productivas” y que incluye estrategias de “aprovechamiento del suelo” y de “disminución de la carga regulatoria que afecte al desarrollo de la iniciativa privada”. Este modelo sienta las bases para que la multinacional Gran Colombia Gold sea poseedora de un Reconocimiento de Propiedad Privada, que le permite extraer oro a perpetuidad en los municipios de Segovia y Remedios, e imponer sus condiciones a los mineros.

El Código de Minas de 2001[6] ya aclara que “los minerales de cualquier clase y ubicación, yacentes en el suelo o el subsuelo, en cualquier estado físico natural, son de la exclusiva propiedad del Estado” y presupone la “utilidad pública e interés social” de la industria minera. Según datos del DANE (2018)[7] el municipio de Segovia tiene una medida de pobreza multidimensional (que evalúa la satisfacción de necesidades vitales como salud, educación, empleo y vivienda, entre otras) del 67,1%, estando a nivel nacional en 19.6%, según cálculos del mismo año[8]. Los datos nos hacen entrar en contradicción con el concepto de “interés social” manejado desde este modelo de desarrollo.

De esta forma, apreciamos en el Nordeste Antioqueño un proceso de “acumulación por desposesión”[9], de forma que se expropia a quienes fueron históricamente productores directos, no dejándoles otra opción que trabajar para el beneficio de Gran Colombia Gold o mantenerse en la informalidad. Así, los mineros artesanales deben firmar un contrato de asociación, desde una posición totalmente asimétrica de poder para negociar, que incluye entre sus condiciones la obligación de utilizar las plantas de procesamiento de la empresa, tras lo cual los mineros reciben una paga, según la calidad o ley del material establecida por sus propios laboratorios, perdiendo de esta manera más de la mitad del beneficio[10]. Han sido numerosos los paros mineros[11] como respuesta de inconformidad, frente a esta extracción de plusvalía por parte de la multinacional.

Por otro lado, la consecuencia de mantenerse en la informalidad es la represión directa a través de operativos militares[12]. Además, en la dinámica del conflicto se suma la estigmatización de los mineros, vinculándolos con grupos armados ilegales.

Otro argumento que busca legitimar esta represión hacia la pequeña minería es el de la contaminación ambiental, que se produce con la extracción. Frente a esto, cabe añadir que las comunidades organizadas a través de la ACVC-RAN han demostrado en numerosas ocasiones su capacidad para planificar el territorio en base a parámetros de sostenibilidad ambiental, como demuestran sus dos caracterizaciones biológicas realizadas en la Zona de Reserva Campesina[13], su acuerdo en torno a la “línea amarilla”[14] y toda la propuesta contemplada en su Plan de Desarrollo.

El discurso de “desarrollo sostenible” desde la lógica liberal, que tiende a colocar la culpa de la crisis ecológica en los pobres, contrasta con el impacto de las grandes explotaciones mineras del país, como es el caso paradigmático del Cerrejón[15] en La Guajira. De esta forma, asistimos a una doble moral que encierra la contradicción de intereses sobre el territorio y que se traduce en la vulneración sistemática de los derechos de las comunidades.

 

[1] Plan de Desarrollo Sostenible ZRC-VRC 2012-2022.

[2] El tiempo (2018): “Colombia volvió a ser el país con más desplazados internos”. https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/colombia-volvio-ser-el-pais-con-mas-desplazados-internos-en-el-mundo-segun-la-acnur-232658

[3] http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1382_2010.html

[4] Defensoría del Pueblo (2010): La minería de hecho en Colombia http://www.defensoria.org.co/red/anexos/publicaciones/mineriaColombia.pdf

[5] Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 https://id.presidencia.gov.co/especiales/190523-PlanNacionalDesarrollo/documentos/BasesPND2018-2022.pdf

[6] https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/leyes/2001/ley_0685_2001.pdf

[7] https://dane.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/cbcedc7094524f4191eb82ba44e4f4d2

[8]https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2018/bt_pobreza_multidimensional_18.pdf

[9] Vega Cantor (2012): Colombia, un ejemplo contemporáneo de acumulación por desposesión http://revista-theomai.unq.edu.ar/NUMERO%2026/Vega%20Cantor%20-%20Colombia.pdf

[10] Verdad abierta (2017): El problema ancestral de la minería segoviana https://verdadabierta.com/el-problema-ancestral-de-la-mineria-segoviana/

[11] Colombia Informa (2017): “Continúa el paro minero en el nordeste antioqueño a pesar del esmad” http://www.colombiainforma.info/continua-el-paro-minero-en-el-nordeste-antioqueno-a-pesar-del-esmad/

[12] Prensa rural (2017): “Continúa represión contra comunidades mineras del nordeste antioqueño” https://www.prensarural.org/spip/spip.php?article21123

[13] IAP (2019): “Movimiento campesino conserva la biodiversidad” https://www.actionpeace.org/movimiento-campesino-conserva-la-biodiversidad/

[14] Prensa Rural (2017): “¿Sabes qué es la línea amarilla de San Lucas?” https://prensarural.org/spip/spip.php?article21883

[15] Liga contra el silencio (2019): “la oscura nube del Cerrejón en La Guajira” https://ligacontraelsilencio.com/2019/08/01/la-oscura-nube-del-cerrejon-en-la-guajira-2/


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