Prevención, Protección y Seguridad a Defensores y Defensoras de DDHH

Segundo año de la Ruta del Nororiente Colombiano

El Programa de Prevención, Protección y Seguridad de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos del Nororiente Colombiano conformado por ACVC, ASCAMCAT, AHERAMIGUA, CAHUCOPANA, IAP y CESPAZ, dio inicio a su segundo año de relacionamiento e incidencia política en el ámbito institucional gubernamental y estatal con entidades colombianas e internacionales, en cuya agenda se marcó el énfasis en las medidas para la protección colectiva y comunitaria, mediante mecanismos de protección y autoprotección, tanto a organizaciones sociales como a las comunidades; así como en las rutas y protocolos que se logren concertar con las instituciones del estado colombiano en esta materia.

Vale la pena recordar que en el año 2018, el Programa avanzó de manera significativa en la interlocución con algunas instituciones que en Colombia tienen competencia en materia de protección de líderes, lideresas sociales y defensores y defensoras de derechos humanos, y se promovió el cumplimiento de los puntos dos y tres del Acuerdo Final de Paz en cuyo seno está incorporado este componente como garantía para lograr una paz estable y duradera. Se destaca en este aspecto, relaciones directas con la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Defensoría del Pueblo y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, entre otras, tanto en reuniones bilaterales como en Encuentros Interinstitucionales, mediante la metodología del “Diálogo Útil” que tiene como sustento la construcción de nuevas capacidades para resolver problemas y donde participa un universo diverso de actores que tienen que ver con el problema y, por tanto, deben formar parte de la discusión y solución.

De igual manera, en materia de mecanismos y medidas de protección colectiva, la organización social CAHUCOPANA, cuya acción por la defensa de los Derechos Humanos se desarrolla en el Nordeste Antioqueño (Segovia y Remedios), abrió el camino para el resto de organizaciones sociales de la región del nororiente colombiano en el sentido que dio los primeros pasos e inició, desde el año 2018, un proceso de impulso e implementación ante la UNP sobre formas de protección colectivas que involucra a toda la organización, superando la visión de los esquemas de seguridad individual, como tradicionalmente se ha pensado la protección a los defensores y las defensoras de derechos humanos.

El programa de prevención y protección retomó la experiencia abierta por CAHUCOPANA, que mediante reuniones bilaterales, obtuvo como logro importante que la UNP incorporara a tres organizaciones sociales más en el análisis e implementación de medidas colectivas de protección como son: AHERAMIGUA en la región del Bajo Cauca y Sur de Bolívar, ACVC en Magdalena Medio y ASCAMCAT en la región del Catatumbo. Este acuerdo comportó la concertación de una agenda para la realización de talleres regionales con cada una de las organizaciones y comunidades que demandan protección por parte del Estado, como modo de garantizar su permanencia en el territorio y la defensa de sus derechos fundamentales.

Los antecedentes señalados fueron pasos significativos para el Programa en su componente de incidencia política, razón por la cual en el año 2019 se continuará con el trabajo iniciado. Para ello, durante los días 23, 24 y 25 de enero en la ciudad de Bogotá se llevó a cabo una gira institucional en cuya visita se conversió con la UNP, el Ministerio del Interior, la Consejería Presidencial de Derechos Humanos y los organismos internacionales, como la Segunda Misión y la Oficina para los derechos humanos de las Naciones Unidas. El resultado fue igualmente positivo, pues permitió presentar el Programa y sus objetivos específicos sobre medidas colectivas de protección a organizaciones sociales y comunidades en riesgo en el nororiente colombiano, e impulsó el reconocimiento de la institucionalidad comunitaria que incorpora múltiples mecanismos comunitarios de protección y autoprotección; herramientas que, históricamente, las comunidades en riesgo han implementado para preservar su vida y permanencia en el territorio, en diferentes momentos en que los que el conflicto armado ha impactado gravemente en términos humanitarios, y cuando se han cometido graves violaciones de los derechos humanos, tanto por grupos armados ilegales, como por organismos de seguridad del Estado.

Con la UNP se logró ratificar el compromiso de desarrollar con las organizaciones sociales del nororiente colombiano (ACVC, AHERAMIGUA Y ASCAMCAT) y las comunidades, los talleres territoriales para construir las rutas y mecanismos de protección colectiva que involucran análisis de riesgo y medidas de protección. Asímismo, la Consejería Presidencial de Derechos Humanos y el Ministerio del interior mostraron su interés por conocer las medidas de protección colectiva en marcha, así como su seguimiento permanente a los acontecimientos en el territorio que signifiquen riesgos inminentes contra líderes, lideresas sociales y defensores, defensoras de derechos humanos.

Específicamente, la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio del Interior informó que el actual Gobierno tiene como meta la elaboración de una nueva política de Prevención y Protección en el año 2019 (mientras tanto, siguen vigentes las normas existentes formuladas en esa materia en años anteriores).  De la misma manera, se ofreció incorporar al Programa procesos de asistencia técnica para el tema de las medidas de protección colectiva y manifestó su respaldo para que las organizaciones sociales del nororiente colombiano, articuladas al programa, fueran beneficiarias del decreto 660 de 2017, para lo cual es pertinente que se eleve la solicitud por medio escrito. Asimismo, manifestó que es parte de su competencia brindar asesoría técnica a las alcaldías y gobernaciones del territorio que estén interesadas en desarrollar sus planes municipales y departamentales en materia de prevención y protección a líderes, lideresas sociales y defensores, defensoras de derechos humanos, siempre y cuando se lo soliciten.

Pero el resultado más importante de esta primera gira de incidencia política y relacionamiento institucional fue la concreción del Segundo Encuentro Interinstitucional en el Magdalena Medio el día de hoy, 11 de febrero, con la participación de las instituciones anteriormente señaladas y las organizaciones sociales que hacen parte del Programa: ACVC, CAHUCOPANA, AHERAMIGUA, ASCAMCAT, CESPAZ e IAP, ésta úlitma encargada del acompañamiento internacional y de la incidencia política a nivel nacional e internacional. De igual modo, se ha invitado al encuentro a alcaldías del Sur de Bolívar y Yondó, Ejército Nacional, Policía Nacional, Defensoría del Pueblo con el sistema de alertas tempranas SAT, Procuraduría Regional de Santander y Provincial del Magdalena Medio, organismos internacionales como Naciones Unidas, Comité Internacional de la Cruz Roja, La organización de los estados Americanos OEA-MAPP, organismos de acompañamiento internacional como PBI, ECAP, y organizaciones sociales defensoras de derechos humanos del Magdalena Medio, como CREDHOS, ASORVIMM y PDPMM, entre otras.

En este segundo encuentro interinstitucional se hará una exposición sobre las dinámicas sociales, políticas y económicas del conflicto armado de las subregiones que conforman el nororiente colombiano, haciendo énfasis en el análisis, en cómo se han configurado los focos de tensión y en las conflictividades consideradas como riesgos y amenazas para la labor de los líderes y lideresas sociales, los y las defensoras de los derechos humanos, las organizaciones sociales, y las comunidades que resisten y permanecen en el territorio; identificando los casos de líderes y lideresas sociales asesinadas, amenazadas, y desplazadas durante el año 2018 y principios de 2019.

El núcleo del Encuentro interinstitucional serán los compromisos que asuman las instituciones estatales en cuatro aspectos centrales:

1. La implementación de mecanismos y medidas de protección colectiva.

2. La implementación, conjuntamente, con las organizaciones sociales de un mecanismo de protección y autoprotección comunitaria, sean estas comisiones de verificación, comités de derechos humanos, campamentos de refugios humanitarios, guardias campesinas o acciones humanitarias, entre otras.

3. La identificación de municipios pilotos en cada uno de los territorios donde se implementen estos mecanismos de protección y autoprotección colectiva y comunitaria.

4. El compromiso de construir, en lo sucesivo y conjuntamente mediante diálogos útiles, las rutas y los protocolos interinstitucionales que incorporen la institucionalidad que las comunidades han construido en materia de protección y autoprotección en las rutas establecidas en las normas y decretos de las entidades del Estado.

En conclusión, el año 2019 es y será aquel que permita, a las comunidades de los territorios del nororiente colombiano, gozar de un proceso cuidadoso y concertado de protección ajustado a sus realidades territoriales, reconociendo su memoria colectiva e histórica en materia de protección. Pero, sobre todo, que sea oportuna y permita prevenir, mitigar y contener los riesgos y amenazas que surgen en un territorio donde, posterior a la firma del Acuerdo Final de Paz, el Estado aún es débil o inexistente para garantizar la permanencia de su población y el respeto de sus derechos humanos.

El Programa cuenta con el apoyo y la financiación de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD).

Publicado en: https://reservacampesinariocimitarra.org/programa-de-prevencion-proteccion-y-seguridad-a-defensores-y-defensoras-de-ddhh-en-el-nororiente-colombiano/

 


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