Salud en la ruralidad colombiana

La violencia silenciosa 

Clara Sau Lleó | Voluntaria de IAP

Magdalena Medio (Colombia)

Colombia es un país con la mayor parte de su territorio rural y donde más del 30% de su población vive en él. No obstante, el campo colombiano es escenario de violencia, pobreza e injusticias, con reformas agrarias fracasadas y políticas excluyentes que lo han dejado en el olvido desde hace décadas. Es en la ruralidad colombiana donde se encuentran las mayores inequidades del país, especialmente visibles en materia de sanidad. En las zonas rurales de Colombia aún queda mucho trabajo por hacer para poder garantizar la buena salud de sus habitantes.

En un estado de derecho y sistema socialmente digno se debe garantizar la igualdad de oportunidades. Esto solo se logra cuando todas las personas tienen los mismos derechos políticos y las mismas posibilidades para acceder al bienestar social, sin que existan grupos considerados inferiores. Como señalaron los Estados Miembros en la Declaración de la Reunión de Alto Nivel sobre el Estado de Derecho: “Todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están obligadas a acatar leyes justas, imparciales y equitativas, y tienen derecho a igual protección de la ley, sin discriminación”. Sin embargo, la realidad en Colombia es que existe una gran desigualdad entre el campo y la ciudad.

Concretamente, en el ámbito sanitario, las personas que habitan las zonas rurales colombianas se encuentran con un difícil acceso a los centros médicos, ya que estos se ubican lejos del campo. También existe mucha dispersión entre las zonas, así como largas distancias por recorrer, sin posibilidades de cubrir los gastos de los desplazamientos. Además, hay que añadir que muchas vías que unen las poblaciones rurales se encuentran en mal estado y fácilmente afectadas en la época de lluvias. Sumado a esto, también hay escasez de medicamentos, desconocimiento de tratamientos, precaria dotación de equipos médicos y demoras en los trámites que la ciudadanía debe hacer.

Es importante mencionar que la salud es un amplio concepto que engloba muchos determinantes que van más allá de los centros médicos. La salud se encuentra en la cotidianidad de los individuos: condiciones de las viviendas, formas de saneamiento, alimentación, hábitos, capacidad de trabajar y generar ingresos, medioambiente… Precisamente las zonas rurales de Colombia cuentan con bajas coberturas de los servicios de acueducto y alcantarillado, agua de baja calidad y deficiencias en el servicio de aseo. En este sentido, la urgente necesidad de mejorar las condiciones de salud de la población rural implica profundas transformaciones de orden político, económico y social para superar estas desigualdades.

Gloria Cañizares Linares, auxiliar de odontología vinculada a la ACVC-RAN (Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra – Red Agroecológica Nacional), ha estado trabajando como defensora de los Derechos Humanos en el área de salud por vocación, su historia familiar y la necesidad real de mejorar la atención sanitaria del campesinado. Inició con el trabajo en brigadas médicas y asumió la responsabilidad de ser la referente de salud de la ACVC-RAN. Se ha comprometido con muchas funciones, como seguimiento de los pacientes, acompañamiento en los trámites hasta lograr la ejecución de cirugía en otras ciudades y la presentación de denuncias y tutelas. Asimismo, ha desempeñado la labor de pedagogía mediante charlas, talleres para desmentir creencias arraigadas y para promover controles médicos, como las campañas de citología.

«La salud es lo peor que puede haber en este país», afirma Cañizares. Y explica que, después de la mercantilización del sistema de salud con la aprobación de la Ley 100 de Uribe en 1993, para conseguir una visita médica la población debe seguir un trayecto que puede llegar a alargarse mucho y que consta de distintos pasos. En primer lugar, hay que pedir una cita médica general. Una vez obtenida, pedir cita con un médico internista, que debe ir acompañada de un proceso de autorización y que puede tardar varios días o meses en ser dada. En el caso de necesitar exámenes específicos, estos tienen que ser autorizados y se requiere pedir una cita a un médico especialista. En el caso de necesitar más cirugía, también se tiene que aprobar una autorización y agendarla.

Todos estos trámites pueden durar tres o cuatro meses, dependiendo también del tipo de EPS (Entidad Promotora de Salud) que tenga el paciente. Es decir, con un estatus económico más alto se tienen más posibilidades de ser atendida más rápido y mejor. Además, todos estos trámites hay que hacerlos de forma presencial. Teniendo en cuenta que los centros médicos se encuentran en las zonas urbanas, las personas que viven en zonas alejadas deben cubrir los múltiples trayectos, así como estancias y alimentación. Debido al costo que implica para la población rural acudir a los centros de salud, muchas optan por no seguir el largo proceso.

En principio, una manera de mitigar la segregación histórica que se ha vivido en las zonas rurales sería mediante la implementación del punto 1 del Acuerdo de Paz, la Reforma Rural Integral.

En él se prioriza el aumento de la oferta institucional en materia de salud, centrándose primero en los municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) y después extendiéndose a nivel nacional. Sin embargo, la situación en Colombia es que el Gobierno no está cumpliendo con lo prometido y sus habitantes ya no confían en él. En las zonas con más abandono estatal es la propia comunidad, lideresas, líderes, personas defensoras de Derechos Humanos y organizaciones sociales, como la ACVC-RAN, las que dedican su labor a la mejoría de sus condiciones de vida.

Para concluir, Cañizares puntualiza que gran parte de la población se focaliza en los crímenes cometidos por las guerrillas y los grupos paramilitares, y poco se habla de la gran cantidad de personas fallecidas diarias por parte del Estado mediante sus políticas y leyes.