La paz todavía no ha llegado a Colombia

Más de treinta asesinatos políticos en los dos primeros meses del año

Las cifras bailan dependiendo de la fuente consultada. El concepto de líder o lideresa social parece no ser el mismo en unos informes y otros. Pero lo que sí está claro es que la paz no ha llegado a Colombia, que todavía queda mucho camino y que es primordial la protección de quienes defienden los derechos humanos en las comunidades. El mes de enero comenzó el 17 con el asesinato de Diana Luz Solano, hija de Rufino Solano, Gobernador Senú de la comunidad La Esperanza, Antioquia. Un día después fueron asesinados Víctor Morato, líder social de Yondó, Antioquia, y Plinio Pulgarín, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda San Pedrito, San José de Uré, Córdoba. El 19 de enero murieron tres personas en la zona de Tame, en el departamento de Arauca: los hermanos Luis Díaz López y Miller Díaz López -líderes de la comunidad afirman que fueron asesinatos extrajudiciales- y Leidy Xiomara Peña Naveo, que fue disparada en un retén militar. La desaparición de Víctor Vitola, líder social del Bajo Cauca Antioqueño, fue denunciada el 20 de enero. Cuatro días después, se halló su cuerpo en las aguas del Río Cáceres.

Por otro lado, la Unión Sindical Obrera (USO) denunció los asesinatos de dos de sus integrantes en Arauca, Víctor Manuel Barrera, el 21 de enero en un intercambio de disparos, y Wuilmer Angarita, el 22 de enero mientras se desplazaba en su vehículo. El mismo día, también en Arauca, fue asesinado Harley Johanny Mogollón, dirigente de la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro. José Olmedo Obando, líder del Consejo Comunitario Afro Nueva Esperanza, fue hallado el 23 de enero sin vida en el municipio de Ipiales, Nariño. Un atentando en Buenos Aires -Cauca-, cobró la vida de Fares Carabalí, gerente de la cooperativa de mineros del municipio. Según cuenta el diario El Espectador, Carabalí estuvo implicado, en 2015, en la disputa por el poder minero y territorial de esta zona del noroccidente del Cauca. En Sucre, el 25 de enero, tres encapuchados asesinaron a los hermanos Humberto Manuel Escobar Mercado, Prisciliano Manuel Mercado García y Manuel Eusebio Escobar. Los hermanos reclamaban unas tierras apropiadas ilegalmente por el exdirector de la Caja de Compensación Familiar de Sucre (Comfasucre), William Martínez. Ese mismo día, en el Norte de Santander, son hallados sin vida Jorge Jimmy Celis, de la Junta de Colinas del Tunal en la Comuna Seis de Cúcuta, y Miguel Eduardo Parra, líder campesino de la Asociación Municipal de la JAC de Chitagá.

Eliécer Tekia Vitucay , líder jefe de la guardia indígena de la zona Camaica, en Chocó, fue asesinado el viernes 26 de enero por hombres armados sin identificar. De la misma manera murió Mario Carrascal Náder, ex alcalde de Puerto Libertador, en el departamento de Córdoba. Buenaventura, Valle del Cauca, sufrió la muerte de uno de sus líderes más reconocidos, Temístoles Machado, quien fue asesinado por sicarios el 27 de enero. Machado denunció la crisis social y humanitaria del puerto provocada por las grandes empresas y luchó por las tierras de la comunidad Isla de Paz. Nicomedes Payán Segura, fiscal de la junta de acción comunal de Mamuncia, Cauca, fue asesinado el 29 de enero. Al día siguiente son hallados los cuerpos sin vida de Nixon Mutis, miembro de la Junta de Acción Comunal de Cantagallo, Sur de Bolívar, y delegado por la comunidad de la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM); y Leidy Amaya, promotora de salud del municipio de San Calixto, Norte de Santander. El mes se cerró con la muerte de Antonio María Vargas, tesorero de la JAC de la vereda Nueva Ilusión, en San José de Uré, Córdoba. Vargas estaba implicado en las acciones para la realización de la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito.

La ambientalista y lideresa social Yolanda Maturana fue asesinada el 1 de febrero en su vivienda del municipio de Puerto Rico, Risaralda. La labor de Maturana se centraba en defender los recursos naturales de la zona limítrofe entre Risaralda y Chocó. El cuerpo sin vida de Sandra Yaneth Luna, presidenta de la JAC de la vereda Totumito Carbonera, Tibú, fue encontrado el 6 de febrero. La líder campesina llevaba desaparecida desde septiembre de 2017. El jueves 8 otro defensor es asesinado en Tarazá, Antioquia. David Alexis Narváez era uno de los líderes del programa de sustitución de cultivos ilícitos en su departamento. Dos días más tarde aparecen los cuerpos de Jesús Orlando Grueso Obregón y Jonathan Cundumi Anchico, líderes sociales del proceso de sustitución de cultivos de uso ilícito y defensores de los derechos humanos. Se atribuye el asesinato a integrantes del ELN. Y el último del que se tiene constancia, Elkin Torres. Su cuerpo fue hallado el 15 de febrero en el municipio de El Tarra, en el Norte de Santander. Torres había trabajado en la JAC de su comunidad.

Además, el pasado 27 de enero, es atacada María Cecilia Lozano, lideresa social que trabaja por la restitución de tierras, el retorno colectivo y los derechos de las víctimas en la Asociación de Mujeres Desplazadas del Meta –(ASOMUDEM). Lozano, residente en Villavicencio, evitó varias de las puñaladasmortales, pero sufrió heridas graves. De la misma manera, el 14 de febrero en Bogotá fue atacado Germán Espinel, miembro activo de la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras del Guamocó (AHERAMIGUA). El chaleco antibalas que llevaba le salvó la vida. Espinel apoya labores de interlocución e incidencia en el área de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la organización. Y el día 20 se tuvo en conocimiento el ataque a Ricardo Gembuel, dirigente de la lucha indígena de su resguardo de Jambaló, en Cauca. Gembuel recibió impactos de bala, pero está consciente y estable.

La defensa del territorio y la sustitución de cultivos de uso ilícito

Al contrario de lo que afirmó el Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas sobre que “la inmensa mayoría de los asesinatos de líderes sociales en las regiones son frutos de un tema de linderos, de un tema de faldas o de peleas por rentas ilícitas”; la defensa del territorio y de los derechos humanos de las comunidades es la causa principal por las que mueren los y las lideresas sociales.  Además, en el nuevo marco de los acuerdos de paz, la sustitución de cultivos de uso ilícito tiene detractores que no les interesa perder su principal fuente de ingresos. De hecho, desde septiembre de 2017, se han registrado 22 ataques e intimidaciones contra el programa de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito y sus líderes y lideresas.

Pero los defensores y defensoras de derechos humanos de las comunidades no son las únicas víctimas de la violencia política. Según un cruce de informes entre Indepaz y Marcha Patriótica, en 2018 han sido asesinadas diez ex combatientes en proceso de reincorporación. Además de las amenazas a todo integrante del partido FARC. Por ello desde las comunidades, las organizaciones sociales y quienes trabajan en pro de la defensa de los Derechos Humanos, se pide al Gobierno y a las instituciones colombianas una mayor colaboración, comunicación y mejora de los mecanismos de protección para las comunidades, sus líderes y sus lideresas.

Este artículo se terminó de escribir el día 22 de febrero de 2018. Desde entonces, hasta la fecha de publicación, al menos dos personas más han sido asesinadas por su trabajo por la paz en Colombia.

Relación de miembros de las FARC asesinados en enero y febrero de 2018 (Marcha Patriótica)


Compartir: