Foto entrevista grupal CEV en la vereda de Crucito

ASODECAS, la organización campesina para el Desarrollo del Alto Sinú culminó el fortalecimiento comunitario en la región

ASODECAS, la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú, nació a inicios del 2010 como culminación de un proceso de articulación comunitaria de la sociedad campesina después de un período de violencia intensa en la región que se remonta a los años 60.

Foto Cervelión Cogollo (Presidente ASODECAS)

Foto Cervelión Cogollo (Presidente ASODECAS)

Las reformas agrarias que el Gobierno de la nación aplicó en los inicios de la época de los 60 estimuló el surgimiento de disidencias políticas, lo que supuso que los campesinos tuvieran mayor influencia en las relaciones de poder locales[1]. Estas reformas redistributivas en favor del campesino pobre cimentaron una desconfianza, que incrementaría con el paso de los años, entre los grandes latifundistas y las élites políticas locales, por una parte, y los campesinos y activistas políticos de izquierda, por otra[2]. Entre las décadas de 1967 a 1987, en todo el departamento, el Ejército Popular de Liberación (EPL) y su brazo político estaba en auge y se destacó por acciones de secuestro, extorsión y amenazas a grandes terratenientes. Para combatir las acciones del EPL contra estos grandes propietarios surgió el grupo paramilitar comandado por Fidel Castaño y debido, principalmente, al accionar violento de los paramilitares se inició el desplazamiento de las comunidades en condiciones adversas y el despojo de tierras. Estas “autodefensas”, como se denominaron las primeras estructuras paramilitares, aparecen a finales de los 70 en este territorio[3]. Desde 1981, Fidel (también su hermano) formó parte del Ejército Nacional como guías del batallón que se dedicó a formar y armar a estas primeras “autodefensas” civiles, convirtiéndose, al poco tiempo, como el líder de estos escuadrones[4]. Esto, se conjuga con otro factor que marcó de manera determinante los nuevos equilibrios de poder y lealtades políticas en el espectro local: surgieron inversionistas que provienen del narcotráfico, interesados en la propiedad rural y que, además de ese capital, llevaron a la región del Alto Sinú una actitud mucho más agresiva en relación con la seguridad. Este reequilibrio en la balanza de poder y de lealtades locales se organizó alrededor del aparato armado y financiero paramilitar[5].

En este mismo periodo en la región del Alto Sinú (1977) se consolidó el Parque Nacional Natural Paramillo, que con una extensión de “504.014 hectáreas que conservan ecosistemas de selva húmeda tropical, planos inundables, bosques andinos y subandinos, humedales y paramos […] es la décima área protegida más grande del país”[6] y también se promulgó la ley de creación de Reservas Forestales. Estas figuras territoriales se traslapan con territorios en los que habitaban (y habitan) campesinos e indígenas, por lo que desde el Estado se produce el despojo y restricción del acceso a la tierra de estas comunidades. En este territorio, colonizado desde 1883 por campesinos que ocuparon terrenos baldíos del Estado, convivían cerca de 674 familias en la década de los 70, familias campesinas que a principios de los 80 realizaron una reforma agraria para dividir todas sus fincas y asignaron 100ha a todo el mundo, bajo el pensamiento de cuanta más gente habitara la región sería más difícil desplazarlos de la misma. En ese momento, los campesinos decidieron solicitar títulos de propiedad de sus nuevas propiedades; fue en ese momento en el que conocieron que su territorio, sus fincas, formaban parte del Parque Nacional; lo que implica que el primer despojo de tierras masivo que sufrieron los habitantes de esta región fue perpetuado por el Estado[7].

Posteriormente, entre los años 1988 y 1993, a nivel departamental, se destaca la crisis del EPL que llevó a una negociación y posterior desmovilización del mismo. Muchos de los desmovilizados de este grupo se unieron a las fuerzas paramilitares, que avanzaron en el control del territorio y el accionar violento. La desmovilización del EPL se destacó en el departamento cordobés por la conciliación entre varios miembros de este grupo insurgente y sus antiguos enemigos. Además, consecuencia de las divisiones internas dentro de esta guerrilla, así como los ataques por parte de los frentes regionales de las FARC-EP y de las fuerzas de seguridad contra sus militantes, propició una “paulatina asimilación de una parte de sus militantes en el aparato político y militar” de las AUC o ACCU[8]. El Ejército de Liberación Nacional (ELN), con menor apoyo que en otras regiones, y las FARC-EP cogieron mayor importancia en el territorio y el campesinado fue víctima de los enfrentamientos entre los grupos armados, tanto paramilitares como guerrillas, que cometieron masacres, asesinatos selectivos, amenazas y provocaron un desplazamiento masivo de la población civil.

Entre 1992 y 1993, se intensificó el conflicto y afectación a los campesinos habitantes de la región debido a la empresa Urrá. Los pescadores, los indígenas Embera Katío y los campesinos habitantes de la región, pese a tener apoyo de organizaciones nacionales e internacionales, se pronunciaron “reiteradamente en contra de este megaproyecto y recurrieron a todas las vías pacíficas posibles, entre las cuales juicios en los tribunales, entrevistas con autoridades, ocupación de edificios ministeriales y resistencia a abandonar sus tierras. Sin embargo, tanto Urrá como el Ministerio de Medio Ambiente los han ignorado, al igual que a varias resoluciones de la Alta Corte Constitucional de Colombia”[9]. Finalmente, en 1992 se constituyó la empresa de Urrá y, pocos meses después, se aprobó la Licencia Ambiental para iniciar la construcción de la Represa de Urrá, conformándose, así, la Hidroeléctrica de Urrá (cuyo funcionamiento inició en 2000). Su construcción causó desplazamientos masivos de la población que habitaba el territorio en que se ubicaría, y posteriormente, “con la alteración completa de la regulación hidrológica natural de la cuenca del río Sinú”[10], se desaparecieron varios pueblos (Frasquillo es el ejemplo más relevante en esa región), e incomunicaron las veredas y pueblos que quedaron en las orillas del embalse al soterrar las vías terrestres, obligando a la población a desplazarse hacia reasentamientos en la zona cercanas al Embalse y en el casco urbano de Tierralta. Consecuencia de ello, se incrementaron notablemente los cultivos de coca debido a la falta de recursos y garantías para seguir con los cultivos tradicionales y lícitos.

Foto movilidad campesinado en la represa de Urrá

Foto movilidad campesinado en la represa de Urrá

Con la muerte del paramilitar Fidel Castaño en el año 1994, su hermano Carlos Castaño toma el mando y hay una reorganización paramilitar de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), que se fortaleció y expandió, por una parte, con su regularización o “legalización”, y con la consolidación de alianza con políticos y la penetración en las instituciones tanto a nivel municipal como en la Gobernación, por otro. En primer lugar, estos grupos armados organizados, financiados por gremios regionales y grupos cuyos capitales provenían de actividades ilícitas, fueron reglamentados en 1994 a través de un Decreto Ley que promulgó el ejecutivo encabezado por César Gaviria, por el que se legalizaban los servicios especiales de seguridad privada anteriores a la publicación de la norma que proporcionaran sus servicios a empresas cuyas actividades se desempeñaran en “áreas de alto riesgo o de interés público”[11], y se permitía la creación de servicios comunitarios de seguridad para proporcionar vigilancia y seguridad dentro del área de dicha comunidad[12]. Esta legalización del paramilitarismo se vio consolidada con el Decreto Nacional que emitió el gobierno de Ernesto Samper en 1997[13].

Por otro lado, este fortalecimiento y consolidación de una estructura de relaciones sociopolíticas que posteriormente se conocería como “la parapolítica”, y cuyos inicios se expusieron en los párrafos anteriores, se vieron consolidados a partir de las décadas de 1980 y 90 debido al fuerte personalismo y burocratización que definía los partidos políticos, en el que frecuentemente los líderes regionales dirigían su accionar entorno a sus intereses personales[14]. La descentralización política a través del voto popular en las elecciones locales y departamentales que estableció la Constitución Política de 1991 no consiguió frenar esta infiltración, que terminó adaptándose a la nueva institucionalidad colombiana, alcanzando incluso a las campañas nacionales a la Cámara de Representantes, quienes junto con ediles y concejales actuaban en zonas específicas para conseguir los recursos que garantizaran sus campañas electorales a través de redes de clientelismo, que los paramilitares aprovecharon para adentrarse en la política y la economía local y regional, por medio del clientelismo armado en las zonas rurales y el clientelismo mafioso en las zonas urbanas[15].

En 2010, existían 101 procesos judiciales abiertos por vínculos con el paramilitarismo contra políticos regionales: 3 gobernadores, 5 alcaldes y 6 concejales elegidos en el período de 2007 al 2011; además, se contaban procesos contra 16 exgobernadores, 38 exalcaldes, 12 exdiputados, y 21 exconcejales elegidos en periodos anteriores. A nivel nacional, se contaban 91 congresistas procesados elegidos para el periodo 2006-2010, y de 24 elegidos para periodos legislativos anteriores, de los que el 79% son relacionados con miembros que forman o formaron parte de la coalición uribista[16].

Tras el fracaso del proceso de paz entre las FARC-EP y el gobierno de Andrés Pastrana en el 2002, “los hermanos Castaño vieron la oportunidad de influir en la política colombiana debido a su poder en las regiones ocupadas. El objetivo de este año fue apoderarse del Congreso de la República. Por tal razón, brindaron apoyo a varios candidatos. Los paramilitares tuvieron nexos con el 40% de los Senadores y representantes de la República Colombiana”[17].

Tras ello, y con miras a conseguir su posterior consideración como actor político, lo que permitiría una negociación con el Estado, se conformaron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y que se trató de una confederación de los grupos paramilitares regionales existentes (además de en Córdoba y Urabá, en el Magdalena Medio y en los Llanos) con el objetivo de coordinar sus líneas programáticas y sus actuaciones a nivel nacional , aunque su caracterización como actor político se tratara más bien de una imagen construida para facilitar dicha negociación[18]. A partir del 2005, con la Ley de Justicia y Paz, se “desmovilizaron” los grupos paramilitares y Carlos Castaño fue asesinado.

“Los protagonistas del Estado mayor negociador por parte de las AUC son los narcotraficantes que compraron las franquicias. Nació en medio de los jefes paras la desconfianza. Carlos Castaño no vio con buenos ojos que quienes dieron la cara al país fueran los narcotraficantes. […] Carlos Castaño murió bajo órdenes de su hermano mayor (Vicente Castaño)”[19].

Que la localización elegida para efectuar estas negociaciones fuera San José de Ralito, municipio de Tierralta, indica el fuerte dominio paramilitar de la región del Alto Sinú[20]. Se desmovilizaron más de 1000 paramilitares provenientes de los varios bloques que operaban en el departamento, destacando el Bloque Córdoba dirigido por Salvatore Mancuso, lo que demuestra el fuerte arraigo local de estos grupos, más aún si se tiene en cuenta que la mayoría de ellos permanecieron en la región tras la desmovilización[21]. El gobierno de Álvaro Uribe hizo acuerdos con EEUU para la extradición de los principales jefes del paramilitarismo[22], implicando una ausencia de verdad en el conflicto colombiano ya que las autoridades estadounidenses únicamente estaban interesadas en las cuestiones relacionadas con el narcotráfico.

Desde el 2006 y hasta la actualidad los grupos paramilitares se han reorganizado en lo que el Gobierno ha denominado Bandas Criminales (BACRIM) y, posteriormente, Grupos Armados Organizados (GAO).

Las Bandas Criminales, contrariamente a la anterior estructura paramilitar, no consisten en grupos de autodefensa dedicados a la lucha antiguerrillera, perdiendo sus pretensiones políticas, dedicándose a actividades criminales disminuyendo – aunque no perdiendo por completo[23] – su poder territorial a través de la política local y regional[24]. Se trata de estructuras criminales armadas, con un alto poder de intimidación, y que destacan por la vulneración de derechos y libertades concretamente en las zonas rurales, que lograron consolidarse fácilmente debido a que muchos de sus miembros son antiguos paramilitares que se desmovilizaron, que ya operaron en las zonas donde radican estos grupos, y que continuaban teniendo redes y vínculos tanto entre combatientes, como entre éstos y los mandos medios y comandantes, y que reactivaron para conseguir acaparar las rentas relacionadas con todo el proceso de producción de la cocaína[25]. El Clan del Golfo – también conocidos como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) – es uno de los tipos de bandas criminales o grupos armados post desmovilización que surgieron tras la Ley de Justicia y Paz, logró mantener su hegemonía desde la misma desmovilización al estar organizados jerárquica o piramidalmente[26]. Su actividad más visible, es el narcotráfico, aunque también están involucrados en el microtráfico, la trata de personas y la extorsión[27]. De hecho, en el sur de Córdoba los cultivos de coca incrementaron en 2005, superando las 3000 ha en el 2010 (2500 de las cuales se ubicaban solo en el municipio de Tierralta). Cabe destacar que, igual que las AUC, el Clan del Golfo o AGC puede considerarse como una coalición de distintas bandas criminales, como los Traquetos, los Urabeños o los Paisas, entre otros, y que se repartían a través del territorio de Córdoba; no obstante, entre estos grupos ocasionalmente se dieron enfrentamientos con el objetivo de controlar las actividades ilícitas. Si bien estos nuevos grupos armados no tienen una relación tan directa o permanente con las instituciones del Estado, algunos de los subgrupos que conforman, o conformaron el Clan del Golfo siguieron manteniendo en sus redes de apoyo a políticos y miembros de la Fuerza pública[28]. Con todo, las acciones del Clan del Golfo son parecidas a las de las AUC, como asesinatos, amenazas y desplazamientos a líderes campesinos e indígenas, así como a defensores de derechos humanos, militantes de la izquierda política, o reclamantes de tierras, entre otros[29]. Por ello, entre otros factores que, por no extender más este artículo no se incluyen, se puede afirmar que el Clan del Golfo es una continuidad de las AUC, en atención a forma de actuar en relación con las finanzas y el control social y territorial[30]. En la actualidad, destaca la expansión y fortalecimiento de vínculos con grupos paramilitares como las AGC por parte del Cártel de Sinaloa, con el fin de controlar el narcotráfico en el territorio[31].

En la región del Alto Sinú, durante los últimos diez años, se han reorganizado la Juntas de Acción Comunal (JAC) que se habían desarticulado por las dinámicas violentas del conflicto y, poco a poco, a pesar del incremento de asesinatos de líderes sociales, el movimiento social se ha ido recuperando. Las JAC son figuras jurídicas desarrolladas en virtud del derecho a la libre asociación de las personas[32]. Se trata de una forma de “organización cívica, social y comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio, integrada voluntariamente por los residentes de un lugar que aúnan esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo integral, sostenible y sustentable con fundamento en el ejercicio de la democracia participativa”[33]. En este contexto y entre los años 2010 y 2012 surge ASODECAS, a raíz de la necesidad de articulación del campesinado de la región.

[1] Romero, Mauricio. Identidades políticas, intervención estatal y paramilitares. El caso del departamento de Córdoba. En: Controversia [en línea]. Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), Colombia, 1998. Núm. 173. Conflicto y región, págs. 77 [Consulta: 23/12/2019]. Disponible en: https://www.revistacontroversia.com/index.php?journal=controversia&page=article&op=view&path%5B%5D=334&path%5B%5D=899

[2] Ibid. pág. 78.

[3] Grupo por la Defensa de la Tierra y el Territorio de Córdoba. Memorias vivas para la recuperación del territorio cordobés. Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP). Bogotá D.C., marzo del 2017. Pág. 22. Disponible en: https://www.cinep.org.co/publicaciones/PDFS/20170502.memoriasvivas.pdf

[4] Banco de Datos de Violencia Política del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP). Deuda con la Humanidad. Paramilitarismo en Colombia 1988-2003. En: Noche y niebla. Bogotá, diciembre de 2004. Núm. 54. ISSN 0123-3637. Pág. 143.

[5] Romero, Mauricio. Identidades políticas, intervención estatal y paramilitares. El caso del departamento de Córdoba. En: Controversia [en línea]. Op. Cit. Pág. 87.

[6] Parques Nacionales Naturales de Colombia [en línea]. [Consulta: 22/12/2019]. Disponible en: http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/parques-nacionales/parque-nacional-natural-paramillo/

[7] Grupo por la Defensa de la Tierra y el Territorio de Córdoba. Memorias vivas para la recuperación del territorio cordobés. Op. Cit. Pág. 20.

[8]Romero, Mauricio. Identidades políticas, intervención estatal y paramilitares. El caso del departamento de Córdoba. En: Controversia [en línea]. Op. Cit. Pág. 93; Grupo por la Defensa de la Tierra y el Territorio de Córdoba. Memorias vivas para la recuperación del territorio cordobés. Op. Cit. Pág. 27.

[9] Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. La represa Urrá y la muerte del río Sinú [en línea]. Enero 2011 [consulta: 09/01/2020] Disponible en: http://olca.cl/articulo/nota.php?id=2421

[10] Universidad Nacional de Colombia. Conflicto: Hidroeléctrica Urrá I-II – Embera Katíos-ASPROCIG – Córdoba [en línea]. [consulta: 09/01/2020] Disponible en: https://conflictos-ambientales.net/oca_bd/env_problems/view/7

[11] Colombia. Decreto 356 de 1994 por el cual se expide el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, art. 39.

[12] Ibid. art. 42 y ss.

[13] Colombia. Decreto 2974 de 1997 por el que se reglamenta parcialmente el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada.

[14] Álvaro, Miriam. La parapolítica: la infiltración paramilitar en la clase política colombiana. En: Congreso de Latinoamericanistas Europeos (CEISAL). Organización de partidos en América Latina: procesos competitivos y prácticas informales. Bruselas, 11-14 de abril de 2007. Pág. 6.

[15] Ibid. Pág. 7.

[16] Verdad abierta.com. La ‘para-política’ [en línea]. 27/07/2010, [consulta:06/01/2020]. Disponible en: https://verdadabierta.com/la-para-politica-sp-764685506/

[17] Parapolítica, el oscuro matrimonio entre paramilitares y políticos (Paramilitares 2000). 29/05/2013. Acceso 09/01/2020. [Archivo de vídeo]. 5’45”. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Y-QLpz64W-U

 

[18] Verdad abierta.com. La expansión: el nacimiento de las Autodefensas Unidas de Colombia (1997-2002) [en línea]. 20/08/2008, [consulta: 06/01/2020]. Disponible en: https://verdadabierta.com/expansion-de-las-autodefensas-unidas-de-colombia/

[19] Parapolítica, el oscuro matrimonio entre paramilitares y políticos (Paramilitares 2000). 29/05/2013. Op. Cit. 7’30”.

[20] Centro Nacional de Memoria Histórica. Grupos Armados Posdesmovilización (2006-2015). Trayectorias, rupturas y continuidades. CNMH. 1ª ed. Bogotá D.C., 2016. Pág. 166.

[21] Ibid. Pág. 167.

[22] El Espectador. Masiva extradición de jefes paramilitares [en línea]. 13/05/2008, [consulta: 07/01/2020]. Disponible en: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-masiva-extradicion-de-jefes-paramilitares

[23]Hernández Cetina, Aura Windy Carolina; Ripoll, Alejandra; García Perilla, Juan Carlos. “El Clan del Golfo” ¿nuevo paramilitarismo o delincuencia organizada? En: La Revista El Ágora USB. Medellín, Julio-Diciembre 2018. Vol. 18, núm. 2. ISSN 1657 8031. Pág. 519.

[24] Rodríguez Gama, Germán David. Del paramilitarismo a las bandas criminales (BACRIM) en Colombia: causalidad económica. En: Revista electrónica iberoamericana. 2017. Vol. 11, núm. 1. ISSN 1988 0618. Pág. 10

[25] Hernández Cetina, Aura Windy Carolina; Ripoll, Alejandra; García Perilla, Juan Carlos. “El Clan del Golfo” ¿nuevo paramilitarismo o delincuencia organizada? Op. cit. Pág. 515; Centro Nacional de Memoria Histórica. Grupos Armados Posdesmovilización (2006-2015). Trayectorias, rupturas y continuidades. Op. Cit. Pág. 167

[26] Hernández Cetina, Aura Windy Carolina; Ripoll, Alejandra; García Perilla, Juan Carlos. “El Clan del Golfo” ¿nuevo paramilitarismo o delincuencia organizada? Op. cit. Pág. 515.

[27] Ibid. Pág. 516.

[28] Centro Nacional de Memoria Histórica. Grupos Armados Posdesmovilización (2006-2015). Trayectorias, rupturas y continuidades. Op. Cit. Pág. 170, 174; El Tiempo. Fue capturado comandante del batallón junin por supuesto apoyo a bandas emergentes [en línea]. 16/04/2008. [Consulta: 07/01/2020]. Disponible en: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4103564; El Tiempo. Alianza entre policías y narcos en masacre de San José de Uré (Córdoba) reveló Mindefensa [en línea]. 15/11/2008. [Consulta: 07/01/2020]. Disponible en: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4668908

[29] Hernández Cetina, Aura Windy Carolina; Ripoll, Alejandra; García Perilla, Juan Carlos. “El Clan del Golfo” ¿nuevo paramilitarismo o delincuencia organizada? Op. cit. Pág. 520.

[30] Ibid. Pág. 524.

[31] El Espectador. Alertan posible financiación del Cartel de Sinaloa a grupos de autodefensas en Córdoba [en línea]. 19/01/2018. [Consulta: 07/01/2020]. Disponible en: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/alertan-posible-financiacion-del-cartel-de-sinaloa-grupos-de-autodefensas-en-cordoba-articulo-734398

[32] Colombia. Constitución Política de 1991, art. 38.

[33] Colombia. Ley 743 de 2002 por la cual se desarrolla el artículo 38 de la Constitución Política de Colombia en lo referente a los organismos de acción comunal, art. 8,a.


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