Acompañamiento internacional

Volver a casa

Un año en Colombia como acompañante internacional con IAP

Alzo la vista atrás y me imagino trotando por los paisajes cafeteros del Tolima acompañando a la Asociación de Trabajadores del Campo del Tolima (ASTRACATOL) en las socializaciones de los Acuerdos de Paz de la Habana, o en mi querido Catatumbo, región del departamento Norte de Santander, tierra que llegué a conocer muy bien de la mano de la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT).

Es inevitable no seguir conectada a esa realidad tan cambiante, a esas tierras hermosas condenadas al conflicto por la cantidad de recursos naturales que guardan, como la Línea Amarilla, un área de más de 70 mil hectáreas del Sur de Bolívar, que no ha sido intervenida gracias a los acuerdos comunitarios que han permitido conservar más de 500 especies de la Serranía de San Lucas y los Humedales del Magdalena Medio. Descubrí este tesoro de la biodiversidad gracias a la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra-Red Agroecológica Nacional (ACVC-RAN) y al medio de comunicación Agencia Prensa Rural, cuando les acompañé en la realización de un documental sobre la importancia de la conservación de dicho territorio y las amenazas de intervención de actores externos si las comunidades no acuerdan con las instituciones una figura de protección.

Con la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC) me adentré en la Puerta de la Amazonía, en el Departamento del Guaviare, un territorio que ha sufrido, y sufre, las consecuencias del conflicto armado. Sus habitantes cuentan que durante los años duros de la violencia (1999-2005), los combates entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), el Ejército Nacional y los Paramilitares eran constantes en la región, incluso dentro de los cascos urbanos.

Situación similar ocurre en el vecino Meta, conocido como la región oriental de Los Llanos, una tierra explotada para la ganadería extensiva donde trabaja la Fundación por los Derechos Humanos en el Centro y Oriente de Colombia (DHOC), con la que pude compartir mi última salida y aprender sobre los procesos de búsqueda de personas desaparecidas e intercambiar experiencias con quienes han vivido el conflicto desde muy cerca.

En el Catatumbo, he acompañado a ASCAMCAT en el Refugio Humanitario de Saphadana, un pueblo situado al margen del Río de Oro -frontera natural con Venezuela-, cuando sus habitantes fueron desplazadas del territorio debido a la no mediación del Estado en un conflicto territorial entre la comunidad indígena y la campesina. En el mes que permanecí allí, fue imposible no entablar conversaciones con las personas con las que compartí techo, comida y baño. Allá, todas ellas habían sufrido el desplazamiento forzado durante la arremetida paramilitar de finales de los años 90. Hasta dos y tres veces habían abandonado sus hogares a causa de la violencia de unos actores y otros. Con paciencia y aguante, permanecieron meses en el patio de una escuela aledaña exigiendo al Gobierno una solución. De hecho, mientras escribo estas líneas recuerdo los baños en la quebrada donde los peces nos mordían las pieles secas y saltábamos en lo más hondo. O cuando a mitad de la noche, en una de esas tormentas catatumberas, un cerdo embistió nuestra tienda, siendo una de las anécdotas más recordadas en esos días – “a los marranos parecen gustarles las internacionales”-, sin olvidar de mirar al suelo por si hubiera culebras.

El Refugio Humanitario se instauró en febrero de este año y dos meses más tarde fue desplazado a otra ubicación debido a los combates entre el Ejército Popular de Liberación (EPL- guerrilla desmovilizada en 1991, con una disidencia operativa en Norte de Santander que el Gobierno denomina como Los Pelusos) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN –guerrilla operativa desde 1964 en varios departamentos del país). Actualmente, las personas que perdieron sus hogares todavía esperan una solución por parte del Estado, ya no para volver, sino para poder ser reubicadas dignamente.

El conflicto entre las dos guerrillas no solo afectó a la comunidad de Saphadana, sino a todo el Catatumbo. Mediante un comunicado, el EPL proclamó un paro armado -como un toque de queda-, en el que se instaba a la comunidad a no salir de sus casas y a no abrir ningún establecimiento. Ante la crisis humanitaria que conllevó dicha acción, la comunidad catatumbera, bien conocida por su berraquera, decidió organizar el 22 de abril, en mitad de la restricción, una caravana humanitaria en la que pude acompañar a más de cinco mil personas en el municipio de El Tarra a un acto de denuncia en el que la lucha campesina por defender los Derechos Humanos demostró a todos los actores armados, legales e ilegales, el poder del pueblo campesino.

Es el campo colombiano el que ha sufrido y sufre la violencia del conflicto armado y el que, asimismo, ansía la paz en el territorio. Recuerdo uno de los momentos más emotivos que viví junto a la ACVC-RAN en el Encuentro por la Reconciliación del municipio de Remedios, en el departamento de Antioquia, donde víctimas y ex combatientes del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), de la guerrilla FARC-EP y un alto cargo del Ejército Nacional, se miraron a la cara y escucharon la otra versión de los hechos, dejando atrás reproches y odio.

Y, si aún tenéis dudas de mi trabajo en Colombia, he acompañado a organizaciones defensoras de Derechos Humanos de base agraria, a sus lideresas y líderes sociales, personas con un alto peligro de vulneración de sus derechos fundamentales e, incluso amenazadas de muerte; puesto que la labor que llevan a cabo es la construcción y reconstrucción del tejido social. He interlocutado con Policía Nacional y Ejército, para garantizar que estos actores estatales respetaran el trabajo de las organizaciones y no acusaran a sus integrantes de pertenecer a la guerrilla o a las diversas bandas criminales. He asistido a socializaciones para erradicar la hoja de coca, porque el campesinado no quiere seguir cultivándola, pero las amenazas por sustituirla y las pocas garantías del Estado no dejan avanzar. He realizado con IAP un tipo de cooperación no paternalista, que ojala no existiera porque eso significaría que un día la vida de una persona internacional valdría igual que la de una colombiana.

Para mí, ha sido un acompañamiento mutuo, porque las organizaciones y las comunidades con las que he trabajado me han enseñado cómo a pesar de todos los problemas, siempre hay algo por lo que luchar, que todo puede solucionarse y que no vale rendirse a pesar de los más de 300 líderes y lideresas asesinadas desde principios de 2016. El trabajo sigue y la defensa por los Derechos Humanos se hace cada vez más necesaria, porque un acuerdo de fin de un conflicto armado no garantiza una paz inmediata y el mejor ejemplo es Colombia. Por lo que todavía queda mucho por hacer, desde allá en el terreno y desde acá en el teclado, la academia y las calles.

Y no me queda más que decir que a pesar de que he vuelto a casa, la verdad es que durante este año nunca dejé de estar en ella.

Gracias al equipo de IAP, a mi familia barranqueña, a las organizaciones sociales con sus lideresas y líderes, al pueblo colombiano y a todas aquellas personas que he mantenido cerca a pesar de la distancia.


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