Violaciones a los derechos humanos durante la Covid-19

Comunicado de la Ruta de Protección del Nororiente colombiano

La Ruta de Protección de Nororiente colombiano, en el marco del seguimiento de la situación de las regiones durante la pandemia de la Covid-19, denuncia la falta de garantías a los derechos humanos de las comunidades campesinas del nororiente del país. Mientras que la pandemia avanza, se realizan acciones en los territorios que no son visibilizadas y que hoy representan un riesgo para los liderazgos sociales y habitantes de las regiones.

Durante esta última semana, se han sucedido varios acontecimientos y vulneraciones por parte de la Fuerza Pública:

El pasado 22 de junio, miembros de la Fuerza Pública realizaron operativos en la vereda El Carmen, el caserío Rancho Quemado y el corregimiento de Carrizal, en el nordeste de Antioquia. De estas acciones, ocho personas fueron capturadas, siendo varias de ellas liderazgos sociales y comunales. Además, la comunidad afirma que a la zona llegaron tres camionetas con hombres armados vestidos de civil sin identificar y que entraron a las casas, torturando física y psicológicamente a la población civil, robándoles su documentación y teléfonos móviles.

Estas irregularidades por parte de la Fuerza Pública también se denuncian en torno a las erradicaciones manuales, forzadas y violentas que se llevan a cabo desde febrero de este año en varios municipios del Bajo Cauca antioqueño y Sur de Bolívar, donde se ha observado un uso excesivo de la fuerza por parte del cuerpo antidisturbios (ESMAD) y las Fuerzas Militares, la falta de cumplimiento de éstos ante las medidas por la Covid-19 y la estigmatización hacia las comunidades, acusándolas de pertenecer a la guerrilla.

Asimismo, el 24 de junio el ESMAD y la Policía entraron al corregimiento de Mina Walter, en el Sur de Bolívar, con la intención de desalojar a la población. Una comunidad trabajadora en torno a una mina de oro, cuyo título minero fue concedido a una empresa privada, sin realizar consulta previa y dejando a la comunidad desprotegida. Por ello, la Fuerza Pública desalojó a la población mediante el uso de gases lacrimógenos y bombas aturdidoras, generando el desplazamiento forzado.

Además, miembros del ESMAD apuntaron con un arma de fuego a una lideresa social de AHERAMIGUA, que viajaba junto a su esquema de seguridad. Les quitaron los chalecos antibalas y arrojaron el teléfono móvil de la lideresa para que no pudiera grabar lo que ocurría, amenazándola también con un artefacto explosivo.

Por otro lado, en Hacarí, Catatumbo, se iniciaron erradicaciones forzadas y violentas el 23 de junio, lo que generó alerta en las comunidades, pues desde que se iniciaron las erradicaciones forzadas en las regiones dos campesinos han sido asesinados “a manos del Ejército Nacional”. Igualmente, el 25 de junio hubo un intento de erradicación en la vereda el Totumito, en la zona rural de Cúcuta. Estas acciones incumplen el punto 4 de los Acuerdos de Paz en cuanto a la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito.

Todas estas operaciones evidencian las afectaciones y violaciones a los derechos humanos de la población en toda la región del Nororiente de Colombia, así como ocurre en otros lugares del país.

Desde la Ruta de Protección se pide el monitoreo, la verificación y el acompañamiento frente a estos hechos, así como el inicio de acciones disciplinarias y penales que conllevan estas violaciones a los derechos fundamentales de las comunidades que, históricamente, han sido abandonadas por parte del Estado colombiano.

Para ver el comunicado completo, sigue la galería o pincha AQUÍ.


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