Unidad por la permanencia en el Catatumbo

2ª misión de verificación de la Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz

Tras los Acuerdos de Paz entre el Estado Colombiano y las FARC-EP firmados en el 2016, Colombia vivió un periodo donde los efectos del conflicto interno sobre la población civil descendieron, lo que generó una esperanza a las colombianas y colombianos por conseguir una paz estable y duradera con justicia social y cerrar más de medio siglo de conflicto. Sin embargo, en muchos de los territorios donde antes tenían presencia las FARC-EP se inició una lucha entre las diferentes guerrillas aún activas para ocupar y controlar los espacios donde el Estado no tenía presencia. Así lo vivió la población del Catatumbo, territorio estratégico por su posición fronteriza con Venezuela y por los recursos naturales y minerales que posee.

El año 2018 estuvo marcado por los enfrentamientos entre las insurgencias del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL) por el control territorial, generando una crisis humanitaria y un recrudecimiento del conflicto social, económico y político ya existente[1]. Durante todo el año los desplazamientos de la población fueron masivos y se crearon 34 refugios humanitarios[2].

A raíz de esta situación tan grave de la región, el 6 de Abril de 2018 surge la Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo conformada por ASCAMCAT[3], CISCA[4], MCP[5], el Pueblo indígena Barí y representantes de Juntas de Acción Comunal generando un espacio de articulación entre los diferentes procesos sociales para participar como mediadores en la resolución del conflicto. En mayo de 2018, la Comisión realizó la primera Misión de Verificación con el acompañamiento de diferentes organizaciones como Naciones Unidas, la Defensoría, la Personería y el Ministerio de Interior entre otros, realizando un recorrido por algunos de los municipios más vulnerables del Catatumbo para recoger los testimonios de la comunidad en cuanto a la crisis humanitaria y elaborar un informe con tal de encontrar respuestas a la situación.

Comisión VPR Catatumbo

Comitiva de la comisión en el Catatumbo

A inicio de 2019 en el Catatumbo, el ELN consigue mayor control territorial mientras que el EPL se repliega en algunos cascos urbanos[6]. Consecuentemente, los enfrentamientos entre ambas guerrillas disminuyen; aunque el Frente 33 de las FARC-EP se desmovilizó con los Acuerdos de Paz, quedan algunos grupos disidentes que se están fortaleciendo con la incorporación de excombatientes que abandonaron el proceso debido al incumplimiento por parte del Estado. La respuesta del nuevo Gobierno de Duque ante esta situación es el aumento de pie de fuerza en la región con la creación de la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA) del Ejército, cuya única misión es combatir la insurgencia. Ante esta militarización del territorio, la Comisión dio la voz de alarma debido a que esto no soluciona los problemas sino que incrementa el riesgo de que se vulneren los derechos humanos (DDHH) de la población y el derecho internacional humanitario (DIH). Así lo reclaman también las comunidades: “con la plata de los 20.000 efectivos desplegados en la región, se podrían solucionar muchos de los problemas”, “pero aquí todo se soluciona con más militares en vez de inversión social”.

Tras la apuesta de Duque por la militarización de la zona y la cancelación de las negociaciones de paz entre el Gobierno y el ELN, ha habido un incremento de los enfrentamientos entre las insurgencias y la fuerza pública, y las comunidades sienten que la actual aparente calma se romperá en cualquier momento. Es en este contexto en que la Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo realiza la Segunda Misión de Verificación para hacer seguimiento a los casos registrados el año anterior, visitar las comunidades más vulnerables del Catatumbo para ver su situación y plasmarlo en un informe final para visibilizar la situación de DDHH y DIH. Esta vez se realizaron dos rutas, IAP acompañó la ruta 1 que transcurrió por los corregimientos de Hacarí, San Calixto y Tarra, mientras que la ruta 2 fue por Convención, el Carmen, la Trinidad, Teorama y el Tarra. La Misión también contó con el acompañamiento de Naciones Unidas, Defensoría del Pueblo, Personería, MAPP-OEA, REDHER, Asociación Minga, Corporación PODERPAZ, Equipo Jurídico Pueblos y periodistas del Espectador, Periferia y otros medios alternativos.

La ruta inicia en Ocaña y nos dirigimos en caravana hacia Mesa Rica, a la llegada, la comunidad estaba esperando a la Misión de Verificación. Una de las principales preocupaciones que nos hacen saber en seguida es la presencia del Ejército en la zona. Están acampados desde inicio de año en lo alto de una loma donde se encuentra la fuente hídrica de la que se abastece la población. Las comunidades denuncian que desde entonces no les dejan acceder a la fuente de agua vulnerando sus derechos y solicitan que la Comisión junto con las organizaciones acompañantes se dirijan hacia allí para hacer la verificación. Finalmente, se decide que vaya una pequeña delegación a interlocutar con el Ejército pero este niega el acceso al lugar. A lo largo de la Misión, nos encontramos que esta situación no es puntual, sino que es un patrón que se repite en prácticamente todas las comunidades visitadas y es una de las preocupaciones principales de la población del Catatumbo. Las propias comunidades acordaron conservar las fuentes hídricas prohibiendo la deforestación de la zona y un manejo sostenible de los recursos, pero la Comisión observa cómo la FUDRA se ha asentando en estas zonas, contaminando los nacimientos y talando árboles para la construcción de trincheras y campamentos, sin respetar las normas comunitarias y vulnerando el derecho al agua de la población, haciendo que estas fuentes hídricas desaparezcan.

Construcción provisional del ejército

Tal y como la Comisión había previsto y nos manifestaron las comunidades visitadas, la fuerte militarización no ha solucionado ninguno de los problemas de la región, al contrario, ha supuesto un aumento en la vulneración de derechos fundamentales. Los testimonios recogidos denuncian hostigamientos a los campesinos, la ocupación de fincas restringiendo su derecho a la propiedad privada, estableciendo toques de queda, empadronamientos[7] y cortes de vías violando su derecho a la libre circulación. En el camino a una vereda[8] se constata que el Ejército había construido trincheras en la única vía por dónde se moviliza los habitantes del territorio. Según nos cuenta la comunidad, en esta vía el pasado 20 de abril tres líderes sociales fueron atacados con disparos por parte del Ejército, aunque se identificaron como civiles tuvieron que retroceder y esperar al día siguiente para poder seguir el camino. Al pedir la Comisión explicaciones, la respuesta del cabo fue que “la comunidad ya sabe que está prohibido el paso a partir de las 6 de la tarde”.

La Comisión verifica un puesto de control del Ejército.

La Comisión verifica un puesto de control del Ejército. Foto cedida por Javier Serna (Periferia)

Otro ejemplo de la afectación de la Fuerza Pública lo vimos de primera mano en la segunda vereda que visitamos el primer día. Fue imposible recoger las preocupaciones de la comunidad ya que la presencia del Ejército a escasos 5 metros del recinto donde estábamos reunidos generaba miedo entre los asistentes, justificado por los recientes señalamientos al campesinado acusándolos de guerrilleros y/o colaboradores de la guerrilla. Además, se estaban haciendo registros fotográficos y vídeos, hecho que genera desconfianza a los líderes sociales y comunales por los antecedentes de montajes judiciales para descabezar las organizaciones sociales.

El segundo día, nuevamente, fuimos testigos de cómo el Ejército estaba asentado en el casco urbano cerca de la escuelita de la vereda, lo que podría llegar a poner en peligro a la población civil en caso de confrontación con la guerrilla. La comunidad, acostumbrada a este comportamiento, nos transmitió que “el Ejército trata de escudarse en la población”.

Por otro lado, vimos que las comunidades visitadas basan su economía en el cultivo de la hoja de coca y está siendo erradicada de manera forzada, hecho que la comunidad denuncia ya que no va acompañada de la implementación de un programa de proyectos productivos para sustituir la coca ni de asistencia técnica, tal y como se prevé en el punto de sustitución de cultivos de uso ilícito de los Acuerdos de Paz. Además esta práctica no hace más que criminalizar al campesinado cuando no es este quien se hace rico con la coca, sino que es el narcotraficante quien se lucra. La comunidad manifiesta su voluntad de sustituir los cultivos pero no de manera forzada y sin proyectos productivos alternativos que les den garantías de tener una vida digna.

Matas de hoja de coca

Cultivos de hoja de coca

Ante está situación de vulneración de DDHH que podría suponer un intento de desplazamiento, las comunidades han luchado por la permanenciaen el territorio, por la defensa de sus derechos fundamentales y la paz con justicia social. En cada una de las veredas visitadas durante el recorrido, la comunidad hacía referencia a una de las reivindicaciones históricas del territorio, la inversión social y el fin del abandono estatal. Durante la ruta pudimos constatar la precariedad de las vías, la falta de puestos de salud y personal sanitario cualificado, la necesidad de un transporte escolar e instalaciones adecuadas para la educación de los niños.

Tras esta Segunda Misión de Verificación se han identificado problemáticas comunes que necesitan de una solución inmediata por parte del Estado, pero no una respuesta mediante la militarización del Catatumbo. La Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz quiere transmitir a la población catatumbera que no está sola ante los atropellos a sus derechos fundamentales, por eso los tres procesos sociales de la región, ASCAMCAT, CISCA, MCP junto con líderes comunales, se unen para fortalecerse y luchar conjuntamente por la defensa del territorio pesa a todos los intentos de desarticular esta unión por parte de los actores que tienen intereses económicos en la región. Durante el recorrido, las comunidades aplaudieron y reconocieron este esfuerzo de unión y manifestaron que el pueblo catatumbero no se rinde, como expresaba un miembro de la comunidad, ya que “nos han robado tanto que nos han robado hasta el miedo”.

Mimebros de la Comisión por la Vida, la Paz y la Reconciliación en la Catatumbo, acompañados por IAP, Poderpaz y la Misión de la ONU. Foto cedida por Javier Serna (Periferias)

Galería de fotos: Imágenes 5 y 7 y foto de portada cedidas por Javier Serna (Periferias)

 

[1]” Guerra entre Pelusos y ELN deja más de 154.000 víctimas en el Catatumbo, según la ONU” El Espectador, 28 de mayo 2018. https://www.elespectador.com/noticias/judicial/guerra-entre-pelusos-y-eln-deja-mas-de-154000-victimas-en-el-catatumbo-segun-la-onu-articulo-753926

[2] “Más de 9 mil desplazados deja la guerra en el Catatumbo” El Espectador, 5 de octubre de 2018. https://bit.ly/2I92UhR

[3] ASCAMCAT Asociación Campesina del Catatumbo

[4] CISCA Comité de Integración Social del Catatumbo

[5] MCP Movimiento por la Constituyente Popular

[6] “El nuevo panorama de la guerra en el Catatumbo” 26 de marzo de 2019. https://bit.ly/2YVvnP7

[7] Práctica llevada a cabo por el Ejército que consiste en el registro escrito y fotográfico de los documentos de identificación de la población civil. Los empadronamientos fueron declarados ilegales en dos sentencias de la Corte Constitucional en 2002.

[8] Vereda: División territorial rural en Colombia que en ocasiones disponen de pequeños cascos urbanos.


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