Víctimas del conflicto en Colombia

Pasos vacilantes hacia la justicia

Las víctimas del conflicto en Colombia exigen sus derechos a la verdad, reparación y no repetición.

En diciembre 2017 el congreso expidió la ley que regula la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un sistema integral que busca la verdad, la justicia y la reparación. La tarea no es pequeña en un país con casi 8 millones de víctimas registradas, altos índices de impunidad e incontables heridas sin sanar de más de medio siglo de conflicto armado. El objetivo de fondo del proceso es la no repetición de las atrocidades de la guerra: Un escenario que parece lejano mientras el conflicto continúa y los asesinatos de líderes sociales siguen sin descanso.

En octubre acompañé a la fundación DHOC en una serie de talleres junto a un funcionario de la JEP para darla a conocer en las comunidades del Meta. En la vereda La Loma, donde la mayoría tenía familiares desaparecidos y asesinados, el funcionario les preguntó: ¿Qué es la justicia para ustedes? Las respuestas inmediatas fueron “que se haga ley, que haya sanción y que si no hay correctivo el asesino volverá a matar”. Pero la conversación continuó y cada vez más personas pronunciaron que lo más anhelaban era conocer el destino de sus seres queridos. “Lo que queremos las víctimas,” dijo un joven, “es saber dónde están nuestros familiares, qué les pasó y por qué”.

El Acuerdo de Paz no contempla el o-la-una-o-la-otra entre la sanción y la verdad, sino que busca un equilibrio. Esto significa brevemente que el Tribunal Especial para la Paz (TEP) puede otorgar amnistías, indultos y penas reducidas a los actores del conflicto en cambio de contribuir a la verdad. Este principio central del acuerdo fue objeto de fuertes debates cuando se llevó a cabo el plebiscito en 2016 y otra vez cuando la legislación de la JEP pasó por el congreso.

Las dos posiciones del debate reclamaban hablar por las víctimas. Los opositores al acuerdo de paz argumentaban que los victimarios merecían duros castigos, mientras los defensores del acuerdo mantuvieron que lo que anhelaban las víctimas era la verdad y la no repetición.

Los resultados del plebiscito mostraban que el voto al “no” a los acuerdos de La Habana dominaba en los departamentos menos afectados por el conflicto, mientras el “sí” lo hacía en las zonas más golpeadas. Un hecho que indica que la posición más dura y guerrerista ha sido asumida en su mayor parte por aquellos que no han sufrido las consecuencias de la guerra en carne propia.

Siendo yo misma ajena al conflicto, no me atrevería a exigirle a una persona que renuncie a sus ganas de ver a su victimario entre rejas. Pero me asombra la generosidad que he visto en tantas víctimas cuando insisten que la verdad es lo primordial. La verdad acompañada por el fin del conflicto y la no repetición.

Impunidad

Otro aspecto del debate es que quitaron las competencias del TEP de investigar crímenes cometidos por los llamados “terceros”, civiles que han apoyado a los grupos armados; en su mayoría políticos y empresarios financiadores o colaboradores del paramilitarismo. Muchas organizaciones de Derechos Humanos temen que estos casos queden impunes.

En principio es un privilegio poder someterse a la JEP por las penas reducidas, pero aquí hay que tener en cuenta que hasta el 99% de los crímenes cometidos en Colombia quedan en impunidad[i]. Un abogado del colectivo Lazos de Dignidad me explicó que los casos llevados a la JEP, que involucran a paramilitares y civiles, van a ser trasladados a la justicia ordinaria. En seguida el colectivo de abogados prevé que los casos se pierdan en el olvido archivados como tantos y tantos casos que organizaciones de Derechos Humanos como Lazos de Dignidad han denunciado los últimos años.

Más Impunidad

Otra razón de los altos índices de impunidad son los casos que nunca son reportados por las amenazas que reciben las propias victimas. En la vereda La Loma, una mujer joven, que había perdido a su esposo, contó que un funcionario de la Fiscalía le había preguntado; “¿usted tiene hijos?” y, ante su respuesta afirmativa, continuó, “mejor que usted se dedique a cuidar de su hija. Si se mete en eso le puede pasar lo mismo.”

Muchas veces las amenazas tienen un marcado carácter político. El pretexto más utilizado para perseguir al movimiento social en Colombia es el señalamiento de colaboración con la guerrilla. En seguida las víctimas que denuncian se vuelven fácilmente objetivos de la misma estigmatización. Otra mujer en La Loma, que había perdido a su marido e hijos, contó que cuando le quitaron al último de ellos, en 2011, un funcionario le espetó “usted tiene más cara de guerrilla.” La mujer no denunció el asesinato. “Estoy sola; no puedo,” terminó su intervención.

En el taller, el funcionario de la JEP pudo explicar a los asistentes que las nuevas unidades de la JEP son independientes de la Fiscalía. Eso es un gran paso adelante para aquellos que han perdido su confianza en la justicia ordinaria. Lamentablemente las amenazas contra quienes quieren esclarecer la verdad van mucho más allá de las instituciones.

Resistencia

Afortunadamente, no todas las víctimas se dejan intimidar. Un ejemplo son los campesinos del Valle del Rio Cimitarra que persisten en sus territorios y que niegan a callarse. En diciembre de 2017 acompañé la inauguración de su Monumento Vivo de Memoria, en la vereda de Puerto Matilde, dónde 42 arboles llevan 42 placas de víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Los campesinos y campesinas de la zona nunca pierden una oportunidad para contar su historia conmovedora de incursiones paramilitares con masacres, caseríos quemados y asesinatos selectivos. Porque, como reiteran, “El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla”.

Estoy convencida que este trabajo de memoria tiene un papel sanador a nivel local para recuperar el tejido social, la organización social y la confianza, que muchas veces terminan destrozados por el conflicto. La cuestión es si la JEP logrará difundir la verdad entre un público más amplio, muchas veces desconocedor de la propia realidad del campo de su país, para que Colombia entera no vuelva a repetir las atrocidades de la guerra.

Asesinatos a líderes sociales

Pero el verdadero problema, el que deja en la sombra a todos los demás, es que el estado hasta ahora no se ha mostrado capaz de garantizar a las victimas la no repetición. En La Loma los asistentes de los talleres contaban que varios de sus victimarios todavia se encontraban en la zona. Grupos armados nuevos y conocidos disputan los territorios abandonados por las FARC, y los asesinatos selectivos a líderes sociales continúan sin descanso. A día de hoy, más de 30 líderes y lideresas sociales han sido asesinados tan sólo en lo que llevamos del 2018. El Acuerdo de Paz y la fuerte atención internacional ha permitido que el problema esté a el orden del día, y las autoridades en teoría están trabajando y expidiendo decretos para proteger a los lideres sociales. Pero, atendiendo a los números, hasta ahora no parece suficiente para frenar las fuerzas que se oponen a cualquier paso hacia el cambio social en Colombia.

[i] http://www.noticiasrcn.com/nacional-justicia/impunidad-colombia-del-99-nestor-humberto-martinez


Compartir: