Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Catatumbo

El acompañamiento internacional en la consecución de los ODS en el Catatumbo

El pasado 21 de noviembre IAP participó en el II Congreso Internacional Catatumbarí, organizado por la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, evento para generar un espacio académico en el que reflexionar en torno al reto que enfrentan el sector ambiental y agropecuario en el marco de la construcción de paz y el desarrollo sostenible de las comunidades.

IAP presentó la conferencia titulada: El acompañamiento internacional a organizaciones campesinas en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible en el Catatumbo. Se dió a conocer el trabajo de IAP, que realiza acompañamiento internacional en Colombia y acompaña a organizaciones como la Asociación Campesina del Catatumbo –ASCAMCAT- , las cuales proyectan su agenda para la construcción de paz con justicia social y el desarrollo integral de las comunidades, que se relaciona directamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ONU.

El acompañamiento internacional de IAP

IAP es una organización que nace en el 2011 en Catalunya y trabaja para la construcción de una cultura de para y la prevención, protección y defensa de los derechos humanos a través del acompañamiento internacional en Colombia y la educación para el desarrollo en Europa.

Acompañamos a organizaciones sociales campesinas, que trabajan en entornos de alta conflictividad y tienen un alto nivel de vulnerabilidad debido a su trabajo por la defensa del territorio, el medioambiente, la exigencia de garantías mínimas por una vida digna y la defensa de los derechos humanos, desde la no injerencia y la neutralidad.

Nuestro trabajo se estructura en tres pilares fundamentales. El primero de ellos es la presencia física en entornos de alto riesgo, acompañando a las organizaciones, según solicitud previa, a todas las actividades que realizan, para proveer espacios de protección a través de la disuasión de cualquier tipo de amenaza. El segundo corresponde a la realización de incidencia política con la meta de poder disponer de una red de apoyo nacional e internacional, dar una respuesta rápida y efectiva ante cualquier situación de riesgo o amenaza y así, proveer espacios de protección y seguridad a las organizaciones acompañadas y a los equipos de IAP. Además, esta red permite tener la capacidad de ejercer presión ante los entes responsables del Estado (instituciones y fuerza pública) en materia de protección de los derechos humanos. Por último, realizamos difusión y sensibilización a través de la visibilización de la situación de riesgo y vulnerabilidad que viven los defensores y las defensoras de derechos humanos en Colombia, así como las diferentes luchas y reivindicaciones de las comunidades campesinas para la construcción de una cultura de paz con justicia social. De esta manera, se eleva el perfil de estas organizaciones, las cuales históricamente han estado invisibilizadas y estigmatizadas.

Actualmente, a pesar de la firma del Acuerdo de Paz, la situación en el país y en algunas regiones particularmente, es muy preocupante y continúa habiendo falta de garantías para ejercer la defensa de los derechos humanos. Este es el caso que se vive en el Catatumbo, región en el que continua latente el conflicto armado.

Acompañamiento de IAP en una asamblea campesina.

El Catatumbo, una región en constante riesgo

El Catatumbo es una subregión colombiana ubicada en el noreste el departamento de Norte de Santander, extendida entre la Cordillera Oriental de Colombia y el Lago de Maracaibo. Está conformada por 11 municipios: Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú. Limita por el norte y por el occidente con la República de Venezuela y por el oriente con el sur del departamento de Cesar, por el sur con los municipios de Cúcuta, Puerto Santander, El Zulia y Villa del Rosario.

La población supera las 263.000 personas, de las cuales el 1,4% son indígenas, con presencia de dos resguardos indígenas del Pueblo Barí, (el Parque Natural Binacional Catatumbo-Barí y la reserva forestal de Los Motilones) y el 4% son afrocolombianas. La población rural es el 50% respecto del total, frente a un promedio departamental de 22.3% y nacional de 24.2%.

La región del Catatumbo es una región geoestratégica a nivel político y económico por su riqueza en recursos naturales, forestales, faunísticos, hídricos y minerales (principalmente petróleo, carbón y uranio) y su condición de frontera y de conexiones en el país (Caribe).

En contraposición a todos los recursos que tienen, referente a la situación social, económica y política, la región ha sufrido un fuerte abandono estatal siendo una de las zonas del país con mayores índices de pobreza, muy por encima de la media nacional. Dado que el 50% de la población es rural, la mayoría dependen de las actividades agrícolas para generar ingresos. La desatención del Estado en provisión de bienes y servicios básicos, así como de infraestructura, canales de comercialización, créditos y asistencia técnica para el desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias, ha provocado que la siembra y el procesamiento de la coca se haya convertido en una fuente de ingresos y un medio de supervivencia de los habitantes de la región del Catatumbo, siendo actualmente, la segunda del país con más cultivos de uso ilícito. Cabe añadir que de las hectáreas sembradas existentes, la mayoría corresponden a cultivos de palma africana, lo que también ha afectado de manera negativa a la economía campesina de la región, dado que esto implica una amenaza para la soberanía alimentaria, el derecho a la tierra y la permanencia en el territorio, con grandes afectaciones a nivel medioambiental. De este modo, se observa que el auge de la economía cocalera, la expansión de los cultivos de palma y la explotación del petróleo y el carbón, tienen estrecha relación con la vulnerabilidad, inseguridad, exclusión y marginalización de los habitantes del Catatumbo, agravando los conflictos sociales, políticos y económicos de la región. Esta situación favoreció y favorece la presencia de guerrillas, grupos paramilitares y narcoparamilitares.

Desde mediados de los años 70 ha habido y hay una fuerte influencia de guerrillas en la región (ELN, EPL, FARC-EP), lo que ha supuesto varias vulneraciones a los DDHH y DIH. En la actualidad, continúa habiendo presencia del EPL y el ELN, los cuales están en disputa afectando a la población civil, con desplazamientos, asesinatos, etc.

A partir de los años 80 hasta el 2006 irrumpieron grupos paramilitares de las AUC en la región, los cuales infundieron una política de terror, a través de la coacción al campesinado para la compra de tierras, apoyando así a las grandes empresas agroindustriales, para el desarrollo de monocultivos, principalmente de palma de aceite, desplazando masivamente a la población. Entre 1980 y 2013 ocurrieron más de 66 masacres y alrededor de 120.000 personas fueron desplazadas. La masacre más sanguinaria fue en La Gabarra, el 21 de agosto de 1999, con un saldo de 49 personas muertas y 112 desaparecidas.

A partir de la desmovilización de las AUC en el 2005, continuó la presencia de estructuras paramilitares en la región, las cuales se disputan el dominio de las economías lícitas e ilícitas del narcotráfico y el contrabando. De esta manera, estos grupos están vinculados a la persistencia de los conflictos en el Catatumbo y violaciones de derechos humanos, tales como desplazamientos, asesinatos y amenazas, principalmente contra líderes y lideresas sociales y comunitarios y reclamantes de tierras.

La principal respuesta estatal a la presencia de grupos armados ilegales y a las problemáticas sociales en la región, se ha caracterizado a través de un incremento de la presencia militar en el territorio. Esto ha generado un aumento en las violaciones de DDHH y DIH por parte de algunos miembros de la Fuerza Pública en el marco del conflicto armado, siendo las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”, una de las prácticas más extremas y de mayor influencia en la región del 2002 al 2010.  En la actualidad, la Fuerza Pública también genera vulneraciones a los DDHH e infracciones al DIH, entre otras.

Refugio Humanitario Corregimiento Saphadana

Otra de las consecuencias del conflicto armado ha sido el debilitamiento de las diferentes expresiones del tejido social, así como las formas de organización del campesinado y su estigmatización. A pesar de las vulneraciones y violaciones de los DDHH y DIH por parte de  los actores armados de la región, sumándole la debilidad estatal, el campesinado se ha organizado mediante procesos de resistencia y movilización, reconstruyendo el tejido social y reclamando los derechos y garantías mínimas para una vida digna en el territorio, así como haciendo propuestas para de desarrollo sostenible en el territorio, en contraposición a una economía extractivista, lo que les ha generado graves vulneraciones de DDHH (asesinatos, estigmatización, amenazas…). Asimismo, han sido las propias organizaciones y campesinado, que ante la desatención del Estado han sido impulsores del desarrollo en la región.

Cabe decir, que con la firma del Acuerdo de Paz, entre el gobierno nacional y las FARC-EP, se pretendía solucionar algunas de las causas históricas del conflicto armado en Colombia (reforma rural integral, sustitución de cultivos, planes de desarrollo territorial: vías, infraestructura, etc., mayor presencia del Estado en materia de derechos: educación, salud…). Aunque, se está viendo que la implementación por parte del Estado no se está cumpliendo y todavía tiene una presencia muy débil en el territorio, lo que provoca que hoy el Catatumbo continúe estando en disputa.

La Asociación Campesina del Catatumbo

Ante este panorama, el acompañamiento internacional se presenta como un mecanismo de autoprotección para las organizaciones campesinas presentes en la región del Catatumbo. Concretamente, IAP acompaña a la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), la cual fue conformada a finales del 2005 por habitantes de las áreas rurales de los municipios de Convención, Teorama, El Tarra y El Carmen del departamento Norte de Santander. Ascamcat surge como una propuesta asociativa de reconstrucción del tejido social que permita generar condiciones de vida digna y desarrollo para los catatumberos a través de la defensa de los derechos fundamentales, organizándose en torno a la defensa y permanencia en el territorio, el respeto a las comunidades indígenas, los adultos mayores, los niños y las mujeres, la no fumigación de los cultivos ilícitos y la erradicación de los factores socioeconómicos que dieron origen a la siembra de coca, la defensa de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente, el rescate de las tradiciones culturales, y la participación en la toma de decisiones que involucren al mundo rural.

Mural de Ascamcat en conmemoración de los 10 años de la organización.

Las Zonas de Reserva Campesina como figuras de protección para el campesinado

Las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) son una figura de ordenamiento territorial, correspondiente a zonas delimitadas geográficamente donde predominan los terrenos baldíos, con historia de colonización campesina, organización comunitaria y presencia de recursos naturales, para fomentar y proteger la propiedad campesina.

Fueron declaradas figura legal en la constitución colombiana de 1994, reconociendo las movilizaciones históricas del campesinado para reclamar sus derechos; como las ejercidas a finales de los años 80 por los campesinos del Meta que demandaban al gobierno la creación de mecanismos que les garantizaran la conservación de sus pequeñas parcelas frente a la presión latifundista. Aunque esta ley podría representar una oportunidad para una distribución más justa y equitativa de la tierra, algunos autores la clasifican como un fracaso que ha contribuido a aumentar la concentración de ésta en pocas manos. Es en el año 1996 cuando, debido a más movilizaciones de los cultivadores de coca y amapola, se crea el decreto 1777 donde se establece un marco legal para el impulso y el desarrollo de las ZRC. De esta manera, las ZRC se identifican como una herramienta para avanzar hacia una reforma rural integral y encaminar a la tenencia de la tierra en pequeñas propiedades frente al latifundio imperante.

Cabe destacar que la tierra en las ZRC se reparte en base la llamada Unidad Agrícola Familiar (UAF), que correspondería a aquella cantidad de hectáreas que permite a un núcleo familiar recibir ingresos económicos a través de su producción y tener un excedente que contribuya al patrimonio familiar. Ésta se determina en base a las características del territorio: calidad del suelo, recursos hídricos, etc., por lo que varía de una ZRC a otra.

Las ZRC presentan unas características que se podrían resumir, en primer lugar, como una oportunidad para las comunidades para reclamar con garantías legales la presencia de la inversión socioeconómica del Estado en zonas de tradición colona campesina, que han sido profundamente azotadas por el conflicto armado y tradicionalmente marginadas y olvidadas, por lo que no disponen de servicios básicos. Por otro lado, se reconoce al campesinado de manera que son quienes deciden sobre cómo quieren organizar su comunidad en los ejes económico, político y cultural, ya que ellos mismos presentan las propuestas para elaborar los planes de desarrollo sostenible en los que se estructuran las ZRC, a partir de sus necesidades y el conocimiento del territorio. Por ese motivo, es tan importante la figura del campesinado, entendiéndole como un actor que habita ese territorio y depende de él para su subsistencia, por lo que acumula un gran conocimiento de las condiciones ambientales para desarrollar producciones sostenibles poco dependientes de recursos externos contaminantes, siempre y cuando éstas se acompañen de economías campesinas que favorezcan canales comerciales adecuados y la autonomía de los pequeños productores, alejándose de las presiones económicas nacionales e internacionales de grandes empresas. Estos factores se traducen en la representación del campesinado como una figura de protección del medioambiente y de los recursos naturales, que se posicionan como resistencia activa frente a la economía extractivista tan presente en el país. En términos generales, las ZRC representan una fuerte apuesta por la soberanía alimentaria y las economías sostenibles, que son altamente resilientes a factores externos de estrés y que garantizan condiciones de vida digna para toda la comunidad. Asimismo, esta figura comunitaria también responde a la necesidad de construir mecanismos de autoprotección colectivos frente a la violencia ejercida de manera histórica hacia la población campesina.

Actualmente existen seis ZRC constituidas: Calamar (Meta), Cabrera (Cundinamarca-Sumapaz), El Pato (Caquetá), Sur de Bolívar, Valle del Río Cimitarra, Bajo Cuembí y Comandante (Perla Amazónica). La ZRC del Catatumbo, en la que está involucrada Ascamcat, correspondería a aquellas denominadas por el propio campesinado, como “ZRC de hecho”, ya que todavía se encuentra en proceso de constitución esperando a ser reconocida de manera oficial por el Estado. A pesar del bloqueo, la comunidad se ha autodeterminado como tal y se organizan siguiendo las mismas directrices que en las formalizadas legalmente. La ZRC del Catatumbo abarca 326 veredas de 7 municipios (El Carmen, Convención, Teorama, Hacarí, San Calixto, El Tarra y Tibú) y consta de 346.183,10 ha. En el año 2012 se realizó el plan de desarrollo sostenible (PDS 2012) a partir de un proceso participativo con las comunidades, donde se propone como parte de las estrategias de reconstrucción del tejido social, el reconocimiento integral del campesinado y la redistribución de tierras y bienes en su favor.

El PDS 2012 se estructura en cuatro apartados, el primero de los cuales, son las responsabilidades que debe asumir el Estado en el desarrollo de una infraestructura de servicios básicos (electricidad, agua, vías, etc.) que permita que se puedan comercializar las producciones. Además, de formalizar la titularidad de la tierra de las familias campesinas.

En segundo lugar, se comparten las producciones alternativas que se implementarían en la región, impulsando las pequeñas producciones agroecológicas, incluso en forma de cooperativas, sin desplazar los cultivos de pancoger, que son fundamentales para el mantenimiento de la soberanía alimentaria. Estos proyectos son clave para combatir de manera estructural la problemática social que ha dado lugar a los cultivos de uso ilícito en la zona.

En tercer lugar, el PDS 2012 recoge la garantía de los derechos fundamentales de la población a través de la creación de estructuras, como institutos agroecológicos y el fomento de la educación popular y campesina, para que los integrantes de la comunidad se empoderen, conociendo cuáles son sus derechos y la importancia de su territorio, de manera que se fortalezca la organización social.

El último apartado, visibiliza la importancia de la organización campesina, incentivando el liderazgo social y el reconocimiento de las mujeres como sujetos de transformación social, para que la comunidad esté presente en los diálogos regionales con distintas instituciones para el impulso de soluciones políticas y de paz. De esta manera, también se propone que los campesinos se conviertan en veedores y vigilantes ambientales, para la protección del territorio y la sustitución gradual de los cultivos ilícitos.

Actualmente, como ya se ha mencionado, la ZRC del Catatumbo está en proceso de consolidación. Entre otros motivos, se está a la espera de la resolución de la sentencia T-052 de 2017 emitida por la Corte Constitucional, para que se llegue a un acuerdo entre las aspiraciones del pueblo barí y los campesinos que habitan en la zona. Por otro lado, se debe comentar que las ZRC parten de una historia de alta estigmatización desde algunos sectores políticos y económicos, que a través de la deslegitimación de la organización de la sociedad civil que trabaja para su impulso y sus derechos, han dificultado la implementación de la figura a nivel legal. Por ese motivo, es importante reconocer estos procesos como un ejercicio de reconstrucción comunitaria con garantías de vida digna para avanzar hacia sociedades de paz, donde es necesario proteger a aquellas personas que trabajan por el bien común.

ZRC del Catatumbo.

El papel de las organizaciones campesinas en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es una iniciativa que surge en las Naciones Unidas, para garantizar la igualdad y la justicia social, así como los derechos fundamentales a toda la población. En 2015 se implementó este acuerdo internacional que tiene vigencia hasta 2030. Se trabaja en tres ejes simultáneamente: la lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta y la disminución de las desigualdades. Se establecen una serie de medidas e indicadores aplicables desde las instituciones, estructurados alrededor de las personas, el planeta, la prosperidad a partir de la transformación de la economía, la paz, y las alianzas internacionales. Aunque, los ODS han recibido algunas críticas, ya que parte de sus 17 puntos parecen confundirse entre fines y medios, de manera que se puede llegar a comprometer el desarrollo de unos objetivos con otros, hay que destacar que algunas de esas estrategias ya están siendo implementadas por iniciativa propia de las comunidades.

Se puede observar que parte de los ODS coinciden con los objetivos de transformación social marcados por los propios movimientos campesinos (por ej.: el fin de la pobreza, el hambre cero, la igualdad de género, el desarrollo de comunidades sostenibles y la acción por el clima, etc.). Éstos utilizan estrategias basadas en el conocimiento de sus procesos y recursos, así como la protección de la comunidad y el bienestar comunitario, sin la necesidad de depender de estructuras externas que pueden desconectarse con facilidad de la realidad de los territorios y dejar a la deriva el trabajo realizado. De esta manera, una vez más, se hace patente la necesidad de proteger y colaborar en los procesos comunitarios que se están desarrollando en tantos puntos del planeta.

Conclusiones:

Es necesaria la visibilización y el acompañamiento internacional como mecanismo de protección y autoprotección de las comunidades y organizaciones campesinas para acompañar en sus luchas de defensa de la tierra, el medioambiente, el desarrollo sostenible y la garantía de vida digna para toda la población.

Asimismo, es necesario acompañar a los procesos campesinos desde el apoyo técnico a través de investigaciones y actividades que ayuden en el desarrollo de los objetivos y reivindicaciones, así como desde la observación internacional.

Es importante articular las rutas comunitarias con las rutas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entendidos como estrategias políticas avaladas por alianzas internacionales, con la finalidad de aterrizar estas políticas con las propias reivindicaciones y necesidades de las comunidades. Asimismo, el estado debe tener un papel como garante de estos objetivos ya que tiene la responsabilidad de garantizar los derechos humanos de toda la población.

Por último, se debe apostar a la construcción de una paz positiva, la cual contempla la solución de las causas estructurales del conflicto, en contraposición con la paz negativa, la cual busca solamente la ausencia de guerra.


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