Criminalización del campesinado en Parques Naturales

Una mirada para entender el conflicto socio ecológico en las áreas protegidas de Colombia

Criminalización de las comunidades campesinas que habitan en los Parques Naturales Nacionales (PNN) como política para frenar la deforestación, obviando las causas reales mientras el acaparamiento de tierras sigue.

 

Los Llanos

 

El conflicto que ha vivido y vive Colombia es un conflicto por la tenencia de la tierra, con disputas que tuvieron expresiones violentas y que narraron historias de despojo y abandono en todo el territorio. Desde la época de la colonización española hasta el día de hoy, ha habido una tendencia al acaparamiento de tierras, que ha dado como resultado que el 1% de los propietarios de predios rurales posean el 81% de la tierra, siendo Colombia el país latinoamericano con una mayor concentración de tierra en pocas manos[1].

Esta mala repartición territorial fue uno de los factores a reivindicar que dio origen a las guerrillas. Por este motivo, el primer punto del Acuerdo Final de 2016 trata de solucionar este problema histórico, forjando las bases de una Reforma Rural Integral para un nuevo campo colombiano.

Durante la primera mitad del siglo XX, había campesinos y campesinas que trabajaban para grandes terratenientes, y algunas todavía disponían de su pequeña propiedad de tierra[2]. Sin embargo, estalló La Violencia[3] y fueron muchas las desplazadas por los múltiples conflictos que se presentaron en varias zonas del país, viéndose obligadas a abandonar sus tierras y pertenencias. Hasta entonces, el 70% de la población era rural y el resto vivía en las pequeñas ciudades y poblados. Debido a dichos desplazamientos forzados, las cifras se invirtieron. Muchos campesinos y campesinas acudieron a las ciudades huyendo del conflicto y en busca de nuevas oportunidades.

Ante el descontento del campesinado que se organizó y movilizó en la década de los 60, el Gobierno intentó hacer una Reforma Social Agraria que pretendía administrar las tierras baldías, cediéndolas a las campesinas despojadas o sin título de propiedad. Pero esa reforma agraria nunca se materializó por la presión de los grandes terratenientes, como ha ocurrido a lo largo de la historia con cualquier intento de cambio que favoreciera a las personas con menos recursos y pudiera reducir la brecha de desigualdad.

Fue en 1972, con el Pacto de Chicoral –nombre de la población del Departamento de Tolima–, donde se llevó a cabo la reunión entre la clase política y los latifundistas de algunos gremios –como el ganadero, arrocero y bananero. Los terratenientes, ante la posibilidad de que les expropiaran algunos de sus terrenos conseguidos indebidamente, presionaron para que no se aplicara la reforma agraria[4]. A cambio, propusieron que todas esas personas sin tierra colonizaran las áreas selváticas. Con la materialización de “El Pacto” se mostró la estrecha relación existente entre los grandes propietarios de tierras y el poder político en Colombia.

Como consecuencia, la política agraria que se ejecutó propiciaba la colonización de zonas selváticas dirigida a todos aquellos que se habían quedado sin tierra. Un campesino colono de la región de los Llanos Orientales explica que el Gobierno “facilitaba el pasaje de ida y regalaba un machete para tumbar monte[5] a todo aquel que se aventurara a colonizar”. Fueron muchos los que, con la esperanza de tener un título de propiedad y huir de la violencia, se convirtieron en colonos y colonas, y establecieron su finca con cultivos de pancoger[6] en esas zonas remotas y alejadas.

Luis Eduardo Betancourt, líder social, defensor de los derechos humanos y superviviente de la persecución política de la Unión Patriótica, narra cómo fue la colonización en la región de los Llanos Orientales, donde ha vivido durante 56 años: “Entonces hubo colonizaciones dirigidas por el Gobierno. Se presionó para que los campesinos nos fuéramos hacia las áreas de colonización que se llaman fronteras agrícolas, que es donde empieza la selva virgen”. En el caso de los Llanos Orientales, se hicieron tres frentes de colonización dirigidos por el Gobierno. Un frente fue en el Tinigua, en el sur del Departamento del Meta. El otro, en lo que hoy se conoce como el municipio del Retorno -en el Departamento del Guaviare- y, el tercero, en el Departamento de Arauca.

Asimismo, Betancourt comenta que “también hubo otras colonizaciones producto de esa cultura generada por el mismo Estado como forma de tratar de resolver el tema de tierras, pero que el Gobierno en ningún momento puso obstáculos, sino que por el contrario, aunque fuera tímidamente, lo aceptaba”. Además, el líder social relata cómo había una presencia institucional que acompañaba dicha colonización, aunque fuera solo temporalmente. “Concedían créditos, marcaban las veredas, dieron personería jurídica a las Juntas de Acción Comunal, y estaba presente el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) que tiene que ver con la sanidad de la ganadería y otros animales domésticos”. Y continúa: “Solo ahora se les ocurre a estos últimos Gobiernos decir que somos bandidos, que hemos colonizado ilegalmente las regiones, después de que ya tenemos fincas desde hace 30, 40 y 50 años”. Lo que en su momento fue una solución al problema agrario, ahora representa un inconveniente ante los ojos del Gobierno, que no está gestionando con perspectiva de derechos humanos.

Cabe destacar que Colombia es uno de los países del mundo que más deforestación ha sufrido en los últimos años[7], lo que representa una amenaza para la supervivencia de muchas especies animales y también para las comunidades indígenas, que habitan en los bosques selváticos con una cultura milenaria en la utilización de recursos naturales y su conservación. Tras la Conferencia de París sobre el Clima, celebrada en 2015, Colombia se comprometió a reducir a cero la deforestación en el Amazonas y estableció unos acuerdos con distintos países europeos para recibir financiación y destinar los recursos al Fondo Colombia Sostenible y al Programa Visión Amazonía.

 

San Juan de Losada, Mesa de diálogo

 

Dicho Programa, que tiene por objetivo reducir a cero la deforestación, pretende establecer acuerdos de conservación y restauración con las familias campesinas que habitan en los Parques Nacionales Naturales[8] (PNN). Muchas de estas familias colonizaron esos territorios, antes de que se convirtieran en zonas protegidas por figuras de ordenamiento territorial como Parques, Reservas Forestales o Resguardos Indígenas.

Durante el anterior Gobierno de Santos, en el marco de la lucha contra la pérdida de biodiversidad y el cambio climático, se inició un proceso de ampliación y declaración de nuevas áreas protegidas. Lo que podría verse como una política ambiental con buenas intenciones, derivó en otra realidad[9]. En ningún momento, se informó ni se consultó a las comunidades que vivían en esos límites, tal y como establece la Constitución, ni se les propuso una reubicación fuera de los PNN.

Actualmente, el Gobierno de Duque ha elevado la problemática de la deforestación, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático a una cuestión de Seguridad Nacional para poder justificar el uso de la fuerza y controlar el problema. Lo vemos con el Plan Artemisa, el cual apuesta por la militarización de la zona de PNN para desalojar forzosamente a los campesinos que viven ahí, sin ofrecerles alternativa, despojándolos de sus medios de subsistencia y criminalizándolos[10].

Las organizaciones sociales campesinas presentes en el territorio, ante la actuación represiva del Gobierno contra las comunidades, solicitan que se tengan en cuenta las acciones de conservación que han realizado durante décadas, con pactos para solucionar el conflicto socio ecológico que han sido ignorados por las autoridades. Como señala Betancourt: “Queremos dialogar, queremos una salida civilizada a este conflicto con una política que se acerque a la realidad del territorio. El campesinado no es el gran deforestador”.

El líder campesino se pregunta qué intereses se esconden en el actuar represivo contra las comunidades. “El Gobierno argumenta como pretexto la defensa del bosque y nosotros sabemos que si a estos gobiernos no les importa la vida de los seres humanos[11], mucho menos les va a importar la vida de unos árboles. Intuimos que es porque son lugares donde hay riquezas mineras, como oro, coltán, otros metales preciosos o minas petrolíferas”.

Él mismo recuerda que primero el obstáculo era la guerrilla. “Lograron que mediante los Acuerdos de Paz se desmovilizaran y desocuparan las zonas donde las transnacionales saben que hay grandes pozos petroleros, que necesitan ser explorados y explotados. Ahora, el segundo obstáculo es el campesinado asentado en esas regiones. Quieren sacarnos con el pretexto de proteger el ambiente y el de recuperar las selvas, pero la intención verdadera es poder dar licencia de exploración y explotación de petróleo. La muestra es que en 2016 dieron licencia para que en esta región del AMEM[12] se exploraran y explotaran 150 pozos, pero inmediatamente hubo la protesta de la comunidad por poder afectar a Caño Cristales[13]”. Y continúa al afirmar que “esas son las circunstancias reales que han hecho que estos regímenes criminales, sin dar una solución, quieran sacarnos a la indigencia de las ciudades sin importarles nuestra suerte, nuestro patrimonio, nuestras familias, nuestros derechos como ciudadanos, nuestros derechos humanos. Por esta razón, haremos toda la resistencia posible para no dejarnos volver a desplazar, como lo hicieron desde el interior del país hacia estas regiones”.

De ahí, que no haya acciones contra los grandes deforestadores y acaparadores de la tierra. Seguimos viendo la lógica neoliberal de culpabilizar de la crisis ecológica a aquellos que tratan de subsistir, criminalizándolos[14] y ocasionando una crisis humanitaria en la región, a la vez que ceden licitaciones para la explotación de los recursos naturales en zonas protegidas.

 

Sara Abril, International Action For Peace

 

[1]“Radiografía de la desigualdad: Lo que nos dice el último censo agropecuario sobre la distribución de la tierra en Colombia”, Oxfam, 4 de Julio de 2017: https://wwwcdn.oxfam.org/s3fspublic/file_attachments/radiografia_de_la_desigualdad.pdf

[2]“La reforma agraria y el problema de las tierras sin resolver en Colombia”, Las 2 Orillas, 24 de marzo de 2017: https://www.las2orillas.co/la-reforma-agraria-problema-las-tierras-sin-resolver-colombia/

[3] Se conoce como el periodo de La Violencia a la disputa entre liberales y conservadores que se inició con el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán en 1948 y que terminó con el Gobierno de Gustavo Rojas Pinilla en 1957.

[4] “Como un escenario de sucesos trascendentales en el país es recordado el corregimiento de Chicoral”, El Tiempo, 7 de junio de 2007: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3587136

[5] “Tumbar monte” es la expresión que usa el campesinado para referirse a la tala de árboles mediante el hacha y/o el machete en zonas selváticas, para establecer su predio para cultivos de pancoger o de pasto para la ganadería.

[6] Cultivos de pancoger: cultivos propios del territorio que satisfacen las necesidades alimentarias.

[7] “Colombia, uno de los cinco países con mayor deforestación en 2018”, Revista Semana Sostenible, 25 de mayo de 2019. https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/colombia-uno-de-los-cinco-paises-con-mayor-deforestacion-en-2018/43960

[8] “Piden a entes de control investigar a Visión Amazonía”, Revista Semana Sostenible, 11 de abril de 2019. https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/piden-a-entes-de-control-investigar-vision-amazonia/43788

[9] “Militarización o conservación de las áreas protegidas con campesinos”, Sammy Andrea Sánchez, 6 de julio de 2019 por Parques con Campesinos. https://parquesconcampesinos.wordpress.com/2019/07/06/militarizacion-o-conservacion-de-las-areas-protegidas-con-campesinos/

[10] “Plan Artemisa habría arrancado con desplazamiento forzado en Chiribiquete”, Contagio Radio, 30 de abril de 2019. https://www.contagioradio.com/plan-artemisa-habria-arrancado-con-desplazamiento-forzado-en-chiribiquete/

[11] “Ceguera del Gobierno frente a las agresiones contra los defensores de DDHH” Semana, 26 de mayo de 2020. https://www.semana.com/nacion/articulo/somos-defensores-revela-las-cifras-de-agresiones-contra-defensores-de-ddhh/673911

[12] AMEM: Área de Manejo Especial de la Macarena, creada para regular las actividades humanas permitidas y no afectar la estabilidad ecológica del territorio, ya que se considera clave para la conservación del funcionamiento de la gran cuenca amazónica. Área de enorme biodiversidad que presta la función de conectora entre los ecosistemas andino, orinocense y amazónico a escala continental.

[13] “Gobierno suspende licencia de explotación petrolera en La Macarena”, El Espectador, 14 de abril de 2016. https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/gobierno-suspende-licencia-de-explotacion-macarena-articulo-627199

[14] “Oro, ¿para quién y para qué? La disputa por el suelo en el Nordeste Antioqueño” Mirian Anes, International Action for Peace, 8 de mayo de 2020. https://www.actionpeace.org/oro-para-quien-y-para-que/


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