La criminalización del campesinado en los Llanos Orientales

La vulneración de derechos humanos y la Operación Artemisa

Marga Ferrer Pons | Voluntaria de IAP

 

Llanos Orientales (Colombia)

 

 

Ya en 2020 la compañera Sara Abril explicó en este artículo el origen del conflicto socioambiental que está viviendo la región de los Llanos en Colombia. Allí, el Gobierno ha creado áreas protegidas en territorios colonizados por comunidades campesinas, a través de diferentes figuras de ordenamiento territorial, como son los Parques Naturales Nacionales (PNN), con el objetivo de la protección del medio ambiente. La problemática surge debido a que -lejos de buscar alternativas o políticas de paz que impliquen al campesinado- el Gobierno optó por aplicar la Operación Artemisa, una política que involucra tanto el Ejército Nacional como la Policía Nacional, para combatir la deforestación y las economías ilegales en la Amazonía colombiana.

En el informe ‘Un clima peligroso: Deforestación, cambio climático y violencia contra los defensores ambientales en la Amazonía colombiana’, elaborado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP), Adelphi y WWF Alemania (2021), se comenta como la Operación no ha logrado obtener estos resultados. Siendo, además, una fuente de preocupación por el abuso de la fuerza, la afectación de derechos fundamentales y las tensiones generadas entre las comunidades.

Desde el 2020 hasta hoy esta situación ha persistido. El año pasado, en septiembre de 2021, IAP acompañó a la Fundación por la defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Oriente y Centro Colombiano (DHOC) en la comisión de verificación que se realizó tras la operación militar y policial con las comunidades originarias de La Esperanza y la vereda El Triunfo (departamento de Caquetá) en el oriente de Colombia. Según la denuncia pública emitida por la Fundación DHOC, en estos lugares se quemaron casas y un proyecto productivo de gallinas. También capturaron al gobernador del Cabildo, Reinaldo Quebrada, y a las personas que lo acompañaban, además de ser violentadas física, verbal y psicológicamente por parte de la fuerza pública.

Por otro lado, la Agenda Ambiental, Campesina, Étnica y Popular dice que esta actuación del Ejército y la Policía Nacional supone una criminalización, un abuso de poder y una grave violación a los derechos humanos de las comunidades originarias y campesinas habitantes en esa región.

En este 2022 la Operación Artemisa sigue presente en el territorio. En un comunicado de abril de este año de la misma Agenda Ambiental, se denunciaron dos nuevas operaciones realizadas en marzo en San José del Guaviare y La Macarena. También en el cabildo de La Esperanza y la vereda El Triunfo. Según el comunicado, este operativo conllevó al asesinato de un líder social, se hicieron capturas ilegales, incendio de viviendas y se dinamitaron caminos y puentes.

Haciendo una lectura más amplia, como explica Romano (2019)[1], en América Latina ha tenido un fuerte impacto el uso de la guerra jurídica (lawfare), definiéndola como “el uso indebido de herramientas jurídicas para la persecución política”. En Colombia, como expone Calderon (2019)[2], “la aplicación del lawfare contra liderazgos de la izquierda política es parte de la estrategia de exterminio del ‘enemigo’ por parte de las elites económicas y terratenientes del país, para mantenerse en el poder”.

En este sentido, Arcángel Cadena, de la Fundación DHOC, comenta como “la clase dominante en el poder moldea la imposición de un ‘orden’ a favor de sus intereses, particularmente, a través de la ejecución de diversas estrategias -como lo fue en el pasado el enfoque militarista del Plan Colombia- fundamentadas en ejecuciones extrajudiciales, detenciones masivas e injustas o montajes judiciales contra todos los sectores sociales: campesinado, comerciantes, sector del transporte y educativo, lideresas y líderes comunales y la dirigencia política de oposición al sistema gobernante”.

A su vez, esta problemática se vincula con una de las principales causas estructurales del conflicto en Colombia, esta es, la concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos. En este sentido, el ya citado informe de FIP, Adelphi y WWF Alemania (2021), detecta la apropiación de tierras como una de las causas que explican la crisis de la Amazonía colombiana, argumentando que “la reciente deforestación a gran escala tiende a ser llevada a cabo por sectores privados que poseen importantes medios financieros y poder político, y que tienen interés en apropiarse de grandes extensiones de tierra para la ganadería”, usando diversos mecanismos de apropiación de tierra, como la expulsión de la población colona.

Además, el informe analiza como la política de hacer uso de las fuerzas armadas para combatir la deforestación ha sido criticada por criminalizar al campesinado; en lugar de ir tras los agentes que realmente impulsan y financian las economías ilegales, obteniendo también unos limitados resultados en términos de investigación y persecución de funcionarios corruptos y actores económicos privados. Situación que corrobora también Edilberto Daza, miembro de la Fundación DHOC, comentando que “si haces un análisis profundo de esta problemática, el campesinado no es el que está deforestando el territorio. Sino las personas que tienen grandes propiedades en estos territorios y las que tienen el poder. Se quiere sacar al campesinado de los territorios porque hay otros intereses detrás«.

A pesar de toda esta situación, la comunidad y las personas defensoras de derechos humanos en la región siguen apostando por soluciones alternativas al conflicto socioambiental, impulsando iniciativas como la Agenda Ambiental, Campesina, Étnica y Popular, un espacio de articulación de las organizaciones campesinas, indígenas y firmantes de Paz por la defensa del territorio y la solución pacífica de los conflictos socioambientales. Desde este espacio denuncian que la Operación Artemisa agudiza el conflicto socioambiental y, a su vez, formulan una propuesta de corto, mediano y largo plazo para dar solución a este, la cual cuenta con 13 puntos. Entre estos se encuentra una gobernanza ambiental para la paz, como punto necesario para el diálogo y la concertación con la institucionalidad ambiental y el gobierno nacional; la regulación de tenencia y propiedad de la tierra y el territorio; la zonificación ambiental participativa o la sustitución de cultivos de uso ilícito.

Acompañando a la Fundación DHOC, Arcángel Cadena (derecha) y Edilberto Daza (izquierda).

A su vez, con el Paro Nacional del 2021 las organizaciones campesinas que se sumaron lograron acuerdos en Altamira (departamento de Huila) y en Villavicencio (departamento de Meta) con el gobierno nacional, apostando por armonizar el buen vivir de las comunidades con la protección de la naturaleza. Sin embargo, no ha habido una implementación de estos acuerdos y se han dado fallas de coordinación y comunicación con las comunidades, avanzando tan solo la acción militar, tal como denuncia la Agenda Ambiental en su comunicado de noviembre de 2021. Recientemente, tratando de dar continuidad a estos acuerdos, desde la Coordinación Paro Sur del Meta y Guaviare insistieron en la búsqueda de espacios de diálogo entre las instituciones y el campesinado para el abordaje de la situación actual.

Además, recientemente se aprobó la resolución 7067 del 2 de mayo de 2022 por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y las directivas 06 y 07 de la Procuraduría General de la Nación, como se expone en la denuncia pública realizada por la Fundación DHOC. Según esta, estas resoluciones ordenan el sacrificio del ganado que se encuentra en las zonas de parques, lo que supone un atentado contra la permanencia, estabilidad, dignidad y economía de las comunidades campesinas asentadas en estas zonas, generando desplazamiento, despojo de la tierra y empobrecimiento de estas. A su vez, las medidas judiciales de la resolución bloquean el acceso de bienes o alimentos.

En definitiva, es clara la predisposición de las comunidades hacia el diálogo para la búsqueda de una alternativa de paz y protección del medio ambiente, que implique el desarrollo de las comunidades en las áreas protegidas y zonas de parques. Sin embargo, se observa la falta de compromiso en la búsqueda de una solución pacífica por parte de la institucionalidad.

Aquí el enlace completo a la investigación de Marga Ferrer: La criminalización del campesinado en el marco del conflicto socioambiental. Estudio de caso: operación militar y policial en el cabildo Indígena La Esperanza y la vereda El Triunfo (Caquetá), Colombia.

[1] Romano, S. M. (2019). Introducción. Lawfare, judialización de la política y neoliberalismo en América Latina. En Lawfare: guerra judicial y neoliberalismo en América Latina (pp 19-38). Mármol/Izquierdo Editores.

[2] Calderón, J. C. (2019). La aplicación del lawfare en Colombia. En Lawfare: guerra judicial y neoliberalismo en América Latina (pp 137-156). Mármol/Izquierdo Editores.