CREDHOS recibe el reconocimiento de víctima colectiva de la JEP

CREDHOS recibe el reconocimiento de víctima colectiva en el Caso 08 de la JEP  

Hablamos con un integrante de la corporación, Camilo Ayala, para conocer cómo ha sido el proceso y qué implicaciones tiene esta decisión judicial

Alba Cartanyà Folch | Voluntaria de IAP

Barrancabermeja – Magdalena Medio (Colombia)

A principios de noviembre se produjo un avance importante para la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS), una de las organizaciones que acompañamos: la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la ha acreditado como víctima colectiva en el Caso 08, que investiga los crímenes cometidos por la fuerza pública u otros agentes del Estado, en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles. ¿Qué significa este reconocimiento? ¿Cuál ha sido el camino de la corporación hasta llegar a este punto? ¿Cómo se prevé el futuro? Hablamos con Camilo Ayala, defensor de Derechos Humanos de CREDHOS, para ir más allá de este hito reciente y adentrarnos en una organización que lleva 35 años “defendiendo la vida digna y el territorio” del Magdalena Medio.

 

Credhos durante una reunión con la comunidad por la protección del medio ambiente

 

Pregunta. Para comenzar haciendo un poco de contexto, ¿cómo surge la Jurisdicción Especial para la Paz, conocida como la JEP, y cuáles son sus funciones?

Respuesta. La JEP surge del Acuerdo de Paz de 2016, concretamente se encuentra en su punto 5, que contempla la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Dentro de este sistema, hay tres componentes: la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas, y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. La JEP tiene el compromiso de establecer responsabilidades, de obtener verdad judicial. Puede investigar a agentes del Estado, tanto de la fuerza pública como del ámbito político u organismos de inteligencia, y también a excombatientes de las extintas FARC-EP, en lo que se conoce como crímenes de guerra, de lesa humanidad o de genocidio. Tiene un periodo de 15 años para hacer este trabajo y la competencia para conocer todos los hechos ocurridos antes del 1 de diciembre de 2016. Citando a Eduardo Pizarro, relator de la comisión histórica del conflicto armado y sus víctimas en Colombia, lo que se quiere saber es qué pasó, por qué, quienes son los responsables, cuáles van a ser las sanciones, y cómo se va a evitar que vuelva a ocurrir. Eso es lo que buscamos con la justicia transicional; que no es otra cosa que la lucha contra la impunidad. Y, desde luego, en Colombia tenemos un gran reto porque estamos en un escenario de justicia transicional sin transición. Seguimos en el marco del conflicto armado, pero tratando de hacer justicia de hechos que ocurrieron en los últimos 50-60 años. Y no se trata de establecer quién disparó el arma, sino quienes estaban detrás de eso.

P. Para hacerlo, y de manera novedosa en lo que a la justicia transicional se refiere, la JEP abrió inicialmente siete macro casos, con la idea de abordar los grandes crímenes llamados “de sistema”.

R. Tomando las experiencias de Ruanda, Yugoslavia -inclusive de la Corte Penal Internacional- y otros, se está intentando generar ejercicios de investigación macro criminal. La JEP se encarga de grandes crímenes, llamados “crímenes de sistema”, que hoy se encuentran tipificados en el Estatuto de Roma y tienen su capítulo en el derecho interno colombiano. Estamos ante el mismo reto, tal vez a otra escala y con sus diferencias, que se planteó después de la Segunda Guerra Mundial, con los juicios de Núremberg, por ejemplo. Por supuesto, eso fueron tribunales militares, pero ese es el antecedente cercano a lo que después se va a constituir como justicia transicional. Se empieza a hablar de este concepto a finales de los 80, y toma fuerza en la primera década del 2000. Por eso la JEP es una vaina que no se había dado en otra parte, por lo menos en conflictos armados no internacionales, como se ha planteado en Colombia. Algo también novedoso es que la JEP tiene un espacio dialógico, donde da la oportunidad, a quién está compareciendo, de contar en versión libre qué fue lo que sucedió y que reconozca la verdad. Las víctimas vamos a estar presentando nuestros informes y haciendo nuestras observaciones. El espacio dialógico derivará en unas conclusiones, surgidas del contraste de las versiones, y la magistratura dirá si ha habido reconocimiento de verdad o no. Y esto determinará la ruta ante el tribunal.

P. ¿Por qué es importante conocer la verdad?

R. Para que no vuelva a pasar. Porque si no, van a seguir existiendo elementos ocultos que generan violencia. Por ejemplo, los llamados “terceros civiles”, que serían los financiadores de la guerra (quienes han dado las armas, quienes han fomentado el paramilitarismo…), siguen teniendo poder económico. Así se mantiene una dinámica oligárquica en el país. Entonces, si no sabemos la verdad, seguramente esos personajes seguirán usufructuando la impunidad. Eso me recuerda a las Abuelas de Plaza de Mayo en Argentina, que decían: “No descansaremos hasta que estos tipos que desaparecieron a nuestros familiares, al menos, dejen de estar en el poder”. Porque este es el problema. Cuando se planteó el Acuerdo de Paz, se habló de que la justicia no fuera retributiva, sino restaurativa. Porque, al fin y al cabo, si alguien cumple o no cárcel, en cierta manera es una sanción que impone el Estado porque incumplió las normas, ¿pero y las víctimas qué? No se las tiene en cuenta para nada. Con la apuesta que se ha hecho en Colombia, si los acusados reconocen la verdad ante las instancias de la JEP disminuye su pena y se hacen unos ejercicios de justicia restaurativa, que previamente son consensuados y aprobados por las propias víctimas. Así, se vuelven parte activa del proceso.

P. Precisamente este mes de noviembre CREDHOS ha sido acreditado como víctima colectiva en el Caso 08.

R. Sí, este reconocimiento viene de una solicitud expresa de CREDHOS. Hace cinco años la JEP empezó a abrir los macro casos y, paralelamente, desde la organización íbamos presentando informes, hasta un total de 8. Fuimos la primera organización de la sociedad civil a nivel nacional en presentarle un informe a la JEP. En el año 2020 hicimos una reflexión: la reparación tiene que ser un tema político, y las víctimas deben ser sujetos transformadores de la realidad. Consideramos que teníamos que hacer un informe de nuestro propio caso y, como aporte modesto, hablar de lo que sabíamos. Por eso en 2021 presentamos el séptimo documento, recogiendo lo que habíamos sufrido como organización en el marco del conflicto armado. La idea era pedir que nos reconocieran como víctima, para que luego nos escucharan.

P. ¿Por qué la organización no fue incorporada como víctima antes, en algún otro macro caso?

R. Porque en los siete grandes casos iniciales, lastimosamente, no se priorizó la región del Magdalena Medio, que es donde actuamos. Este año 2022, después de toda una incidencia a la JEP para que se fijaran en este territorio, se nos anunció que abrirían cuatro grandes casos nuevos. Uno de ellos fue el Caso 08, que agrupa los crímenes cometidos por integrantes de la fuerza pública (u otros agentes estatales), juntamente con grupos paramilitares o terceros civiles. En un principio, desde la JEP nos dijeron que la acreditación a este caso vendría en 2023, pero insistimos porque lo necesitábamos ahora.

P. La noticia llega pocas semanas después de que la organización recibiera amenazas por parte de grupos armados y bandas criminales de la región…

R. Exacto. Yo veo una clara relación entre las amenazas y nuestra participación activa con la JEP. Los que tienen el poder aquí nos quieren callar porque saben que los procesos y denuncias que estamos llevando a cabo ante la JEP y otras instancias generan un impacto sobre quienes hoy gobiernan esta ciudad y la zona. El paramilitarismo ha sido una política de Estado, eso es lo que denunciamos. Creo que la JEP ha tomado la decisión ahora porque tenemos razón, y porque era evidente que necesitábamos el reconocimiento en este momento. Después hubiera sido una noticia de ayer.

P. ¿Qué efectos tiene este reconocimiento de la JEP?

R. Ante los grupos armados, lanzar el mensaje de que no vamos a dejar de trabajar al lado de las víctimas. Y también la clara confirmación de que como organización hemos sido víctimas, ya que se reafirma que la actividad de defensa, promoción y protección de Derechos Humanos se vio afectada por “asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados, atentados y amenazas” que sufrieron sus “integrantes, empleados y colaboradores”. En CREDHOS confluyen muchos liderazgos, personas de diferentes procedencias y luchas. En nuestro local tenemos unos 15 cuadros de compañeros y compañeras que nos mataron. La decisión de la JEP sirve a las familias de las personas fallecidas durante el camino, para reafirmar que no les olvidamos y que seguimos con la pelea para que reparen el daño que nos hicieron. Es una forma de reivindicar su memoria. La organización no es el movimiento social, sino que hace parte de él. Y nos apoyamos. Por ejemplo, CREDHOS ayudó en la creación de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC-RAN). También apoyamos a la Unión Sindical Obrera (USO) en su proceso. Vamos a seguir, independientemente del riesgo.

P. ¿Cuál es la historia de CREDHOS, antes de llegar hasta el momento actual?

R. CREDHOS nace en el año 1987 en la ciudad de Barrancabermeja, como un comité regional de Derechos Humanos para frenar la barbarie que se cometía en el Magdalena Medio, con desapariciones forzadas y masacres. En los periódicos de aquella época se hablaba de 100 asesinatos al mes. En 1991, CREDHOS vivió un período muy crudo, con amenazas, persecución y asedios contra dirigentes de la organización. Entre 1989 y 2001, mataron a más de una decena de sus integrantes y casi toda la junta directiva tuvo que irse de la ciudad, e incluso del país. Aun así, a lo largo de los años, la organización se ha ido fortaleciendo y ha logrado resistir. Por eso nuestro lema: “Hoy como ayer, persistiendo por la vida y la dignidad”. Nuestro trabajo se basa en la defensa, promoción y protección de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, a través del litigio de casos, la incidencia ante autoridades, y la educación y el desarrollo de diferentes proyectos.

P. Después de todo lo que han pasado, ¿es optimista de cara al futuro?

R. Yo ya no creo ni en el optimismo ni en el pesimismo [se ríe]. Hay que luchar, y la lucha tiene altos y bajos. Ciertamente, estamos en un momento político especial, y esperamos que el gobierno alternativo logre que cese esta “horrible noche”, como dice el himno nacional. No sabemos si habrá paz total, pero nuestra apuesta siempre ha sido la de paz con justicia social.

Realización de un taller de mujeres Credhos en la realización de un taller con mujeres de la región del Magdalena Medio