Catatumbo en resistencia

Conflicto en activo, Catatumbo en resistencia

Graves violaciones al DIH provocan gran respuesta social y comunitaria.

El pasado 27 de abril viajamos por las trochas del Catatumbo, entre montañas y humedales, para asistir a la Audiencia Pública convocada por el recrudecimiento del conflicto en la zona, la sobre militarización y las recientes violaciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de miembros del Ejército. En un reciente comunicado, la Comisión Por la Vida, La Paz y la Reconciliación en el Catatumbo denunciaba el registro en las últimas semanas de disparos contra defensores de DDHH, retenciones y empadronamientos ilegales y la tortura, ejecución extrajudicial e intento de desaparición de Dimar Torres Arévalo, ex integrante de las FARC reincorporado a la vida civil.

Dimar vivía y trabajaba en la vereda Campo Alegre, municipio de Convención, cultivando su propio sustento y participando activamente en la comunidad, según afirman sus vecinos. Fue una de las tantas personas que hace dos años dejaron las armas, convencido de que eso garantizaría unas condiciones de vida más dignas y que sus vidas serían respetadas.

Los hechos tuvieron lugar cinco días antes del evento. Según explicaron en la audiencia, la comunidad escuchó disparos y, rápidamente, se organizó para comprobar que todos los miembros estaban presentes. Al percatarse de la ausencia de Dimar, un grupo de unas ochenta personas se dirigió directamente al campamento militar localizado en la cima de un cerro próximo.

La experiencia de años anteriores, marcada por hechos como los falsos positivos, los montajes judiciales y las constantes ejecuciones extrajudiciales, ha provocado un estado de alerta en ésta y otras comunidades, poniendo en evidencia la necesidad de desarrollar mecanismos propios de protección.

En el campamento, los militares negaron saber su paradero, pero la comunidad continuó la búsqueda por la zona hasta encontrar, finalmente, el cuerpo y un hueco en la tierra del tamaño de una persona. Implacable la respuesta de la comunidad organizada, permaneciendo junto al cadáver hasta que acuden los organismos de control pertinentes.

Es en situaciones como ésta cuando se materializa el trabajo organizativo que hay detrás de las organizaciones sociales del territorio, como la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT), a la cual acompañamos.

Subimos en moto al cerro en una gran marcha en la que se respira indignación y dolor, pero también fuerza. Escuchamos el helicóptero que anuncia la llegada de la Comisión de Paz del Senado de la República. A la espera, la multitud manda un mensaje contundente de rechazo a la violencia, junto a las organizaciones MCP, CISCA, Comunales y ASCAMCAT, que hacen parte de la Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo.

La entrada de senadores en el Catatumbo es un hecho histórico, siendo una de las regiones de Colombia más abandonada por el Estado, con unas dinámicas del conflicto más cruentas.

La gran cantidad de recursos minerales e hídricos de la región, su posición estratégica de frontera con Venezuela y los cultivos de coca, hacen del Catatumbo o “Casa del Trueno” un imán para el capital y un territorio constante de disputa.

Finalizado el recorrido, escuchamos diferentes intervenciones de la Comunidad, las organizaciones sociales y los representantes de la Comisión de Paz.

“¡No vamos a aceptar más muertos!” se planta un miembro de la comunidad.

Carmito, líder de ASCAMCAT, toma el micrófono: “En el Catatumbo nacimos, en el Catatumbo vivimos, en el Catatumbo morimos y el Catatumbo se respeta”. Desde la organización también se hace énfasis en que la paz es posible, “es posible sin muertos, sin violencia, sin paramilitares, con inversión social”. En este mismo sentido, se manifiesta la organización social CISCA cuando apunta que “la forma de acabar con la insurgencia es el diálogo, el cumplimiento de los Acuerdos, no la guerra. Así no la van a acabar”.

La comunidad FARC lamenta la pérdida de otro compañero y hace referencia al asesinato sistemático de excombatientes, ya que “la muerte de Dimar no es cualquier asesinato, es un ataque al proceso de paz por su condición de reincorporado”. Hay que destacar que este caso no se trata de un hecho aislado, sino que se suma a una cifra que ya produce vértigo y que nos mostraron los medios el pasado 15 de abril, situando el número de excombatientes asesinados desde la firma del Acuerdo de La Habana en 126. “¿Qué es lo que quiere el gobierno?”, exclaman, “¿Una guerra sin fin?”.

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  • Audiencia pública ASCAMCAT

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