Informe final Comisión de la Verdad Colombia

La Comisión de la Verdad presenta su Informe Final 

Igarki Querejazu | Voluntario de IAP

Colombia

 

Casi seis décadas después del inicio del conflicto armado con las FARC-EP y seis años después de la firma de los Acuerdos de Paz de la Habana en 2016, este 28 de junio se publica el Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (en adelante, la Comisión) después de más de tres años de elaboración y fruto de este mismo Acuerdo entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP. ¿Sin embargo, qué es una Comisión de la Verdad y qué cambios puede suponer en la sociedad colombiana?

La vulneración de los Derechos Humanos en los conflictos armados ha sido la tónica común en la historia. No obstante, a partir de los años setenta surgen las Comisiones de la Verdad, con el objetivo de ser un mecanismo que ayude al esclarecimiento de los hechos, las causas, los responsables de la vulneración de los Derechos Humanos y de los crímenes cometidos, pero también para proponer una serie de recomendaciones para la no repetición de estos acontecimientos, buscando para ello la reconciliación nacional. Estas comisiones constituyen así una de otras tantas herramientas de la justicia transicional que se ponen en marcha en sociedades profundamente divididas después de la finalización de un largo conflicto o, también, cuando este ha disminuido en gran medida. En el caso de colombiano, este punto de inflexión se da una vez se firma el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC-EP.

A pesar de la magnitud de la tarea que deben de llevar a cabo los comisionados, no hay una normativa global, sino unas pautas generales llamadas principios de Louis Joinet. Estos principios, que de manera general deben cumplir las comisiones de la verdad, se basan en los derechos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

En el caso colombiano es en el punto 5 del Acuerdo de Paz, ‘Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición‘, donde se establecen sus funciones, objetivos y características. De este modo, la Comisión forma parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, como uno de otros tantos mecanismos judiciales y extrajudiciales.

Esta Comisión busca saber qué pasó, para que nunca vuelva a suceder, forjando con ello un futuro de dignificación y de bienestar general, y contribuyendo a romper con los ciclos de violencia. De este modo, se sientan las bases de la convivencia, la reconciliación y la no repetición con tres objetivos fundamentales: el primero, la contribución de la Comisión en el esclarecimiento de lo ocurrido; el segundo, la necesidad de la promoción y contribución del reconocimiento de las víctimas que vieron sus derechos vulnerados, como también del reconocimiento voluntario de responsabilidades individuales y colectivas de quienes formaron parte del conflicto; y, en tercer lugar, la promoción de la convivencia en los territorios, creando los espacios necesarios para la solidaridad y la justicia social entre otros.

Esta gran labor está constituida por 11 comisionadas y comisionados que tienen la tarea de elaborar el próximo Informe Final con la perspectiva y el papel de las víctimas siempre en un papel central y, además, con enfoques diferenciados de género, territorio y etnias, a fin de hacer un análisis más concreto de la realidad. Para esta tarea, forma parte esencial de sus funciones recopilar información, convocando para ello a las personas que puedan contribuir al esclarecimiento de la verdad, así como la de promover la orientación a las víctimas y a las comunidades victimizadas que participen en la Comisión, para la satisfacción de sus derechos y los mecanismos para exigirlos. Resultado de todo lo anterior se realizaron más de 1.700 entrevistas en territorio nacional e internacional, con un total de más de 27.000 testimonios y medio millar de informes entregados por distintas organizaciones, instituciones y personas que brindaron información que describieron hechos de violencia ocurridos durante el conflicto armado y que implicaron violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Con todo ello se proponen estudiar, entre otras, las prácticas que constituyen graves violaciones a los Derechos Humanos y al DIH, las responsabilidades del Estado, su fuerza pública, las FARC-EP y el paramilitarismo. Pero también, las causas del conflicto, así como del impacto y consecuencias que tuvo este sobre la sociedad colombiana.

Como bien dice el Acuerdo de Paz sobre la Comisión, el éxito de la misma dependerá del reconocimiento de responsabilidades por parte de quienes, de manera directa o indirecta, participaron en el conflicto. También del compromiso de todos los sectores de la sociedad con el proceso de la verdad -como manifestación entre otros- de su rechazo a la indolencia.

Sin embargo, cabe señalar y añadir que, las recomendaciones que se emitan en el Informe Final serán responsabilidad del Estado, el cual deberá destinar los recursos económicos y los medios necesarios para cumplirlas. Una vez más estará en manos del Estado y del nuevo Gobierno la voluntad política del cumplimiento del Acuerdo de Paz y del compromiso con la ejecución de lo establecido en las recomendaciones, las cuales serán imprescindibles para la consolidación de una paz estable y duradera. Igualmente, para la creación de unas condiciones de vida dignas que eviten que los hechos que supusieron el estallido del conflicto armado no se vuelvan a repetir.