Paramilitarismo

Por paramilitar se entiende la acción armada de un grupo con una estructura organizada, con funciones similares o coincidentes con las de un ejército pero que, formalmente, no es parte de la fuerza militar reconocida legalmente por un estado. Un ejército paralelo que no obedece a las normas reconocidas por la constitución de un país, con la consecuente dificultad a la hora de exigir responsabilidades por sus acciones.

En el caso de Colombia, el paramilitarismo se ha vinculado históricamente a la extrema derecha y a la defensa de los intereses políticos, económicos y sociales conservadores, incluso antes del propio inicio del conflicto armado. Durante muchos años han actuado en coordinación con el Ejército Nacional. A través del desplazamiento forzado, los grupos paramilitares han ido acumulando más de 4 millones de hectáreas de tierra utilizadas en negocios legales (ganadería, agroindustria) o ilegales (narcotráfico).

Este fenómeno surge en Colombia ligado a la violencia política de los años 50; pero es en los años 80, en la región de Puerto Boyacá, cuando se consolida apoyado por grandes terratenientes, empresarios y ciertos sectores políticos. Con la excusa de combatir a los grupos guerrilleros, centraron sus acciones en la población civil, sobretodo en el ámbito rural. Así llevaron a cabo la conocida doctrina de la guerra sucia, consistente en asesinar a toda persona sospechosa de colaboradora o simpatizante de la insurgencia, pero también a activistas políticos y defensoras de los derechos humanos. Su alianza con el narcotráfico incrementa considerablemente su capacidad militar estructural.

Dentro de este contexto, aumentan las organizaciones paramilitares en el país, que se unen entre 1996 y 1997 en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), comandadas por Carlos Castaño, llevando a cabo una arremetida que afecta duramente a todo el país, especialmente al campo, con millones de personas desplazadas y asesinadas en sus territorios. Es muy difícil cuantificar la magnitud de las acciones cometidas por la AUC y otros grupos paramilitares a nivel humanitario. Durante los peores años del auge de del paramilitarismo se llegaron a cometer más de 200 masacres por año (1999-2000). Las cifras de asesinatos podrían ser más de 15.000 personas (el 80% de las muertes de civiles del conflicto, según la ONU) y más de 50.000 desaparecidas. Las AUC y posteriores grupos se caracterizaron además por una extrema crueldad como método para infundir terror entre la población civil; el desmembramiento con motosierras y machetes y la violación como método de control social fueron dos de las prácticas corrientes.

Las AUC se desmovilizan entre 2003 y 2006 bajo la Ley de Justicia y Paz, aunque todavía quedan estructuras arraigadas en los territorios a los que el Gobierno llama Bandas Criminales o Bacrim, intentando así desvincularlos del conflicto armado o la violencia política. El accionar de estos nuevos grupos neoparamilitares se ha ido descentralizando desde su reorganización, y ahora existen varias estructuras diferenciadas con alianzas y enfrentamientos entre sí, con presencia en 30 departamentos del país: los principales son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, pero también están los Rastrojos, las Águilas Negras, los Buitragueños, la Cordillera, los Botalones, los Caqueteños, los Costeños, los Pacheca, el Clan Isaza y en varias zonas del país ya está instalado el cartel mejicano de Los Zetas.

Desde finales de 2016, a raíz del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno y las FARC-EP, han aumentado las amenazas y asesinatos, por parte de estructuras paramilitares, a lideresas sociales y defensoras de los derechos humanos y el medio ambiente. Las razones son varias, pero el control del territorio abandonado por las FARC-EP y la amenaza ante el plan de sustitución de cultivos de hoja de coca, podrían ser los principales factores de esta problemática denunciada por los principales organismos internacionales de derechos humanos.