Derecho Internacional Humanitario y DDHH en Colombia

El trabajo de acompañamiento internacional de IAP en Colombia tiene mucho que con estos dos conceptos. Por un lado, fueron las sistemáticas violaciones tanto a los derechos humanos como al Derecho Internacional Humanitario, y la impunidad con la que se venían cometiendo en las zonas rurales del país, las que nos empujaron a iniciar este proyecto. Por otro, son las normas jurídicas internacionales basadas en estos derechos nuestras principales herramientas para interlocutar en terreno y mantener reuniones de incidencia política. Desde IAP no hacemos denuncias directas, ya que son las propias organizaciones locales las que tienen los conocimientos y la legitimidad para ello, pero tenemos siempre muy presente la legislación internacional y la constitución colombiana a la hora de actuar.

 

Violaciones al Derecho Internacional Humanitario y a los Derechos Humanos en Colombia.

Durante las más de cinco décadas que se ha alargado el conflicto armado en Colombia, las violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario han sido demasiado frecuentes en el país. De alguna manera, se llegó a legitimar, o por lo menos normalizar, el uso de prácticas claramente contrarias a la legalidad nacional e internacional, al enmarcarlas en el contexto de la guerra. Aún cuando el Gobierno es quien debe garantizar el cumplimiento de los derechos, también la insurgencia, los paramilitares y determinadas empresas han tenido en mayor o menor grado su parte de responsabilidad.

Por parte del Estado, se han vulnerado de manera sistemática durante muchos años principios fundamentales del DIH. Por medio del Ejército se ha estigmatizado y hostigado a la población rural, sin hacer distinción entre civiles e insurgentes. Detenciones arbitrarias, retenciones ilegales, restricción de la libertad de movimientos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, ataques en cascos urbanos, bloqueos alimentarios y de medicinas… han supuesto hechos cotidianos para muchos campesinos y campesinas. Además, durante muchos años ha existido una probada connivencia entre Ejército, poder político y paramilitares (parapolítica). La peor época respecto a la violencia estatal tuvo lugar durante los años 2000, coincidiendo con la llamada Política de Seguridad Democrática. El escándalo de los falsos positivos y la existencia de fosas comunes son un claro ejemplo de ello. El estado de Colombia ha sido condenado en más de 10 ocasiones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Los grupos insurgentes también han utilizado métodos de guerra prohibidos. Los que más han afectado a la población colombiana han sido la extorsión y el secuestro como método de financiación, los homicidios selectivos, la utilización de minas antipersona como táctica defensiva y el reclutamiento de menores de edad. Durante sus acciones ofensivas contra la fuerza pública frecuentemente han muerto civiles y han resultado dañados bienes protegidos. Las FARC-EP, durante el proceso de paz, han pedido perdón público por estos actos en varias ocasiones.

Respecto a los paramilitares, el propio Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país ha calificado a estos grupos como los principales responsables de las violaciones de derechos humanos en el país. Con el pretexto de combatir a las guerrillas, han seguido una estrategia de control territorial para la cual se han valido de métodos como torturas, masacres, desplazamiento forzado, desapariciones y violencia sexual sistemática. Durante los años 80 y 90, llevaron incluso a cabo el conocido como genocidio político de la Unión Patriótica. Los grupos paramilitares han estado financiados por terratenientes y empresas multinacionales extractivas o agroindustriales; responsables indirectos de estos actos.

Defensores y defensoras de Derechos Humanos en Colombia

Ante esta situaciones, son muchas las personas que han decidido trabajar por el respeto, la garantía y la difusión de los derechos humanos y el DIH. Sea de manera individual o dentro de una organización, es una ocupación muy peligrosa. Las amenazas, ataques y asesinatos por parte de paramilitares han sido una constante en Colombia desde hace muchos años, agravada incluso desde la firma de los Acuerdos de Paz en 2016; y por parte del Estado también ha habido una estrategia de criminalización que ha llevado a muchos de ellos a prisión bajo acusaciones sin fundamento (falsos positivos judiciales).

Son personas que asumen una tarea fundamental aún asumiendo un grave riesgo personal. Por ello, desde IAP hemos estado acompañándolas desde nuestra entrada al país; reconociendo su incansable labor, mostrándoles todo nuestro apoyo y generando espacios de seguridad.