Acuerdos de paz

Durante los más de cincuenta años de conflicto armado abierto en Colombia, han sido muchos los intentos de llegar a una salida negociada entre el Gobierno de la República y las diferentes guerrillas que lo han confrontado. De los numerosos grupos insurgentes surgidos en los sesenta y setenta en el país, muchos abandonaron la actividad armada a principios de los 90. Así, el M-19, el Movimiento Quintín Lame y la gran mayoría del EPL (excepto un reducto en Norte de Santander), tras participar en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 (donde se redacta la actual constitución colombiana), fueron perdiendo relevancia hasta quedar prácticamente disueltos como movimientos políticos.

En el caso de las FARC-EP, han sido necesarios varios intentos hasta conseguir un compromiso satisfactorio para ambas partes. Esta guerrilla ha sido durante décadas el principal grupo armado opositor al Gobierno en cuanto a capacidad organizativa y militar. Tanto las políticas de seguridad del estado como las distintas negociaciones se han basado en la idea de que, sólo sin las FARC en armas, habrá paz en Colombia. Por otro lado, la insurgencia ha mantenido siempre que la dejación se realizaría solamente bajo la condición de unas garantías firmes de participación política y determinados compromisos sociales.

En dos ocasiones, se estuvo cerca de conseguir la paz: en 1984, cuando nació el partido político Unión Patriótica, y 1999, cuando se creó la llamada zona de despeje (desmilitarizada) del Caguán. En ambos casos, a la rotura de los diálogos les siguieron épocas especialmente oscuras en cuanto a violaciones de DDHH se refiere (el genocidio de la UP y la Política de Seguridad Democrática del gobierno de Uribe).

Tras la violencia desmedida de esta última etapa, con la presidencia de J.M. Santos y Timoleón Jiménez como comandante en Jefe de la guerrilla, se inició en el año 2012 el definitivo proceso de diálogo en la Habana. Durante seis años, con Cuba y Noruega como países garantes, se negociaron seis puntos fundamentales para poder iniciar una nueva etapa en Colombia. Del escepticismo inicial se dio paso a una cierta esperanza, que crecía según avanzaban los acuerdos y disminuían las acciones militares. A pesar de reveses como el inesperado “NO” en el referéndum en el que se consultaba a la polarizada sociedad colombiana sobre su apoyo al texto, finalmente se consiguió llevar a buen puerto el proceso y sentar las bases para construir un nuevo país.

Ahora, a la espera de que se firme la paz con otra guerrilla histórica, el ELN, se podría decir que el país ha entrado en una nueva fase de postacuerdo, más que de postconflicto. Aunque ya no exista un conflicto armado abierto, los problemas sociales y económicos que lo sustentaban están muy lejos de solucionarse. La violencia política sigue a la orden del día, con el paramilitarismo en plena campaña de expansión territorial. Por ello, la construcción de paz y la implementación de los acuerdos son las prioridades en este momento, sabiendo que se ha dado el primer e importante paso de un largo y difícil camino.

A principios del 2017 se inicia el desplazamiento de las personas de FARC-EP hacia las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), donde comienza la dejación de armas que finaliza en agosto de ese mismo año. Las ZVTN pasas a ser Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). En septiembre de 2017 las FARC-EP pasan a ser oficialmente partido político bajo las siglas FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común).

En marzo de 2018 tienen lugar las elecciones legislativas para elegir a los y las representantes de las cámaras, en las que mediante el acuerdo de paz, FARC tiene cinco curules en el Senado y cinco en la Cámara.

Actualmente, la región todavía sigue en conflicto. La negociación entre ELN y Gobierno se encuentra suspendida y los grupos neoparamilitares, junto con el ELN y EPL (reducto que queda en Norte de Santander), luchan por el control del territorio y el poder abandonado por las FARC-EP.