Capítulo 1
La defensa de los territorios
Colombia es un país diverso, rico en recursos naturales y con una enorme biodiversidad. Sin embargo, esta riqueza no se reparte de manera equitativa. La propiedad de la tierra se concentra en pocas manos y los intereses de las empresas trasnacionales han primado sobre las iniciativas comunitarias de desarrollo local.
El mapa de los recursos minerales e hídricos coincide con el mapa del conflicto armado. Regiones como el Magdalena Medio, el Catatumbo o los Llanos Orientales, entre muchas otras, abundan en oro, carbón, petróleo, tierras fértiles y agua dulce y también fueron de las más afectadas por el conflicto armado. Diferentes estructuras armadas han tenido presencia en la región y todavía la tienen. Hay que destacar que el Acuerdo de Paz firmado en la Habana solo lo fue con la guerrilla más antigua de América Latina, las FARC-EP. Todavía están activos unos 15 grupos armados al margen de la ley, como diferentes agrupaciones paramilitares, disidencias de las FARC-EP o estructuras del Ejercito de Liberación Nacional (ELN).
Asimismo, la militarización en el país es notable. Todo ello conlleva a enfrentamientos donde es la población civil la que sufre las consecuencias. Sin embargo, la trayectoria en la construcción de paz de las comunidades de estas regiones es de largo alcance: destacan el liderazgo campesino y comunal, los movimientos sindicales y obreros, y los movimientos estudiantiles en los aportes a la construcción de una sociedad libre de violencias.
Desde que se firmó el Acuerdo de Paz en 2016, las personas defensoras de los derechos humanos de los territorios de la ruralidad colombiana han trabajado para que se cumpla todo lo acordado. Destacamos el primer punto, en materia de reforma rural y el cuarto en materia de sustitución de cultivos de uso ilícito. Las claves para reformar un país históricamente desigual, donde el 1% sigue siendo el dueño del 80% de la tierra.
En este capítulo se escucharán las voces de liderazgos sociales del Magdalena Medio, Catatumbo y Meta, y analistas del conflicto y sus consecuencias en los territorios.
Olga Lucía Quintero es una de las lideresas y defensoras de los derechos humanos más visibles de la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT). Su lucha se ha enfocado en defender los derechos del campesinado en cuanto a la exclusión, el abandono y el despojo de sus tierras por décadas a causa del conflicto.
El trabajo de Quintero y de su organización se ha encaminado al reconocimiento y la representación política en diferentes escenarios para el campesinado. Y asimismo, a exigir que se implementen políticas en la reforma agraria y de desarrollo rural que ofrezcan otras alternativas para la solución al problema del narcotráfico.
Desde el Catatumbo y ASCAMCAT también habla María Carvajal, lideresa campesina que se ha enfocado, entre otros procesos, al tema de la sustitución voluntaria de cultivos de coca, marihuana y amapola establecida en el punto cuatro del Acuerdo, a través del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).
Muchas y muchos campesinos se acogieron al programa y arrancaron sus plantas de coca. Sin embargo, la comunidad rural ve como las ayudas prometidas no han llegado -o las que han llegado han sido insuficientes-. Además, el Estado (durante el mandato de Iván Duque) mandó operativos de erradicación forzada que crearon enfrentamientos con la comunidad.
María Carvajal
"El Gobierno y las multinacionales piensan en las riquezas del territorio, pero no en el campesinado"
Como afirma Carvajal: “El campesinado tiene la voluntad de sustituir los cultivos de coca, pero con garantías, porque no es arrancar por arrancar y dejar a la gente aguantando hambre”. Por esta razón, y para que se escucharan las voces desde los territorios, en el Acuerdo de Paz se crearon 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, o Curules de Paz, mediante las cuales las 16 zonas más castigadas por el conflicto armado tendrían representación de sus liderazgos sociales en el Senado. Aunque ya deberían de haber sido efectivas durante el pasado periodo electoral, en 2017 la ley para dar inicio a este proceso fue hundida, pero sí tuvieron lugar en las pasadas elecciones legislativas de 2022. Juan Carlos Quintero ayudó al senador Roy Barreras para resucitarlas mediante una acción de tutela.
Juan Carlos Quintero también forma parte de ASCAMCAT, como liderazgo social explica cómo fue el proceso para que las víctimas tuvieran un modelo reparador a partir de las curules de paz.
Juan Carlos Quintero
"Hoy el principal reto que tenemos para estas curules es que haya un pacto de no violencia en la política"
Sobre la defensa del territorio rural se expresa Irene Ramírez, presidenta de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC-RAN). Esta organización tiene como uno de sus pilares fundamentales la creación y protección de las Zonas de Reserva Campesina (figuras de protección del territorio), para que se reconozcan como territorios de paz y vida digna para el campesinado.
Desde la ACVC-RAN se exige la transformación de la tierra desde una perspectiva de igualdad, reivindicando los derechos históricos incumplidos debido al desplazamiento forzado, que ha desgarrado pueblos y comunidades en todo el país.
Ramírez es un ejemplo de mujer lideresa en la que muchas defensoras se sienten representadas en la región. Tal y como ella destaca: “Desde el comité de mujeres de la ACVC-RAN, intentamos empujar a mujeres que vemos que son muy capaces en la región y con grandes dotes de liderazgo. Si nosotras mismas no exigimos nuestros derechos y no nos representamos, no esperemos que los compañeros lo vayan a hacer”.
En Colombia, el 1% es dueño del 80% de la tierra
La violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos
Desde la firma del Acuerdo de Paz han sido asesinadas más de 1.300 personas defensoras de los derechos humanos, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz. Para Amanda Vásquez, una de las razones principales es el compromiso por la paz y la exigencia de lo firmado en La Habana. Vásquez es lideresa de la Fundación por la Defensora de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Oriente y Centro de Colombia (DHOC). Ella trabaja en el municipio de Vista Hermosa, en el departamento del Meta y sabe bien de lo que habla al referirse a la persecución y estigmatización de quienes defienden los derechos humanos: en 2014 sufrió un falso positivo judicial cuando la acusaron de rebelión y pertenencia a las FARC-EP. Más tarde se demostró que no había pruebas para tal acusación y fue liberada. Nunca le pidieron perdón.
Vásquez alude a la violencia que se ha ejercido contra los liderazgos sociales en el territorio desde la firma de los Acuerdos de Paz, algo que no se esperaba.
Amanda Vásquez
"A veces perdemos la esperanza, pero hay que seguir luchando"
Vásquez dice que no se esperaba que la paz costara la vida de tantos liderazgos sociales. Y es que así lo destaca Indepaz, organización que contabiliza, no solo los asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos, sino también los homicidios a personas firmantes de paz y las masacres. Su presidente, Camilo González, analista, gestor de paz y memoria histórica explica la situación de violencia que existe en los territorios a pesar de la firma de los Acuerdos de Paz, y el negacionismo de ciertos sectores al impulso o la transición al posconflicto.
La construcción de la paz es un proceso complejo, como afirma González. Sin embargo, el analista también resalta que a pesar de las cifras de la violencia, se está viendo la emergencia de una revolución de conciencia, de organización y de exigencia por la paz, especialmente desde la juventud, tan visible durante las protestas del Paro Nacional en 2021.