Una de las primeras acciones de este gobierno del cambio es garantizar los derechos de aquellas personas que han estado en los territorios y sectores más excluidos, y que más han sufrido la desigualdad abismal que existe en Colombia. Francia Márquez será la responsable de la equidad regional a través del nuevo Ministerio de Igualdad.

De hecho, desde los territorios, definen la figura de Márquez como la decisiva para que Colombia tuviera por primera vez un gobierno de izquierdas. Yenidia Cuéllar, lideresa social de la región del Magdalena Medio, de la Coordinadora de Mujeres de la Zona de Reserva del Valle del Río Cimitarra y la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC-RAN), afirma que la llegada por primera vez de una mujer afrocolombiana al poder representa un hito histórico para el país, para las mujeres.

¿HACIA LA PAZ TOTAL?

La discusión sobre la paz volvió a instalarse en Colombia, conscientes de la necesidad de finalizar con más de seis décadas de violencia y conflicto armado. El nuevo Gobierno instauró la ley de la Paz Total como mandato constitucional y política de Estado, la cual permitirá poder realizar acercamientos y construir negociaciones con las más de 15 estructuras armadas existentes en el país y poder así tratar de poner fin a todas las violencias mediante el diálogo.

La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), nacida bajo el influjo de la revolución cubana e inspirada en la teología de la liberación, concentraba buena parte de las expectativas, y desde el pasado 21 de noviembre volvió a retomar en Venezuela los diálogos que quedaron suspendidos con el Presidente Juan Manuel Santos hace cuatro años. Paralelamente, ya se inició una fase exploratoria para diálogos con otros grupos y estructuras ilegales como las llamadas disidencias de las FARC de Ivan Márquez y con el Clan del Golfo, heredero de los grupos paramilitares. Además, desde inicios de 2023, el Gobierno ha anunciado varios ceses bilaterales entre grupos armados de carácter ilegal y las fuerzas del Estado. Según Camilo González, presidente de Indepaz, Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, es un hecho extraordinario, pues se está hablando de aproximadamente 80 estructuras entre frentes y estructuras, que tendría un impacto en, al menos 350 municipios.

Para Carolina Hoyos, que exista este Gobierno hoy, es una garantía para la implementación del Acuerdo de Paz. Ella es abogada, especialista en derecho constitucional y defensora de los derechos humanos en el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda desde hace más de 15 años. Durante su labor, ha representado a víctimas de violaciones a los derechos humanos, especialmente en casos de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales.

Pero este reto de la Paz Total, como la llama el nuevo Gobierno, no será fácil. Colombia es, tras la República Democrática del Congo, el segundo país del mundo con más organizaciones criminales del mundo, según el último informe de la Iniciativa Global con el Crimen Organizado Transnacional (GITOC). Al comisionado de Paz del Gobierno, Danilo Rueda, le corresponde implementar buena parte de esa nueva reglamentación de la Paz Total. Para Rueda, sin embargo, no habrá Paz Total sin justicia social, económica y ambiental.

Sobre estos derechos básicos insatisfechos a los que alude Rueda son los que llevaron al Paro Nacional de 2021, que fue una continuidad de la movilización de noviembre de 2019 y que continuó hasta marzo de 2020. El 28 de abril de 2021, tras la aprobación de una nueva reforma tributaria, se reactivó el estallido social, el cual se caracterizó por ser una movilización social con más adhesión y fuerza que la anterior, tener un carácter muy urbano -sobre todo en grandes ciudades como Cali-, la implicación de la juventud, y ser un espacio de coexistencia de diversas demandas históricas de la población -educación, sanidad, medio ambiente, reforma agraria, defensa de la tierra e implementación del Acuerdo de Paz-. La respuesta por parte del Gobierno y la fuerza pública fue la represión. Temblores ONG fue una de las organizaciones que contabilizaron las cifras de violencia estatal durante las movilizaciones; Alejandro Lanz, es su cofundador.

El paro nacional tuvo un gran impulso y protagonismo de las personas jóvenes. Fue la antesala de los resultados electorales, así como de muchos de los cambios que han sucedido en Colombia en los últimos años.

Daniela Santos es trabajadora social de la Universidad Nacional de Colombia e investigadora del área de género del OBJUN (Observatorio de Juventud de la Universidad Nacional de Colombia) feminista y activista en temas de género. Hoy como migrante en España mira con ojos críticos el concepto de “Paz Total”.

Para Santos, el movimiento juvenil ha sido el que han llevado el cuerpo de la protesta y la insatisfacción a la calle. Y, especialmente, quienes estuvieron de frente en el estallido social para lograr cambios políticos y sociales. Asimismo, desde una mirada crítica afirma que:

Sin embargo, el presidente Gustavo Petro ha reiterado en diferentes foros internacionales que Colombia no logrará nunca una paz duradera si no se transforma la política internacional de las drogas. No quiere que Colombia, principal exportador de cocaína del mundo, reciba subvenciones en función del número de cultivos erradicados ni de capos arrestados. Considera que los jefes son reemplazados y las plantaciones vuelven a levantarse en otro lugar, lo que hace que el problema persista. Quiere que Estados Unidos ayude a la preservación de la selva para luchar contra el cambio climático y entablar acuerdos con grupos armados que se dedican al tráfico de drogas para que se sometan a la ley, bajo la promesa de que no serán extraditados a EE.UU. Así lo expresó en su discurso ante la ONU, donde cargó con dureza contra la guerra contra las drogas, que consideró un fracaso.

Esta paz pasa también por cumplir con la implementación de los Acuerdos de Paz, especialmente el punto uno que habla de la reforma agraria y el punto cuatro sobre la sustitución de cultivos de uso ilícito. El compromiso del Gobierno es cumplirlo y hacer una ambiciosa reforma rural más allá del acceso a la tierra, con transformaciones en los territorios para hacerla productiva. En octubre pasado, el Gobierno y el gremio de ganaderos Fedegán firmaron un acuerdo para la compra de tres millones de hectáreas de tierra que se entregarán al campesinado.

Pero no solo es importante una reforma rural, sino también acabar con los asesinatos de liderazgos sociales y personas firmantes de paz. El nuevo gobierno impulsó un Plan de Emergencia para la protección de estas personas con diferentes medidas, como la implantación de más de 60 puestos de mando unificados en los municipios con mayores índices de violencia.

Otra medida es la conformación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que debe verificar que se cumpla la estrategia y recomendar cómo aplicarla, así como evaluar y sacar a las personas más amenazadas de los territorios. Igualmente, la Unidad Nacional de Protección trabaja para reducir tiempos de estudios de seguridad y ampliar esquemas de seguridad colectivos.

El nuevo Gobierno también ha iniciado los llamados Diálogos Regionales Vinculantes para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo de los próximos cuatro años. Se trata de un recorrido por los territorios del país en el que se han abierto procesos participativos con las comunidades para saber que se quiere construir y visualizar en esas regiones.

Además, en estos meses que lleva el nuevo Gobierno, hay también otras acciones y gestos que denotan una nueva manera de gobernar y una nueva mirada a los problemas del país. El restablecimiento de las relaciones integrales con Venezuela, la apuesta en unión con Brasil por salvar la selva amazónica como elemento fundamental en la lucha contra el cambio climático, hacer girar la economía alrededor de la vida y luchar firmemente por el medioambiente, con la propuesta de una transición energética que pase de una economía extractivista a una economía productiva. Y también la renovación de las fuerzas armadas y la policía, la creación de un servicio social para la paz que sustituya al servicio militar obligatorio, la aprobación del acuerdo de Escazú o una ambiciosa agenda de reformas sociales como la reforma tributaria, de la salud o pensional.

Y aunque hoy Colombia tiene un Gobierno favorable a los derechos humanos, sin los procesos organizativos propios de las comunidades no se podrá hacer todo el ejercicio de articulación necesario para que, como destaca Francia Márquez, toda la población pueda ‘Vivir Sabroso’.