El Informe concluye con múltiples recomendaciones y priorizando diferentes temáticas enfocadas en seguridad, narcotráfico, impunidad, víctimas o construcción de paz, entre otras. Todo con un objetivo en construir una agenda clara, real y efectiva para avanzar hacia la convivencia y la no repetición, cuestiones que el nuevo Gobierno se comprometió a tener en cuenta. Sin embargo, ocho meses después de posicionarse Petro como presidente, el Congreso con sus mayorías conservadoras dejó fuera del Plan Nacional de Desarrollo el artículo ocho, que hacía referencia a la implementación de las recomendaciones del Informe Final de la CEV. Una decisión que supone una ruptura con el compromiso de dignificación con las víctimas del conflicto armado.

Leyner Palacios, superviviente de la masacre de Bojayá, en la región del Chocó, y uno de los once comisionados de la CEV cree que el Informe ha de lograr un compromiso con la reconciliación, hecho que se alcanza desde el diálogo entre diferentes sectores de la sociedad civil, pero también reconociendo ese pasado desgarrador para que a partir de eso exista una necesidad de apostarle a una paz duradera. Por su trabajo actualmente, Leyner ha sufrido diferentes ataques y amenazas.

Por otro lado, Carlos Martín Beristain es médico y psicólogo español, asesor de varias comisiones de la verdad en diversos países y también comisionado en la CEV en Colombia, involucrado especialmente en la investigación del capítulo del exilio. Para él, el Informe debería servir para tomar conciencia de lo que ha sucedido y que no vuelva a repetirse.

El rastro de la desaparición

El Informe Final de la Comisión de la Verdad indica que en Colombia hay 121.768 personas desaparecidas como consecuencia del conflicto armado. Son miles y miles de personas que viven con la angustia de no saber dónde están sus seres queridos, lo que ocurrió o si están vivos o muertos. Una búsqueda de la verdad, pero también de unos restos y de mantener la memoria viva.

María Cristina Rueda vive en Barrancabermeja, en el departamento de Santander. Ella es una de las miles de personas que, tanto dentro como fuera de Colombia, continúa buscando a su familiar, el padre de su hija, desaparecido el 14 de julio de 2001.

Para Rueda, es importante que el Estado, al menos, sea garante de proporcionar ayuda psicológica a los familiares que buscan a sus desaparecidos, ya que supone un trauma que continúa hasta saber qué ocurrió. Además, cuenta cómo su padre tuvo el mismo número de teléfono durante 15 años por si él llamaba.

La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad permanente, pues se sigue cometiendo hasta que se encuentre a la persona, sus restos o una evidencia de lo que ocurrió. En Colombia, fue tipificada como delito en el código penal en el año 2000. Hasta esa fecha, lo único que podían hacer los familiares de las personas desaparecidas, en materia penal, era buscar una investigación por secuestro simple. Originalmente, la desaparición forzada, tanto para la ONU, como para la Convención Interamericana, es un acto cometido por “agentes estatales, o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado”. Lo que ocurrió en el caso colombiano es que se estableció que la desaparición forzada podía cometerse no solo por parte de agentes estatales, sino también por parte de particulares.

Deidania Perdomo forma parte del Colectivo Orlando Fals Borda en el departamento del Meta, dando apoyo a familiares que buscan a sus seres queridos, en la identificación e investigación de fotografías y afiches para mostrar a las comunidades que no tienen acceso a la información. Un trabajo que, al mismo tiempo, es su historia de vida, pues ella misma tiene siete familiares desaparecidos. Para Perdomo, la desaparición forzada es una violencia lenta que se vive a diario, una lucha continua por saber qué ocurrió.

La búsqueda de las personas desaparecidas es un derecho que tienen las víctimas. La creación de la Unidad de Búsqueda busca contribuir a la satisfacción de ese derecho, a través del proceso de búsqueda y localización de personas que puedan encontrarse con vida y, en los casos de fallecimiento, siempre que sea posible, la recuperación, identificación y entrega digna de los cuerpos. La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) tiene un mandato de 20 años. Luz Marina Monzón, su primera directora hasta febrero de 2023, explica los avances conseguidos y los procesos de búsqueda que se han cerrado en estos primeros años de funcionamiento.

La lucha contra la impunidad

La Jurisdicción Especial para la Paz, el sistema encargado de juzgar los crímenes más graves cometidos durante medio siglo de conflicto armado entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las FARC-EP, está considerada como la columna vertebral de los Acuerdos de Paz. El jurista Eduardo Cifuentes, presidente desde 2020 hasta 2022 de este alto tribunal, defiende el trabajo de esta institución y el modelo de justicia transicional que representa como parte de la lucha contra la impunidad, donde los responsables tendrán que admitir la verdad y asumir responsabilidad, o someterse a un procedimiento en el que se les puede imponer penas hasta de 20 años.

La JEP ha abierto hasta ahora siete macrocasos, entre ellos el de reclutamiento de niñas y niños, y su utilización en el conflicto; así como el secuestro, el exterminio de la Unión Patriótica o las ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército colombiano en los llamados falsos positivos. Además de estos siete, está la perspectiva de abrir tres más. Para la abogada defensora de los derechos de las mujeres y gran conocedora de la JEP, Edith Puerto, existen tres grandes casos que deberían estar. Uno es el de la desaparición forzada, que ni siquiera se ha propuesto abrir, y los otros dos, el de desplazamiento y el de violencia sexual, que sí tienen vistas a poder abrirse. Puerto confía que con el nuevo contexto político la JEP pueda arrojar buenos resultados en encontrar la verdad y determinar quiénes fueron los responsables de las graves vulneraciones a los derechos que se cometieron en este conflicto. Además de paliar la gran deuda que existe con las mujeres en Colombia.