Taller medioambiental contra el extractivismo

Quién es quién en el subsuelo colombiano

La movilización ciudadana intenta frenar el aumento del extractivismo en el país

Rescato el libro de la estantería y hojeo sus páginas mientras busco entre los capítulos los fragmentos dedicados a Colombia. Me pregunto: ¿Si Eduardo Galeano escribiera en 2017 ‘Las venas abiertas de América Latina’, sobre qué versarían las líneas de este país? En 1971, fecha de la primera edición, el periodista y escritor uruguayo recogió en su ensayo la explotación bananera y del café además de los años de violencia entre 1948 y 1957. Sin embargo, me aventuro a pensar que a fecha de hoy sus palabras irían dirigidas hacia la extracción de minerales e hidrocarburos, el también llamado “extractivismo”, o nuevo método para desangrar las tierras colombianas.

El extractivismo es uno de los más graves problemas ambientales que asolan el país. Por ello, una de las mesas temáticas del IV Campamento Ecológico de la ACVC celebrado entre el 10 y 12 de noviembre en la Ciénaga de San Lorenzo (municipio de Cantagallo, Sur de Bolívar) se centró en este tema. Durante la jornada de trabajo en la que se trató el impacto de estos proyectos minero-energéticos, Franco Hernán, coordinador del equipo técnico de la ACVC, alertó de las nefastas consecuencias que pueden tener para las tierras, aguas y comunidades del Magdalena Medio las exploraciones mineras llevadas a cabo por transnacionales.

Pero, ¿cuál es el significado del concepto ‘extractivismo’? Según el historiador Renán Vega Cantor, el extractivismo consiste en la explotación de minerales e hidrocarburos, pero no sólo eso, sino que también responde a “un modelo económico y social en el que los recursos de un territorio (materia, energía, biodiversidad y fuerza de trabajo) fluyen hacia los centros dominantes del capitalismo mundial”. Además, el conjunto de actividades económicas que incluyen este modelo tiene derivaciones sociales, políticas, ideológicas, culturales e incluso militares.

Durante más de una década los gobiernos colombianos han promovido el crecimiento del sector extractivo y lo han implantado como determinante en la economía del país. Desde el primer mandato de Álvaro Uribe en 2002 aumentaron las concesiones de títulos mineros y, de esta forma, se generó una dependencia económica hacia la inversión extranjera que ha continuado bajo los ejecutivos de Juan Manuel Santos. El informe de EITI 2014 – 2015 (Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas) muestra que el sector minero-energético representa el 7% del PIB y alrededor del 50% de las exportaciones del país.

Aunque esta práctica devastadora se extiende por toda Latinoamérica, expertos ambientalistas coinciden en señalar el caso de Colombia como el más preocupante. En 2014 un equipo internacional coordinado por investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona creó el mapa Atlas Global de Justicia Ambiental, una plataforma interactiva que recoge los conflictos ambientales de todo el mundo. Cuando se publicó, Colombia registraba 72 casos, sólo por detrás de la India. Desde esa fecha, se ha producido un incremento y actualmente la suma asciende a más de 110 casos en territorio colombiano

La tendencia ascendente guarda relación con el proceso de paz. Según señala la ambientalista Tatiana Roa Avendaño en su artículo Pax extractivista o paz con justicia social y ambiental, a lo largo de 2016, tanto el presidente Santos, como directivos de Ecopetrol y otras empresas han reiterado la importancia del desarrollo petrolero en el postconflicto. Avendaño recuerda que el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos Francisco José Lloreda Mera manifestó, la misma semana que se firmaba el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC en septiembre de 2016, que “el sector petrolero es fundamental para garantizar una paz estable y duradera”.

Movilización ciudadana

Frente al modelo extractivista la movilización ciudadana se ha convertido en una poderosa herramienta de protesta. Ya en 2013 se celebraron dos consultas populares en los municipios de Piedras (Tolima) y Tauramena (Casanare). En ambos casos más del 90% de los votantes se manifestó en contra de un megaproyecto minero y de la explotación de hidrocarburos en los territorios. Sin embargo, fue a partir de agosto de 2016 cuando la sentencia T-445/2016 emitida por la Corte Constitucional abrió una nueva posibilidad. Así se recogía en el fallo: “Los entes territoriales poseen la competencia para regular el uso del suelo y garantizar la protección del medio ambiente, incluso si al ejercer dicha prerrogativa terminan prohibiendo la actividad minera”.

En los últimos meses se han multiplicado las iniciativas de las comunidades para expresar su disconformidad con estos proyectos. El primer caso significativo fue en Cajamarca, un municipio del Tolima de unos 22.000 habitantes que sentó un precedente en Colombia. Después de más de ocho años de pelea con la multinacional Anglo Gold Ashanti para el proyecto de la mina de oro La Colosa, el 26 de marzo la ciudadanía fue convocada para responder. Tan sólo una pregunta necesaria: “¿Está de acuerdo sí o no con que en el municipio de Cajamarca se ejecuten proyectos y actividades mineras?” La respuesta, categórica: el 97,92% de los votantes contestó “NO”.

A Cajamarca le siguieron otros municipios: Cumaral (Meta), Pijao (Quindío), Granada (Meta), Jesús María (Santander), Sucre y El Peñón (Santander), Arbeláez y Une (Cundinamarca). La lista continúa. Según destaca la ambientalista Avendaño, todas las consultas se han ganado y hay más de 40 en trámite. Los megaproyectos extractivos, por tanto, no reciben el permiso de la gente, aunque las autoridades estatales desoyen los resultados y sí que prestan su apoyo a estas industrias.

Páramo de Santurbán

El caso del Páramo de Santurbán, situado entre los departamentos de Santander y de Norte de Santander, ocupa estos días los periódicos nacionales. La Corte Constitucional tumbó a principios de noviembre la delimitación del páramo que se estableció en 2014 para poder emprender un proyecto extractivo. El fallo dice que la delimitación no es válida porque no se tuvo en cuenta la opinión de la comunidad.

Con una gran biodiversidad biológica y capacidad para abastecer de agua a 2,2 millones de personas, la preservación de este ecosistema mantiene a ambientalistas y plataformas en defensa del agua en un pulso con el gobierno y empresas transnacionales desde hace años. En 2011, la canadiense Greystar pretendía poner en marcha el proyecto Angosturas para la explotación aurífera, sin embargo, la multitudinaria marcha celebrada en Bucaramanga contra la licencia ambiental consiguió que retirara su solicitud. Más tarde, Greystar se convirtió en Eco Oro y luego vino Minesa SA, de origen saudí.

El alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, pretende recolectar 500.000 firmas en contra de la minería en el páramo. Esta iniciativa se suma al trabajo del Comité por la Defensa de Santurbán y a la ciudadanía bumanguesa que no duda en salir a las calles a cada nuevo envite. Además, la Procuraduría ha pedido a la Unesco que declare los páramos de Colombia Patrimonio Natural de la Humanidad para frenar la explotación extractivista. No obstante, el apoyo para salvaguardar el páramo se contrapone a las decisiones del Gobierno. Recientemente el ministro de Minas, Germán Arce, visitó Emiratos Árabes para reunirse con accionistas del proyecto Minesa y aseguró que la Agencia Nacional de Minería ya aprobó el plan de trabajo, sólo falta esperar la licencia ambiental.

En este manido David contra Goliat, el empuje de las comunidades en sus eternas luchas contra los gobiernos y las megas-trans-multis empresas logrará preservar una vez más Santurbán. Para que no se realicen más exploraciones agresivas, para que no más explotaciones salvajes devasten la tierra.

Gracias al IV Campamento Ecológico de la ACVC desde IAP podemos apenas conocer la problemática que conlleva para las comunidades un subsuelo cargado de riqueza. Pienso en el mágico atardecer que se contempla desde la barca en la Ciénaga de San Lorenzo. Si me apropio de expresiones colombianas, me siento no sólo una privilegiada, sino también algo “bendecida” por poder presenciarlo. Sobre las tibias aguas la luz se descompone y el arcoiris se posa sobre la superficie. No se puede tolerar que hagan de los suelos sobre los que se asienta tanta belleza un queso gruyer y que por ahí se cuele toda la riqueza de estos territorios.

Extractivismo en Colombia

Puesta de sol en la Ciénaga de San Lorenzo (Marta Saiz)


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