Ana, de IAP, junto a E. Montilla y C. Fagua de DHOC en la entrega de premios Diakonia

Las mariposas amarillas tienen que volar

IAP acompaña a la fundación DHOC, finalista de premio nacional de DDHH

Una semana antes, Monti me dejó un mensaje de voz para preguntarme si yo también estaré allá, porque “le han dado el permiso” para viajar a Bogotá y estará en la entrega de premios de DIAKONÍA. Ese es uno de los momentos por los que merece la pena trabajar en esta vaina de los derechos humanos.

Esmer Montilla vive con su mujer en Villavicencio, es el presidente de la Fundación DHOC para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Oriente y Centro de Colombia, es líder social agrario y defensor de derechos humanos, deporte de riesgo en este país.

IAP acompaña a DHOC desde hace varios años, y son ya muchas las veredas recorridas con Montilla, Daza, Rojas o Doris. Recuerdo ahora las palabras de un compañero de IAP, Miguel, cuando contaba cómo un día, durante el regreso de un acompañamiento con Natalia, otra compañera, les llaman para comunicarles que acaban de detener a Montilla y a otros 3 compañeros de la Fundación, alegando cargos de rebelión y retención ilegal, y se los llevan a todos a prisión.

De eso han pasado ya más de 2 años, y tuvieron que pasar 15 meses para que a Montilla le dejaran empezar a pagar “casa por carcel” y al menos pudiera disfrutar de la prisión domiciliaria. Han tenido que pelear mucho los abogados de la fundación, para que ahora al menos tenga el permiso de poder circular por el casco urbano de Villao.

Por desgracia esta historia se repite por los diferentes rincones de Locombia. Aún recuerdo mi primer acompañamiento hace casi dos años, cuando Don R., de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC), nos cuenta entre tinto y tinto cómo fue la cuarta vez que lo metieron en prisión, dice que esa última ya “le dió duro” porque tenía mujer e hijos fuera de la cárcel. Y después de escucharle hablar o ver cómo salen de allí, empiezas a entender que una cárcel aquí no es una estancia precisamente de lujo.

Pocas veces he tenido la oportunidad de hablar con Don G., pero una de ellas aprovecho para preguntarle el por qué del símbolo de la tortuga (el logo de la ACVC) y me cuenta que más allá de ser el símbolo del Cimitarra (hartas tortugas se encuentran por allá), es el símbolo de un proceso campesino que se mantuvo en la resistencia cuando llegaron las 16 órdenes de captura para toda la directiva de la organización: “La tortuga aguanta el golpe con el caparazón, y cuando todo pasa, saca la cabeza de nuevo y a seguir caminando”.

(Nota 1: Don R. y Don G. son destacados dirigentes de la ACVC, de los que, por proteger su intimidad y la de su familia, preferimos no citar los nombres)

Según un informe de la Fundación para la Solidaridad y la Defensa, en el año 2010, organizaciones acompañantes y los propios prisioneros entregaron un documento en el que se estimaba la existencia de 7.500 prisioneros en Colombia por motivos políticos. Parece ser que para el 2015 este número habría crecido a los 10.000. Y digo parece ser, porque por más que se busca, resulta complicado poder estimar el número de prisioneros por cuestiones políticas o ideológicas que actualmente hay en el país.

Esa dificultad reside por una parte en la modificación de la Corte Constitucional en el 96, que desnaturalizó y desapareció en la práctica el “delito político”, lo que hace prácticamente imposible argumentar en un tribunal que las conductas de los imputados corresponden a lógicas ideológicas; y de otra por el desconocimiento y la negación por parte del Estado de la existencia de este grupo de población en los centros penitenciarios. Y como no era de extrañar, este grupo lo encabezan líderes y lideresas sociales, esencialmente activistas agrarios, estudiantes y personas pertenecientes al movimiento social colombiano.

Los tristemente conocidos como falsos positivos judiciales continúan siendo otra parte más de la guerra sucia contra el movimiento social. Fueron una práctica que se empezó a agravar durante la época más dura del uribismo, y básicamente consiste en atribuir cargos por supuestos delitos tales como rebelión, protesta ilegal, retención ilegal o secuestro, asociación o cooperación con la insurgencia, etc. Estos cargos se veían respaldados -y, tristemente, se siguen viendo- por supuestas afirmaciones, declaraciones o testimonios de personas que aseguraban que esas atribuciones eran ciertas, y que habían visto a tal persona o tal otra cometer esos delitos. Casualmente son atribuciones difíciles de defender o desmontar en un juicio, y son los líderes y lideresas sociales de toda índole los que son acusados, dejando ver la intencionalidad de descabezar el movimiento social, desmontar procesos y desgastar la lucha pacífica.

Esta entrega de premios a defensores y defensoras de derechos humanos está convocada por la organización Diakonía con el apoyo de la Iglesia Sueca desde hace varios años, y gozan en la actualidad de un alto prestigio y credibilidad por parte del estado colombiano.

Este año IAP propuso la nominación de la Fundación DHOC con el fin de reconocer su trayectoria por la defensa del territorio y de las comunidades rurales en el Centro y Oriente de Colombia, algo que como ya vemos les sigue costando la vida y la libertad a las personas que se dejan el pellejo cada día. La alegría inmensa de saber que la Fundación era finalista en la categoría de ONG fue entendida como un reconocimiento a su valía, y el 18 y 19 de Septiembre se celebró en Bogotá un encuentro con todos/as los finalistas donde se realizaron conversatorios, debates, y la ceremonia de entrega de premios.

La alegría en el corazón llegó al saber que a Montilla le habían dado autorización para salir de Villavicencio y asistir a la ceremonia como representante de DHOC, un permiso que queremos entender como un reconocimiento a su labor como DEFENSOR (así, con mayúsculas) de derechos humanos, como líder social y como persona que le apuesta a la paz en este país. Sin embargo es inevitable no pensar en la incoherencia de un sistema judicial y estatal que, apoyando abiertamente una ceremonia como esta, le reconoce ese valor y su derecho a la libertad de expresión y a la defensa de los derechos del campesinado, al tiempo que continúa impidiéndole gozar de una libertad efectiva, y continúa sin poder dar una respuesta firme y clara ante la violación sistemática de derechos humanos que vive hoy en cada mariposa amarilla que sigue encerrada en alguna cárcel colombiana.

(Nota 2: Afortunadamente, y gracias a un gran trabajo del equipo jurídico de la Fundación DHOC, Esmer Montilla ha recuperado la libertad de movimientos dentro del país, aunque aún debe presentarse ante la autoridad cada 15 días. Esta gran noticia nos llegó a los pocos días de ser escrito el presente artículo)

Como siempre, lo que te deja atónita es la capacidad de resiliencia de cada una de esas personas acosadas, maltratadas y víctimas de la violencia, y esos dos días en la entrega de premios tuve la oportunidad de seguir conociendo a verdaderos y verdaderas peleones, personas que continúan dando su vida por esto. La pena es que algunas de ellas, incluso nominadas y finalistas, no pudieron estar presentes porque ellas no tuvieron la suerte de Monti, y cuando estás en la cárcel no te dan esos privilegios de asistir a tu propia entrega de premios como defensor o defensora de derechos humanos.

Desde hace ya unos meses se viene utilizando en el ámbito del movimiento social colombiano eso de “que la paz no nos cueste la vida”, hastag tristemente de moda en Colombia. Incluso desde IAP hacemos parte de la campaña internacional por la paz y por la vida: Colombia Peace&Life.

La verdad, no sé de cuántas campañas tendremos que hacer parte, o cuántos trending – o tremending- topic tendrán que conseguirse para que esto mejore.

Las cosas están feas, tanto como que sólo en estos días mientras se escribía este artículo, en Tumaco (departamento de Nariño) han sido asesinados 9 campesinos por defender su derecho a la implementación del acuerdo de paz, masacre que genera muchos temores y dudas a cerca de una presunta responsabilidad estatal. Por el momento la única respuesta clara han sido disparos al aire y balas aturdidoras a la comisión de verificación que llegó a la zona formada entre otros por representantes de la ONU y la OEA.

Al parecer, entonces, sí, tendremos que seguir poniendo de moda la misma frase.

Que la paz no les cueste la vida.

Esmer Montilla, de la fundación DHOC, finalista del premio nacional de DDHH Diakonia

Esmer Montilla, de la fundación DHOC, finalista del premio nacional de DDHH Diakonia


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