IAP apoya la campaña internacional Colombia Peace & Life

Desde la comunidad internacional queremos expresar nuestra preocupación por las dificultades y amenazas contra la implementación de los acuerdos de paz en Colombia y las agresiones contra la seguridad de los líderes y lideresas sociales y personas defensoras de los derechos humanos.

Con la firma y posterior refrendación de los Acuerdos de Paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC-EP en noviembre del 2016, Colombia inició una nueva etapa de su historia, en la que se adivinan dos grandes retos: la implementación de lo acordado y la construcción de una paz justa y duradera. Es una etapa llena de oportunidades, pero también de riesgos.

A la oportunidad de superar las inequidades y la violencia enquistada durante décadas y sentar las bases de una sociedad en la que se respeten plenamente los derechos humanos se contrapone el grave riesgo en el que se encuentran los líderes y lideresas sociales y las personas defensoras de
derechos humanos, así como una serie de dificultades y retos que deben ser superados para llevar a la práctica lo pactado en la mesa de negociación.

De acuerdo a Indepaz, en apenas seis meses las amenazas, atentados y homicidios contra lideres(as) sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, han alcanzado cifras alarmantes: 42 personas han sido asesinadas por su pertenencia a movimientos sociales campesinos, indígenas o afrodescendientes, y 9 personas han sido asesinadas por su relación directa con las FARC-EP (familiares o guerrilleros indultados).  Grupos al margen de la ley y grupos paramilitares como las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia o las Águilas Negras, son responsables de la mayoría de estos ataques y muertes, hechos que hacen parte de una estrategia para tomar el control territorial en zonas donde antes había presencia de las FARC – EP3. A pesar de los numerosos testimonios de comunidades acerca de la presencia de estos actores en su territorio, en ocasiones en convivencia con fuerzas militares del ejército colombiano , el gobierno nacional no ha querido aceptar oficialmente la existencia de estas estructuras sucesoras del paramilitarismo, calificándolas como bandas criminales o narcotraficantes. De esta forma, se trata de casos de amenazas, ataques y asesinatos que no están siendo investigados o esclarecidos.

A la par, aunque el proceso de implementación de los acuerdos no se detiene y se están realizando importantes esfuerzos desde ambas partes negociadoras para llevarlo a buen puerto, los tiempos pactados se han dilatado por los retrasos en la adecuación de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) donde se está realizando la dejación de armas y los guerrilleros y guerrilleras comenzarán su reincorporación a la vida civil ). Así mismo, otra gran preocupación está relacionada a los retos y obstáculos que se están presentando en el proceso de renegociación del Acuerdo que ha implicado su materialización en leyes, programas y acciones concretas. Se trata de procesos que han avanzado de forma muy lenta, lo que está generando una gran incertidumbre en la sociedad en general, pero sobre todo –y de forma más crítica- en los grupos de guerrilleros que se encuentran concentrados en las ZVTN, en las comunidades que habitan en regiones donde se ha vivido el conflicto y que tienen expectativas hacia una paz territorial, y también en la organización guerrillera del ELN, que viene adelantando una segunda ronda de conversaciones de paz con el gobierno colombiano.

Por ello, desde muchos sectores se ve con preocupación el momento por el que atraviesa la implementación del Acuerdo, así como la situación de seguridad en la que se encuentran cientos de líderes(as) defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia.

Como miembros de la comunidad internacional, queremos acompañar el proceso que se vive actualmente en Colombia, poniendo en marcha la presente Campaña por la Paz y la Vida, con el interés de llamar la atención a nivel internacional sobre el avance en la implementación del Acuerdo de Paz, así como de visibilizar y apoyar a líderes (as) sociales y personas defensoras de derechos humanos ante las amenazas que sufren. A través de la misma, queremos incidir en los siguientes temas:

  • Es urgente implementar las medidas previstas en el Acuerdo de Paz para proteger la vida de los líderes(as), defensores y defensoras de derechos humanos amenazados por su labor, y hacer el debido reconocimiento de la misma como un aporte fundamental a la paz en el país.
  • Es necesario cumplir con lo pactado en el Acuerdo de Paz y mantener los compromisos asumidos por las partes en relación a los 6 puntos negociados en La Habana
  • Asimismo, se debe reconocer por parte del gobierno colombiano la existencia, consolidación y rearme de grupos paramilitares en zonas rurales y urbanas, y así consecuentemente actuar desde todas las instancias pertinentes para su desmantelamiento real y para sancionar disciplinaria y penalmente a agentes del Estado que actuando de manera ilegal apoyen o encubran las acciones de estos grupos.

Apoyan:
Iglesia Sueca
Diakonia
Forum Syd
Latinamerika Grupperna
Associació Catalana per la Pau
The Swedish Fundation for Human Rights
Swe For
OIDAHCO
International Action for Peace

 


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