Comisión de verificación en La Unión, San Pablo Bolívar

¿Erradicaciones forzadas o paz?

Comunidades campesinas reclaman al gobierno que cumpla con la sustitución concertada de cultivos de coca.

El 5 de octubre en Tumaco, Nariño, seis personas mueren a manos de la fuerza pública. Comunidades de campesinos, indígenas y afrodescendientes que protestaban pacíficamente contra las erradicaciones forzadas de la hoja de coca. Tres días más tarde es atacada una comisión de verificación que investigaba los hechos ocurridos. Y el 17 de octubre es asesinado José Jair Cortés, líder social y miembro del Consejo Comunitario de la zona de Tumaco, quien, tras denunciar los hechos ocurridos, había pedido medidas de protección y seguridad.

La masacre de Tumaco representa un incumplimiento de los acuerdos de paz firmados en La Habana entre FARC-EP y Gobierno Colombiano, concretamente del punto cuatro sobre la solución al problema de las drogas ilícitas, que integra el Plan Nacional para la Sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS), cuyos objetivos pasan por la sustitución de cultivos de uso ilícito en pro de cultivos agropecuarios, la superación de las condiciones de pobreza de las comunidades afectadas, la vinculación de cultivadores y no cultivadores de hoja de coca, la integración del campo a la ciudad o el fortalecimiento de las organizaciones campesinas y de la confianza entre los diferentes actores del conflicto.

Harold Ruiz, integrante de la gobernación de Nariño, en una entrevista en Pacifista explica que las comunidades de Tumaco ya habían manifestado el deseo de acogerse a las directrices del PNIS. El 29 de mayo se había firmado un acuerdo municipal con representantes del Gobierno y las FARC.

La confrontación del municipio viene dada a que Tumaco encabeza el ranking de hectáreas de coca sembradas, por lo que es un foco permanente de conflictos territoriales entre guerrillas, narcotraficantes y otras organizaciones criminales.

Así lo confirma el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de la ONU, en el informe Colombia, Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2016. En el año 2016 la cifra de cultivos aumentó a 146 mil hectáreas -un 52% más con respecto al año anterior- de las cuales alrededor de 23 mil se encuentran en Tumaco, seguido de 13 mil por Tibú, municipio de la zona del Catatumbo, en Norte de Santander.

Erradicaciones en el Catatumbo

De hecho, la zona del Catatumbo también ha sufrido de las erradicaciones forzadas. El 12 de septiembre en La Vereda 30 del corregimiento de San Martín, en el municipio de Sardinata, las comunidades decidieron hacer un asentamiento con el propósito de pausar la erradicación forzada que se estaba llevando a cabo. Durante los días posteriores hubo enfrentamientos con la Policía Nacional, el ESMAD –antidisturbios- y el Ejército. La situación amainó cuando se firmó un acuerdo entre las comunidades, las autoridades gubernamentales y el partido político FARC. Sin embargo, en la redacción del dicho acuerdo tuvo que intervenir ASCAMCAT –Asociación Campesina del Catatumbo-, ya que en el pre acuerdo se estableció que primero se daría lugar a las erradicaciones forzadas y luego a la sustitución, cuando debería ser al contrario y con unas socializaciones antes de proceder a la erradicación.

Estas socializaciones sirven para explicar el plan en las comunidades. Así se contempla en los acuerdos de paz, página 107: “En los casos donde, en el marco de la suscripción de los acuerdos con las comunidades en el marco del PNIS, haya algunos cultivadores y cultivadoras que no manifiesten su decisión de sustituir los cultivos de uso ilícito o incumplan los compromisos adquiridos sin que medie caso fortuito o fuerza mayor a pesar de los esfuerzos del Programa y de las comunidades de persuadirlos, el Gobierno procederá a su erradicación manual, previo un proceso de socialización e información con las comunidades”.

Cuando se entró a erradicar en San Martín, no se había llevado a cabo dicha socialización, a pesar de que El Catatumbo es una de las dieciséis zonas primordiales para llevar a cabo esos planes -entran ocho de los once municipios: Sardinata, Tibú, Teorama, El Tarra, Convención, San Calixto, El Carmen y Hacarí-.

Tras las reuniones con las comunidades, las personas interesadas en acogerse al plan deberán pre inscribirse. La información proporcionada por el campesinado será verificada por Naciones Unidas y una vez se tengan todos los datos se procederá a la inscripción oficial y a la implementación de los planes, que llevan consigo una serie de plazos y cantidades. Se otorgará un millón de pesos cada mes durante doce meses -son los únicos que reciben en efectivo-. Durante el primer año también se dotará de un millón ochocientos mil pesos para invertir en proyectos productivos, nueve millones de pesos para proyectos productivos a corto plazo y diez millones de pesos para proyectos productivos a largo plazo. Además de tres millones doscientos mil pesos para asistencia técnica

Dentro del PNIS se contemplan otros planes: Planes de Atención Inmediata (PAI) y desarrollo de proyectos productivos, Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA) y Programa nacional de sustitución de cultivos de uso ilícito en Parques Nacionales Naturales-PNN.

Para que el plan sea efectivo, se pide al campesinado que después de haber recibido los dos primeros millones de pesos, las matas ya estén arrancadas –esto no estaba así en el primer acuerdo, en el que se daba más tiempo, pero éste fue rechazado por la mayoría de la población en el plebiscito de 2016-. Los cultivos que se plantaron tras julio de 2016 no entran, por lo que esas personas ya tienen que acogerse al primer punto del Acuerdo de Reforma Rural Integral (RRI).

Con el propósito de observar el funcionamiento del PNIS, el plan piloto se está llevando a cabo en el municipio de Tibú, en las veredas de Caño Indio, El Progreso 2, Chiquinquirá y Palmeras Mirador, donde van por el tercer pago y está funcionando con éxito.

Sur de Bolívar, también golpeado

El 22 de septiembre entra el Ejército a erradicar en varias veredas del municipio de San Pablo, Bolívar, a pesar de que ya se habían firmado los acuerdos para la socialización del PNIS. La presencia de la fuerza pública se mantiene hasta la noche del 12 de octubre.

A raíz de estos hechos, se convoca una comisión de verificación para el día 14 de octubre en la vereda La Unión, compuesta por diversas organizaciones sociales, campesinas y defensoras de derechos humanos -ACVC, CREDHOS, ASORVIMM, COCCAM, PDPMM, Marcha Patriótica y Congreso de los Pueblos-, con el objetivo de conocer la crisis ocasionada por la erradicación manual y las vulneraciones de derechos humanos. Entre estas, destacan la toma de fotografías a campesinos obligándoles a “posar” con machetes, páctica habitual durante los años de ocnflicto, para criminalizarles y relacionarles con actos o grupos violentos.

En dicha reunión también se transmitió la preocupación de que estas acciones alentasen a una posible ruptura del cese bilateral del fuego con la guerrilla ELN, presente en la zona y partidaria de los planes de sustitución.

Pero, ¿por qué el Gobierno incumple unos puntos de un acuerdo que él mismo firmó? Todd Howland, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, en una entrevista de Verdad Abierta, afirma que las comunidades de indígenas, afrodescendientes y campesinos han sido durante muchos años votos capturados por los gobiernos tradicionales, por lo que hay un cierto temor a empoderarlas en pro de sus propios gobiernos e intereses y en prejuicio de la gobernación actual.

Pero no sólo en Nariño, Norte de Santander y Bolívar, sino que en todo el país se siguen sucediendo erradicaciones forzadas y muertes de líderes y lideresas sociales. El pasado domingo en el municipio de Tarazá, Antioquía, Miguel Pérez es asesinado. Era impulsor del proceso de sustitución gradual y voluntaria de cultivos de uso ilícito. Con él ya son 125 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos asesinados durante el 2017, de los que 17 desarrollaban acciones de sustitución de cultivos de uso ilícito. El mismo día, en el departamento del Guaviare, tres campesinos resultan heridos por la acción policial cuando se oponían a la erradicación forzada.

Para denunciar el incumplimiento de los acuerdos de paz por parte del Gobierno y las vulneraciones de los Derechos Humanos de las comunidades, las organizaciones campesinas de todo el país han convocado un paro nacional que dio comienzo el lunes 23 de octubre y que, hasta la fecha, sigue vigente.


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