Erradicación forzada de coca a pesar de los acuerdos de sustitución

IAP acompaña a las comunidades afectadas en el Catatumbo

Estoy en Colombia como observadora de paz, acompañando a organizaciones campesinas que se encuentran perseguidas por su trabajo social y político. Mi primer acompañamiento me ha llevado a la región del Catatumbo, en el nordeste de Colombia.

En el camino hacia la vereda Destina, Fredy, un líder regional campesino pertenenciente a ASCAMCAT, la Asociación Campesina del Catatumbo, me explica que la principal actividad económica de los campesinos de la zona es la hoja de coca. Por la infraestructura miserable y la falta de apoyo estatal, éste es el único cultivo que permite generar un ingreso fijo a los pequeños agricultores. A lo lejos, en la vertiente de las hermosas montañas, Fredy me señala unas matas de color verde brillante; algunas se distinguen a simple vista, otras están cubiertas por las anchas hojas de las plataneras.

Según el campesinado, en estos días el gobierno colombiano está intensificando sus ofensivas militares de erradicación manual de coca, sin el consentimiento de las comunidades afectadas. Este procedimiento contradice lo especificado en el punto cuarto del acuerdo de paz firmado por el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-EP a finales de 2016, que contempla la puesta en marcha de programas basados en la sustitución de cultivos voluntaria y concertada con las comunidades

Antes de viajar a Catatumbo hablé con Christian y Lizeth, encargados de Derechos Humanos en el movimiento político y social Marcha Patriótica. Christian acabó de visitar a los departamentos de Cauca y Guaviare para verificar la situación de las comunidades cocaleras. Las dos comunidades que visitó vivían erradicaciones forzadas a pesar la su manifestada voluntad de cumplir con el plan de sustitución. En Guaviare se estaba implementando un proyecto piloto de sustitución, contó Christian.

Lizeth me informó de que estaba aumentando la presión de los Estados Unidos para aumentar las erradiccaiones. Durante su visita en Washington en mayo el presidente Santos habló con el presidente Trump sobre esta problemática[i], y con el paso de los meses el tono se ha endurecido[ii]. William Brownfield, secretario adjunto de Estado de los EEUU para Seguridad y Lucha Antinarcótica, ha anunciado que podría tener “problemas políticas y bilaterales” con Colombia si no se ataja “pronto” el problema con la coca.

Uno de los argumentos que se manejan desde EEUU a la hora de presionar a Colombia es el aumento de la producción que se ha registrado en los últimos años. Según un estudio anual de la ONU, las plantaciones de coca crecieron de 96.000 hectáreas en 2015 a 146.000 hectáreas en 2016, lo que corresponde a un aumento de 52 %[iii]. El gobierno de los EEUU habla de 188.000 hectáreas de coca en 2016 y un aumento de 130 % durante los últimos tres años de las negociaciones de paz.

En una entrevista al medio colombiano Semana, el ministro consejero del posconflicto, Rafael Pardo, identifica varias causas para este crecimiento. Una de las razones sería la devaluación del peso colombiano frente al dólar. Así, el negocio de exportación, a la cual el cultivo de la coca está ligado, se ha vuelto más lucrativo. Otro elemento a destacar es el propio aumento de la demanda, ya que el consumo en los EEUU ha también ha crecido considerablemente.

También menciona las expectativas que ha generado el proceso de paz, que podrían haber motivado a algunos campesinos a sembrar coca, buscando acogerse a los apoyos y subsidios previstos en los acuerdos. Frente a estas afirmaciones, la pregunta vuelve a ser en qué condiciones de abandono se encuentran las comunidades rurales para llegar a ver en el plan de sustitución de cultivos ilícitos, a priori una medida de emergencia, la única forma de apoyo estatal para la salida de la pobreza. Quizá yo misma, si fuera una humilde campesina, consideraría sembrar media hectárea de coca como vía de entrada para acceder a un proyecto colectivo que promueva la economía campesina.

Un cuarto factor que Pardo no menciona es que existen grupos paramilitares contrarrestando la sustitución en varios partes del país, por su interés en continuar con el negocio del narcotráfico. El pasado 4 de agosto, asesinaron al líder campesino Nidio Dávila justamente por promover la sustitución de la coca en Nariño, en el suroccidente de Colombia. 20 hombres que se identificaron como miembros de las Autodefensas Gaitanistas De Colombia sacaron a Nidio de su casa y lo llevaban a un sector llamado El Cable donde fue asesinado frente a los habitantes de la zona. Los sobrevivientes cuentan que los paramilitares amenazaron con “matar a todos los que vienen a hablar de sustitución.”[iv]

En resumen, son muchos factores que han llevado al crecimiento de la producción de hoja de coca. La cuestión es cuál será la respuesta más apropiada para resolver el problema.

El ministro Rafael Pardo de Posconflicto explica que el plan del gobierno es erradicar 50.000 hectáreas a la fuerza y sustituir otras 50.000 hectáreas a través de los programas voluntariosiii.  En lo que no profundiza es en los criterios que guían cada caso.

El acuerdo de paz expresa claramente que la erradicación manual debe ser el procedimiento únicamente en el caso de que los productores manifiesten su decisión de no sustituir o en casos de incumplimiento de los acuerdos de sustitución[v]. No obstante, la conducta del gobierno muestra que no existe la voluntad de brindar a la sustitución voluntaria el tiempo y los recursos que requiere. En lugar de seguir la ruta pacífica, se está generando más conflicto y militarización del campo.

Llegados a la vereda, el líder campesino Fredy cuenta que aquí en Catatumbo la erradicación ha sido relativamente limitada. Parte de la explicación es que los campesinos, tras las grandes protestas del Paro Agrario del Catatumbo en el año 2013, lograron un acuerdo de No erradicación forzosa. “El gobierno cumplió con el acuerdo en un 95 %,” me dijo, “porque ha habido episodios puntuales”. La otra explicación es que el nivel de reacción de las comunidades es muy fuerte frente a los erradicadores. “Así que no es fácil para ellos aquí,” termina Fredy.

En toda Colombia las comunidades se resisten a arrancar sus cultivos hasta que no exista una garantía de sustitución de ingresos. Con este fin, se han organizado en la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM). Ellos y ellas son los primeros interesados en dejar atrás los cultivos de uso ilícito, que han supuesto una inagotable fuente de problemas con el ejército y otros actores armados. Pero aún así, necesitan comer. Por eso, en sus continuos reclamos al gobierno y llamados a la comunidad internacional, recuerdan el cuarto punto del acuerdo de paz sobre la sustitución voluntaria y exigen “¡No a la erradicación forzosa, sustitución ya!”[vi]

Nina, acompañante internacional de IAP

[i] http://www.semana.com/nacion/articulo/eeuu-pide-a-colombia-a-reanudar-la-aspersion-aerea-de-los-cultivos-de-coca/528490

[ii] http://www.infobae.com/america/colombia/2017/08/03/estados-unidos-alerto-de-posibles-problemas-bilaterales-con-colombia-por-el-aumento-de-los-cultivos-de-coca/

[iii] http://www.semana.com/nacion/articulo/rafael-pardo-explica-por-que–han-crecido-los-cultivos-ilicitos/532568

[iv] http://prensarural.org/spip/spip.php?article21889

[v] El acuerdo de paz punto 4.1.3.2

[vi] http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article21652

 


Compartir: