Abogado defensor de derechos humanos

“El paramilitarismo ha sido la manera de hacer política mucho tiempo”

Entrevista con Ricardo Celeita, abogado de la fundación DHOC

Ricardo Alexander Celeita Mora es un abogado colombiano defensor de derechos humanos, especialista en derecho constitucional y en filosofía del derecho. Lleva acompañando a los movimientos sociales desde hace aproximadamente 12 años; primero a diferentes asociaciones juveniles, culturales y estudiantiles, y más tarde a organizaciones campesinas. Trabaja desde hace 5 años con la fundación DHOC en la zona de los llanos orientales,una de las más afectadas por el conflicto armado. El pasado mes de octubre visitó Barcelona, invitado para participar como ponente en la 7ª edición del  Seminario organizado por IAP en la Universitat de Barcelona.

¿Cuál es la situación de los llanos ahora mismo? ¿Cómo ha cambiado la región y el país cumplido un año de la firma de los acuerdos de paz?

Nos encontramos en un escenario de incertidumbre; entre la esperanza que se ha creado alrededor de la firma de la paz y el miedo a que se mantengan o resurjan distintos tipos de violencia. En la medida en que cada uno de los puntos del Acuerdo va teniendo retrasos o incumplimientos por parte de las autoridades, la realidad en la región representa una potencialidad para el fortalecimiento del paramilitarismo, o el reciclaje de viejas violencias. Sólo en la medida en que los acuerdos se cumplan, cuando la gente tenga solucionado el problema de la tierra y la sustitución de los cultivos ilícitos; cuando se garanticen los derechos de las víctimas y la reincorporación de los combatientes a la vida civil, vamos a evitar esas nuevas formas de violencia. Desgraciadamente, ese escenario se ve aún muy lejos.

Por otro lado, estamos transitando un camino que nos ofrece una gran esperanza para Colombia. En la región ya no hay víctimas por el conflicto; ya no hay víctimas por las minas antipersonas, ni por los combates, ni por los bombardeos. Estos hechos afectaban tanto a guerrilleros como a militares, a policías, a la población civil. En últimas, todos eran colombianos que estaban cayendo presas de un conflicto que por fortuna se ha logrado superar. Cuando miramos esto, el panorama nos llena de esperanza. Es la idea de que podemos compartir un mismo país sin importar las tendencias políticas, esperando que esas diferencias se resuelvan de manera democrática, al calor del debate público, de la opinión, de los debates en el congreso. Siempre existirán diferentes visiones de sociedad, desde las derechas a las izquierdas, pero poder convivir todos juntos es el reto que como sociedad tenemos y por el que tenemos que apostar.

Has hablado del resurgimiento de violencias. En el caso de los llanos, es una de las zonas donde se están consolidando estructuras paramilitares. ¿Cómo se viven en la región las amenazas y los atentados que están sufriendo los líderes sociales y los defensores y defensoras de derechos humanos?

Ese tipo de violencia fue una constante en medio de la guerra. Esperábamos que al firmar los acuerdos se acabarán esas persecuciones, pero estamos viendo que no es así. Hay sectores políticos que desde los medios están llamando a hacer trizas el Acuerdo de Paz; y eso tiene como consecuencia que desde la ilegalidad las llamadas Bandas Crimiales, los mismos paramilitares que aún persisten, sigan persiguiendo a las personas que trabajan por su implementación.

Tenemos en Colombia más de doscientos líderes sociales asesinados entre el año 2014 y el 2017, seis de ellos en el Oriente. El último fue el presidente de la Junta de acción Comunal de la vereda El Capricho en el Guaviare, ligado a la sustitución de cultivos de uso ilícito; pero también hemos tenido el caso del asesinato de Erley Monroy, que causó una gran congoja en el Meta; en Arauca apuñalaron a un abogado compañero de DHOC, Francisco Gomez, que salvó la vida de milagro… son líderes muy locales, muy regionales, y su ausencia causa un gran daño al tejido social organizativo de las comunidades, lo que facilita aún más el enraizamiento del paramilitarismo. Hay toda una estrategia de intimidación, mediante panfletos y amenazas a la población. Nosotros como fundación exigimos el desmonte del paramilitarismo, como práctica de algunos sectores para seguir manteniendo el poder. Es la manera en que han hecho política durante mucho tiempo.

Otro de los problemas que están teniendo los líderes y defensores, y el movimiento social en general, es la criminalización y estigmatización que de alguna manera también se mantiene en Colombia.

La criminalización ha sido la manera del estado de no afrontar las demandas y reclamos sociales, mediante la idea del enemigo interno. Cuando el estado lanza esa idea de la batalla contra el enemigo interno, cualquier manifestación, cualquier reivindicación de unos derechos, sean laborales, de los estudiantes, de unas condiciones de vida dignas para los campesinos, es señalada de ser parte de la insurgencia, de la guerrilla. Ahora, sin la insurgencia, esos reclamos siguen existiendo, demostrándose que no eran una estrategia de un grupo armado sino que hay una realidad social por la cual la población civil protestaba y sigue protestando: por los servicios públicos, por la tierra, por el precio de los productos campesinos.

Por desgracia, la respuesta del gobierno no ha cambiado, seguimos viendo al ESMAD -la polícía antiditurbios- en las movilizaciones, en el campo y en la ciudad, seguimos viendo la represión con gases, con balas de goma, con bombas aturdidoras. Hemos visto seis campesinos muertos en Tumaco, en una masacre que se atribuye a la policía antinarcóticos, por intentar que la sustitución de los cultivos de coca se haga de manera concertada. Eso contraviene lo que se acordó en la Habana, que la protesta social tenga otro trato, un trato en el que se reconozcan las demandas y se pueda llegar a un diálogo, a una interlocución con las autoridades y para buscar soluciones con las comunidades. Las organizaciones sociales no queremos que exista ni un solo herido, ni un solo muerto más, que no muera ni un solo campesino, ni un solo policía, ni una sola persona en medio de una manifestación.

Luego tenemos toda la problemática de la persecución judicial y criminalización de líderes sociales, los falsos positivos judiciales, que a la Fundación nos han afectado especialmente. Resaltar el caso de nuestro presidente Esmer Montilla, quien, por fortuna, se encuentra en libertad condicional tras más de dos años en prisión por su judicialización tras una acción humanitaria. Como sociedad tenemos que aprender a convivir, y para ello es clave que se reconozca la oposición política. pero también que se reconozca el derecho fundamental que tiene el pueblo a protestar. Un país que se hace llamar democrático debe garantizar el ejercicio pleno de la movilización social de manera pacífica.

Las regiones en las que trabaja DHOC son zonas con un suelo y un subsuelo muy rico, y con una gran biodiversidad. ¿Cómo puede afectar el postconflicto al medio ambiente?

En esta nueva situación existen dos problemáticas muy graves sobre el territorio. Por un lado, la amenaza de los grandes proyectos extractivos que hasta ahora estaban estancados, por que lógicamente no existían garantías de seguridad para la inversión privada. El problema es que estos capitales no llegan a beneficiar a los campesinos, a los pobladores, sino a las grandes empresas, que muchas veces no son ni siquiera colombianas y que no suponen ningún tipo de desarrollo para las regiones. Podemos fijarnos en el ejemplo de Puerto Gaitán, Meta, uno de los mayores puntos de extracción de petróleo de todo el país, a cargo de Pacific Rubiales. Cuando llegó la empresa, canadiense, las vías estaban sin pavimentar, cuando se acabó el petróleo, seguían igual. Sacaron el crudo durante veinte años sin pavimentar la carretera. Además, la gasolina en el municipio es la más cara de toda Colombia, una completa contradicción.

Esto por un parte, por otra se da la situación de que muchas veces era la propia guerrilla la que controlaba la tala y quema de bosques, quien penalizaba a quien dañase la selva. Ahora, al retirarse, no hay nadie que se ocupe de eso, el estado no ha llegado, no hay controles ambientales y el poder de facto de la insurgencia no ha sido reemplazado. La gente que tiene grandes recursos se ha aprovechado de esto, y por ejemplo se está explotando la madera sin ningún control, en plena Orinoquía, que ya hace parte del Amazonas. Esto también está sirviendo para generar terreno para la ganadería extensiva y la agroindustria, los monocultivos de palma. El daño ambiental está siendo grandísimo.

Lo que esperamos es que el Estado cumpla con responsabilidad, y asuma la necesidad de poner controles ambientales sin criminalizar al campesino. Cuando es el campesino que tumba un árbol para poder fabricar una casa, para hacer unas puertas, para hacer un corral para sus vacas, ahí sí aparece la policía, e incluso a algunos los han judicializado porque han tumbado uno o dos árboles. Pero cuando son caravanas de camiones enormes repletos de madera que obviamente no los tomó un campesino, sino una gran empresa, no se le ha puesto control a eso y en ese caso sí que no hay judicialización.

Has hecho mención a un poder de facto en las regiones.

El conflicto se vivió fundamentalmente en las zonas rurales, donde las normas legales del estado colombiano no tenían la efectividad suficiente. Los jueces, policías, fiscales; los organismos y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley no llegaban a estos territorios. Por ejemplo, pensemos en un juez en el municipio de la Macarena, viviendo en el casco urbano. Desplazarse a cualquiera de las veredas para cualquier diligencia de inspección judicial le supone un gasto que no puede cubrir. No tiene los medios, ni las condiciones, ni tampoco la seguridad. ¿Quién ejerce los mecanismos de control y derecho entonces? Fue la propia insurgencia, mediante una reglamentación concertada con las mismas comunidades.

Se estableció, por ejemplo, un sistema de peajes; todos los vehículos que transitaban por determinadas carreteras, pagan por ejemplo mil, dos mil pesos. Esta plata no la recibe la guerrilla, la recibe la comunidad, pero si que hay un control fiscal, para que realmente se gaste en el mantenimiento o en la construcción de nuevas vías. También otro tipo de normas de convivencia, por ejemplo, la prohibición de las riñas y peleas en los bares, o el horario de cierre de los comercios donde se vende alcohol. Lo mismo que en Bogotá podía hacer la policía, en la zona de influencia guerrillera lo hacía la guerrilla. Controlaban y sancionaban, normalmente las sanciones eran económicas o trabajos comunitarios. A los que se ponían a pelear en la calle, les tocaba presentarse ante la Junta de Acción Comunal y les mandaban a pintar la escuela o arreglar la cancha de fútbol, por ejemplo. Lo único que estaba sancionado de manera mucho más grave eran las violaciones sexuales.

Entonces, ahora ha quedado una cierta falta de control al retirarse este poder; se ven más robos de ganado, más casos de violencia de género y también la tala indiscriminada de selva, como decíamos.

¿Cómo se articula el movimiento social el Colombia? ¿Cuál ha sido su importancia y los aportes de las diferentes expresiones en los Diálogos de Paz y ahora en la etapa de implementación de la Acuerdos?

El movimiento social colombiano está construido desde sectores muy diferentes. Uno de los más activos durante todo este proceso ha sido el movimiento campesino, que ha tenido dos demandas históricas muy importantes: la reforma rural integral y el acceso a la tierra. Es un sector muy fuerte, con una gran capacidad de movilización. En el año 2013, durante el desarrollo de los diálogos en la Habana, hubo un gran paro campesino para reclamar sus derechos y garantías que fue muy significativo; ahora están reivindicando y exigiendo la implementación de los puntos 1 y 4 de los acuerdos, los que tienen que ver con la tierra y la sustitución de cultivos de coca. Hay otros movimientos fuertes con los que comparten las zonas rurales; el sector indígena, que no reivindican sólo el acceso a la tierra, sino toda una serie de demandas ancestrales: el derecho a mantener su cultura, su territorialidad, sus mecanismos de justicia, su identidad. Los indígenas en Colombia tienen presencia en todos los departamentos, incuso en Bogotá hay comunidades indígenas organizadas.

Por otro lado, también encontramos los movimientos estudiantiles, que están teniendo una lucha muy fuerte por una educación pública de calidad; los obreros organizados y sindicatos, que han sufrido ataques muy duros, no solo desde el paramilitarismo y la represión violenta sino mediante las propias instituciones y la legislación laboral; los movimientos por la igualdad de género y LGTBI, por los derechos sexuales y reproductivos y contra la discriminación por razón de sexo…

La idea es poner a todas estar organizaciones y expresiones a dialogar, desde sus reivindicaciones particulares, y construir lazos de fraternidad y solidaridad entre ellas. Es un escenario muy complejo, porque cada uno tenemos nuestra cosmovisión, particularidades e intereses, pero es este reto en el que estamos, generar un escenario de convergencia en el que quepamos todos y todas. Somos muchos sujetos desde diferentes escenarios que queremos generar cambios en el país y profundizar la democracia en Colombia, es la apuesta de todas la organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos. Más allá de las diferentes opiniones políticas, la idea es no excluir a nadie, no eliminar la manera de pensar de nadie. Todos somos ciudadanos y ciudadanas, todos tenemos que aprender a convivir en este país hermoso y lleno de recursos. Tenemos que aprender a aprovecharlos y beneficiarnos todos y no unos pocos. Así es como empezaremos a construirnos como sociedad, y en eso estamos desde los movimientos sociales.

Para ir acabando, ¿Cómo valoras el trabajo de IAP y otras organizaciones internacionales que trabajan en terreno y prestan acompañamiento a DHOC y otras organizaciones defensoras de derechos humanos?

El apoyo internacional es realmente muy valioso; es una cuestión del principio de solidaridad. Igual que recibimos apoyo, también eso nos anima a nosotros a ser solidarios con otras luchas que se dan en mundo, aunque no comprendamos del todo las peculiaridades. Es como lo que está pasando aquí en Catalunya, nos preocupa mucho la represión del estado sobre el pueblo. También en otros países, como Grecia, Brasil, México; donde nos duele la muerte de los estudiantes de Ayotzinapa, nos duele que pase algo así en cualquier parte del mundo.

Por eso, también para nosotros es muy gratificante cuando recibimos esa solidaridad. Desde Catalunya, Europa, América e incluso en Estados Unidos hay muchas personas que apoyan al pueblo colombiano, y algunas lo han concretado más allá de un apoyo moral, como el caso de IAP. Su aporte mediante el acompañamiento internacional ha sido extremadamente valioso. El hecho de que alguien que no sea colombiano venga y acompañe los procesos y a la comunidades campesinas ha sido suficiente para disuadir a muchos actores armados de entorpecer estas actividades. Una reunión de un comité de derechos humanos que va a discutir una problemática alrededor de un tema de educación, por ejemplo, tiene la garantía si hay acompañamiento de que no va a haber tantos problemas, no va a llegar nadie a disolver o a impedir la actividad, como muchas veces ha hecho la fuerza pública, cortando las vías e impidiendo el tránsito. Cuando está IAP en terreno, interlocutando con la fuerza pública, demostrando que nuestras actividades comunitarias son pacíficas, existe esa lupa, o esa mirada desde lo internacional que los actores armados respetan mucho porque conocen bien las implicaciones que tiene. Ahora que estamos en esta época de transición, esperamos que puedan seguir acompañándonos porque la paz se firmó pero falta construirla.

 

 


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