Diccionario

Autodefensas Gaitanistas de Colombia

También conocidos como Clan Úsuga, Clan del Golfo o Urabeños ha sido uno de los grupos paramilitares más presentes en los últimos años, responsables de homicidios, amenazas y hostigamientos contra líderes sociales y campesinos. Como demostración de fuerza, en abril del 2016 convocaron un “paro armado” contra los acuerdos de paz. Este grupo controla la producción y el tráfico de drogas en numerosas regiones del país.

BACRIM

Bandas Criminales. Denominación que el Gobierno de Colombia da a los grupos armados surgidos de la desmovilización de la AUC en el año 2006, relacionados con delitos como el narcotráfico y la extorsión. Para muchas organizaciones sociales, es una definición incompleta, ya que muchos de estos grupos continuaron ejerciendo violencia política contra líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos, por lo que no tendría sentido desvincularlos del fenómeno paramilitar.

Cultivos de uso ilícito

Cultivos que pueden utilizarse para producir sustancias ilegales, como la hoja de coca (con la que se puede obtiener la cocaína). Ante la falta de alternativas productivas viables, muchas familias campesinas sobreviven de este tipo de cultivos como única fuente de ingresos, lo que les ocasiona estigmatización y problemas tanto con el Gobierno como con grupos armados vinculados al narcotráfico.

Defensores y defensoras de derechos humanos

Los defensores y defensoras de derechos humanos son personas, que, a título individual o colectivo, trabajan por el respeto y la promoción de cualquiera de los derechos recogidos en los distintos pactos o tratados internacionales de derechos fundamentales; desde la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la CEDAW (convención contra la discriminación de la mujer)… Hay muchos tipos de defensores y defensoras. Muchas personas se convierten en defensores y defensoras sin apenas experiencia ni conocimientos jurídicos, respondiendo a una vulneración de sus propios derechos, los de su familia o su comunidad. Para las Naciones Unidas, es necesario y responsabilidad de los estados apoyar y garantizar la seguridad de las personas defensoras; ya que muchas veces su trabajo supone un riesgo para su vida o su integridad.

Derecho Internacional Humanitario

Rama del derecho internacional que se ocupa de paliar los efectos de los conflictos armados, proteger a las personas que no participan en los enfrentamientos y regular los métodos de guerra y las acciones armadas que usan los combatientes. Hay diversos tratados y pactos internacionales; las principales normas se recogen en los Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales.

Desaparición forzada

Término jurídico que define el acto de privación de libertad de una persona llevado a cabo por parte de agentes de estado o con su apoyo, seguido de la negativa a reconocer esta privación o a facilitar información sobre la persona. Frecuentemente, las personas víctimas de desaparición forzada son también víctimas de torturas y ejecución extrajudicial. Constituye un crimen de lesa humanidad, por el especial sufrimiento que casusa a los familiares y allegados de la víctima. En Colombia se han registrado más de 60.000 casos, según el Centro Nacional de Memoria Histórica

Desplazamiento forzado

Según el derechos internacional, un desplazado o desplazada es aquella persona que ha tenido que huir de su hogar por causa de la violencia generalizada, un conflicto armado, violaciones de derechos humanos o un desastre natural, pero sin cruzar las fronteras de su país. A pesar de la dificultad de recoger las cifras, ya que muchas personas pueden desplazarse varias veces, Colombia es el país del mundo con mayor número de desplazados internos, con casi siete millones de casos desde 1985, según ACNUR. El desplazamiento forzado en el conflicto colombiano ha estado durante décadas muy ligado al despojo de tierras por parte de grupos paramilitares, que obligan a huir a campesinos, indígenas y afrodescendientes sin títulos formales de propiedad para registrar la tierra a su nombre.

Falsos positivos

Se conoce como falsos positivos a jóvenes secuestrados por el ejército, asesinados y hechos pasar por guerrilleros caídos en combate. Fue una práctica habitual durante los años de la Política de Seguridad Democrática, en los que se entregaban jugosas recompensas económicas y otros beneficios a las unidades del ejército que reportaran mayor número de bajas enemigas.

Genocidio de la UP

La Unión Patriótica es un partido político surgido en 1985 de la combinación de varias fuerzas progresistas y de izquierda, entre ellas, varios frentes desmovilizados de las FARC tras un proceso de paz con el gobierno. El grupo sufrió una estrategia de persecución de sus líderes y militantes, llegando a contarse casi 5000 muertos, incluidos dos candidatos a la presidencia. En el año 2012, la Sala de Justicia y Paz reconoció los hechos como un genocidio político, cometido por paramilitares con la necesaria colaboración de la fuerza pública. En 2015, el presidente de la república, Juan Manuel Santos, admitió la responsabilidad del estado por los hechos al “no tomar las medidas suficientes.”

Insurgencia

Por insurgencia se entiende la rebelión violenta contra la autoridad, que busca derrocar el orden establecido y sustituirlo por otro. En el contexto del conflicto en Colombia, se asocian a este término las diferentes guerrillas campesinas y urbanas que surgieron entre los años sesenta y setenta del pasado siglo, enfrentando al estado cada una con una motivación política determinada (desde el marxismo al nacionalismo bolivariano). Los principales grupos insurgentes del país han sido las FARC, el ELN, el EPL y el M19. Al igual que los otros actores armados del conflicto, estos grupos han cometido crímenes contra la población civil y graves infracciones a Derecho Internacional Humanitario.

JEP (Jurisdicción Especial para la Paz)

Marco jurídico transicional, surgido de los diálogos de paz entre el Gobierno y las FARC-EP encargado de investigar, esclarecer y sancionar los delitos y las violaciones de derechos humanos ocurridas en el marco del conflicto armado, tanto de guerrilleros y militares como de civiles.

Ley de Justicia y Paz

Marco jurídico desarrollado en el año 2005 para regular la desmovilización de las AUC. Fue muy criticada por favorecer la impunidad de personas acusadas de crímenes contra la humanidad y por su poca eficacia a la hora de garantizar el derecho a la verdad, la reparación y las garantías de no repetición de las víctimas.

Línea amarilla

En el corazón del Valle del Río Cimitarra se encuentra una reserva de selva virgen de 70000 hectáreas que las comunidades han protegido desde hace décadas, prohibiendo la caza, la tala y la siembra, en la zona marcada con una línea amarilla pintada en los árboles. La ACVC está trabajando en la defensa de la zona, amenazada por la presencia de oro y minerales, intentando que se reconozca como Parque Nacional Natural. Para ello se han realizado numerosos estudios biológicos, en los que se han encontrado varias especies en peligro de extinción, y un intenso trabajo de concienciación y socialización con los campesinos de la zona, con el acompañamiento de IAP.

NN’s

Del latín Nomes Nescio, nombre desconocido. Cuerpos sin identificar enterrados en fosas comunes, supuestamente de guerrilleros caídos en combate, pero tras los que en muchas ocasiones se encuentra víctimas de ejecuciones extrajudiciales.

Panfletos

Una de las formas de infundir terror que utilizan los paramilitares son las octavillas que reparten por las poblaciones, en los que amenazan tanto a personas concretas como a comunidades enteras. En noviembre de 2016, aparecieron en el domicilio de varios destacados integrantes de la ACVC panfletos declarándoles a ellos y otras personas “objetivo militar”. También se ofrecía dinero a quien les “diera de baja” expresión usada en las fuerzas armadas para referirse a las muertes de guerrilleros en combate.

Paramilitares

En general, por paramilitar se entiende la acción de un grupo con una estructura organizada y funciones similares a la de un ejército, pero que no forma parte de manera formal de la fuerza militar de un estado. En el caso de Colombia, los grupos paramilitares se vinculan históricamente a la extrema derecha y a la lucha contra la insurgencia. Durante años, han actuado de manera coordinada con el Ejército (según sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos); y han tenido vínculos con políticos (parapolítica) o intereses económicos. En varios informes del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, se les señalaba como responsables de la mayor parte de violaciones de derechos humanos en el país.

Parapolítica

Nexos entre paramilitares y funcionarios públicos. En declaraciones de antiguos jefes “paras” a la fiscalía, se dio a conocer un gran pacto nacional, el “Pacto de Ralito” en el cual las AUC y destacados representantes políticos se comprometían a consolidar un “nuevo proyecto de nación”. Durante el gobierno de Uribe un destacado líder paramilitar, Vicente Castaño, declaró en una entrevista que el 35% del congreso era “amigo”. Hay más de 500 procesos abiertos por parapolítica, y 42 parlamentarios han sido condenados.

Política de Seguridad Democrática

Política de gobierno desarrollada durante el mandato de Álvaro Uribe (2002-2010), con la que se buscaba asegurar el control estatal de todo el territorio colombiano y acabar de forma militar con la guerrilla, tras el fracaso del proceso de paz del Caguán. Durante este periodo se registraron importantes violaciones a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Algunos de los casos mas sonados son el hallazgo de varias fosas comunes con decenas de cuerpos sin identificar ejecutados extraoficialmente (caso de La Macarena) o el llamado escándalo de los falsos positivos.

Refugio Humanitario

Estrategia de protección comunitaria como reacción ante situaciones de extrema violencia continuada y amenazas en una región. La constitución de un campamento donde no se permite la entrada de actores armados busca la protección de las familias en riesgo y la visibilización de la situación de violencia ante el estado y la comunidad internacional. IAP ha acompañado en varias ocasiones refugios humanitarios en diferentes zonas del país.

Señalamientos

Acusaciones infundadas que relacionan a las organizaciones campesinas con grupos guerrilleros. De esta manera, ponen en peligro a quienes las reciben, ya que pueden pasar a ser blanco de los paramilitares o la fuerza pública. Un ejemplo claro de este patrón lo encontramos en el caso de Erley Monroy, un campesino de ASCAL-G, parte de ANZORC. En julio del 2016, durante la realización de una entrevista que acompañó IAP, afirmó sentirse preocupado por unas declaraciones del alcalde del municipio acusando a la asociación de tener vínculos con las FARC. En noviembre de ese mismo año apareció asesinado, en plena campaña de acoso paramilitar contra dirigentes sociales.

Soberanía alimentaria

El movimiento social internacional Vía Campesina define la soberanía alimentaria como “el derecho de cada nación a mantener y desarrollar sus alimentos, teniendo en cuenta la diversidad cultural y productiva”. Frente a las políticas que priman la seguridad alimentaria, entendida como la garantía de que exista suficiente alimento para una población determinada, la soberanía alimentaria reivindica la necesidad de alcanzar esta seguridad respetando el medioambiente, los cultivos y las tradiciones culturales de cada pueblo.

Subcomisión de Género en la Habana

Gracias a este espacio, pionero en unos diálogos de paz, durante las negociaciones entre el Gobierno y las FARC-EP, se incluyeron acuerdos específicos sobre la tenencia de tierras para la mujer rural, los espacios de participación o el reconocimiento de la violencia específica contra las mujeres y niñas.
Después de NO en el plebiscito de noviembre de 2016, se eliminaron las referencias al género por la presiones de algunos sectores políticos y religiosos, pero en los sustancial estas medidas no fueron modificadas.

Zona de Reserva Campesina

Figura jurídica de protección territorial, presente en la legislación colombiana y principal reivindicación de las asociaciones campesinas a las que acompaña IAP. Mediante la ZRC, se regula la posesión de la tierra de los campesinos sin título de propiedad; se evita la concentración en grandes latifundios; se protege el medio ambiente frente a los macroproyectos extractivos; y se fomenta la soberanía alimentaria y la cultura tradicional campesina. En la actualidad, hay seis ZRC reconocidas por el gobierno en Colombia, y decenas más funcionando de manera autónoma.

Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN)

Localizaciones especiales donde se ha realizado la entrega de armas de las FARC y ha comenzado la reincorporación a la vida civil de sus combatientes el marco de la implementación de los acuerdos de paz de la Habana. Su ubicación es fundamentalmente rural, en zonas muy afectadas por el conflicto armado. En funcionamientos entre enero y agosto de 2017.