Desplazamiento Colombia

Desplazados con nombre

Colombia es el segundo país con más desplazados forzados después de Siria

24 de noviembre de 2016, Teatro Colón, Bogotá, se firmaba el acuerdo de paz que ponía fin al conflicto armado más longevo del continente americano. Des de 1964 las FARC-EP y el Estado colombiano han mantenido un enfrentamiento militar que ha dejado millones de víctimas. Detrás de esta firma quedan millones de personas desplazadas, millares desaparecidas, millares muertas y una historia detrás de todas ellas.

Nos situamos en Charras, un caserío de unas 60 familias, el cual se compone de una calle con casas de madera a los lados al más puro estilo western. Este pequeño poblado, aislado, donde apenas llega la luz fue testimonio directo de la crudeza del conflicto colombiano. “Charras no existe” titulaba en 2003 el diario colombiano El Tiempo. Este titular reflejaba gráficamente el desplazamiento forzado que sufrieron todos los habitantes del caserío entre 2002 y 2003. Poco más de 250 personas tuvieron que huir de los combates entre ejército, paramilitares y FARC-EP. Estas últimas colocaron minas antipersona por todo el pueblo para que nadie pudiese ocuparlo.

En Colombia hay más de 6 millones de desplazados internos según las cifras de ACNUR. Entiéndase desplazado como aquella persona que es obligada a dejar su hogar debido a que peligra su derecho a la vida. Colombia, un estado que se define como una república democrática, es el segundo país del mundo con más desplazados. Siria es el único país que lo supera con más 7,6 millones personas desplazadas de sus hogares, país sumido en una guerra civil des del 2011.

El desplazamiento forzado ha sucedido en muchas regiones del país, pero no todas lo sufrieron con la misma intensidad. Tal cómo relata la antropóloga y politóloga de la Universidad de Antioquia, Medellín, Gloria Naranjo Giraldo, “dadas las diferencias regionales y las dinámicas bélicas de la guerra en Colombia, los desplazamientos no son simultáneos en las regiones y se presentan destiempos muy marcados”. Aunque sí que ve unos motivos comunes en cuanto al desplazamiento forzado: “las presiones por la tierra, los intereses que van surgiendo en torno a los megaproyectos del estado o la lucha por el control sobre zonas ricas en metales preciosos y productos energéticos o por territorios donde se cultivan plantas alucinógenas”.

Charras fue una vereda históricamente dominada por las FARC-EP. “El Estado nunca se ha preocupado por nosotros, por eso no nos parecía mal que las FARC abrieran trocha (construir caminos)”, relata un habitante de Charras. Este es uno de los muchos testimonios que manifiestan que el abandono del estado provocó que las FARC-EP se convirtieran en un “gobierno de facto” en la región. Ya que como cuentan los mismos exguerrilleros ellos ofrecían “los servicios básicos del Estado, como agua, salud y seguridad”. Actualmente el caserío tiene a menos de cinco minutos un Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación donde las FARC-EP están haciendo su paso a la vida civil.

Este arraigo de las FARC-EP en el territorio provocó la aparición de los grupos paramilitares. Estos grupos armados al margen de la ley han sido utilizados por las fuerzas del estado para combatir por todos los medios a la guerrilla. Varias sentencias judiciales han demostrado los vínculos entre estas organizaciones armadas con militares, policía, políticos y empresarios. Tal como dice el periodista y experto en el conflicto colombiano, Alfredo Molano, “el paramilitarismo es un arma recurrente de la extrema derecha”.

En 2007 la población del caserío de Charras comenzó a volver paulatinamente, ya que no encontraron una vida mejor fuera de sus casas en muchas ocasiones. Naciones Unidas en una misión de 2013 manifiesta que este retorno se produjo sin la asistencia del gobierno, en un entorno donde había una alta presencia guerrillera y paramilitar. El informe recomendaba con énfasis tres intervenciones básicas: la construcción de un internado, la reparación del tanque de agua de la vereda, y dotar la comunidad de un centro de salud.

Pocas de las recomendaciones de las Naciones Unidas se han cumplido, actualmente la comunidad usa casi siempre los servicios médicos de la zona donde están los exguerrilleros de las FARC-EP. El internado se ha construido, aunque no fue lo esperado. “El gobierno no nos construyó casi nada, tuvimos que suprimir una clase y colocar ahí las literas”, se queja una de las maestras de la escuela, Marcela Salazar. “Tampoco tenemos duchas ni donde lavar la ropa. Lo poco que tenemos es gracias a que los alumnos lo han construido”.

La falta de inversión estatal ha provocado que “algunos alumnos dejen de venir”, agravando aún más la situación de analfabetismo de la región. Des de la escuela invitan a todo el mundo a ir ver su realidad, en especial a los políticos y demandan que cumplan sus promesas. “Por aquí ha venido mucha gente, miran y miran, pero todo sigue igual” me cuenta un alumno de unos 15 años de la escuela. Alumno que ha vivido con intensidad el conflicto, con 13 años tuvo que ayudar a cargar los muertos de una matanza en su pueblo y ver como los perros se comían cuerpos muertos de paramilitares que nadie quería enterrar. Además de tener que huir de clase cuando había conflictos entre las FARC-EP y los paramilitares.

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Hoy día para llegar a Charras desde la capital de la región, San José del Guaviare situada a 106 km, se tarda más de cuatro horas, a través de una carretera terciaria, buena parte construida por las FARC, según aseguran los excombatientes y los habitantes. Una vez superas miles de baches, llegas a un pueblo que no parece haber huido en masa 15 años atrás. Hay varios bares donde se respira un ambiente agradable, gente jugando al billar, tomando cerveza, riendo, mirando el televisor, hasta hay un músico que ameniza la tarde. Gente afable y risueña te recibe, y te invita a una cerveza. Cuando hablas con ellos la realidad aparece delante de tus ojos.

“Ahí, en esa antena de televisión, los paramilitares mataron a uno de mis hijos”, dice Don Claudio tumbado a diez metros de dicha antena. Un hombre de 72 años, aunque parece que tenga 90. Un hombre que es víctima viva del conflicto colombiano. En 1957 fue desplazado del Tolima, en 1983 de Magdalena Medio, “en 1997 la fuerza pública, camuflada de paramilitares me echaron otra vez de mi casa”. Este mismo grupo perpetro varias masacres en la región, según él. El último desplazamiento lo sufrió en 2002 y se dirigió a Bogotá. Dónde no encontró fortuna y tuvo que volver a Charras. “Cada desplazamiento nos obligó a empezar de nuevo, cada vez que teníamos dos vacas nos teníamos que ir y dejarlo todo atrás”. Aunque tal como dice Jorge Caballero, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Charras, “un bien material se puede recuperar, pero un ser querido no se va a poder recuperar nunca”.

El Centro Nacional de Memoria Histórica en 2016 publicó un informe donde decía que entre 1970 y 2015 se habían producido más de 60.000 desaparecidos forzados, 3 personas por día. Esto sitúa a Colombia por encima de las dictaduras de Argentina, Chile y Uruguay. Todas estas dictaduras juntas tuvieron la mitad de desaparecidos, según los datos del proyecto Desaparecidos. Los asesinatos documentados en Colombia se elevan hasta la cifra de 220.000 personas des de 1955, según un informe del mismo Centro en 2013. El periodista y experto en el conflicto colombiano, Alfredo Molano, explica así la tragedia: “En Colombia casi todo campesino puede decir que algún familiar fue asesinado por la fuerza pública, por los paramilitares o por las guerrillas”.

Las víctimas del conflicto han sido un punto importante de los Acuerdos de Paz entre FARC-EP y gobierno. Además de ayudas económicas, los acuerdos recogen una serie de leyes y la creación de instituciones que permitan esclarecer lo sucedido en estos más de 50 años de conflicto. La idea es condenar a todos los responsables de crímenes contra la humanidad, y a la vez obtener toda la información posible sobre estos crímenes para reparar a las víctimas.

Las organizaciones sociales, de víctimas y de derechos humanos están inconformes con el proyecto de reparación de víctimas. “Hay dudas sobre la voluntad real del gobierno para que se esclarezca la verdad ya que hay muchos políticos, militares y empresarios involucrados” cuestiona un defensor de los derechos humanos en Colombia. Desde 2011 hay una ley para satisfacer a las víctimas, y no se está llevando a cabo, según varias voces del movimiento social. En los presupuestos del Estado colombiano de 2017 por cada peso invertido en víctimas se invierten 30 en la fuerza pública. Por ahora, el hecho más palpable para los civiles es que “ya no se escuchan ni se sienten los bombardeos”.

 

Artículo escrito por el fotógrafo y periodista Jaume Gil durante su experiencia en Colombia con las Brigadas de Solidaridad de la Associació Catalana per la Pau. Publicado originalmente en El Salto el 16/11/2017


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