“Defenderemos los derechos humanos hasta que nos maten”

“Nos quitaron tanto que acabaron quitándonos el miedo”. Este es el cartel que lee Esmer Montilla cada vez que levanta la vista desde su despacho de presidente de la Fundación DHOC, una de las organizaciones de defensa de derechos humanos más reconocidas en Colombia, que acaba de ser nominada al Premio Nacional de Derechos Humanos. Este despacho es, además, su vivienda, y los últimos nueve meses ha sido también su carcel.

Esmer Montilla fue detenido el 15 de julio del 2015, junto con tres compañeros, acusado de rebelión y secuestro después de asistir como defensor de los derechos humanos a una huelga campesina. Se pasó 15 meses en la prisión a la espera de juicio, después consiguió el arresto domiciliario y desde hace dos meses tiene permiso para salir de casa y poder trabajar, pero sin abandonar nunca Villavicencio, la ciudad donde vive.

“Es un caso claro de lo que se conoce como falso positivo judicial”, asegura Xavi Cutillas, presidente de la Asociació Catalana per la Pau, que hace más de diez años que desarrolla proyectos en Colombia. El nombre proviene de un episodio oscuro en la lucha contra las FARC. Durante los años más duros del conflicto, el gobierno de Álvaro Uribe lanzó un plan de incentivos para aquellos miembros del ejército que capturaran guerrilleros, vivos o muertos. Años después se descubrió que muchos de los asesinatos eran civiles que los soldados vestían de guerrilleros para cobrar las primas y que se denominaron falsos positivos. Al caso de Montilla, la policía ha aportado 26 testigos, todos ellos agentes del cuerpo.

“La vida en la prisión fue muy dura. En las celdas se acumulaban hasta 90 presos y los había que dormían en el suelo, en los lavabos o en el pasillo. Pasé hambre y me puse enfermo. Nos tenían como animales”, recuerda Esmer Montilla. Su compañera de lucha y de vida, Doña Tulia, le traía leche para que se recuperara de la anemia. “Cuando llegaba con la leche los guardias la tiraban al suelo y hacían que uno de sus perros la lamiera. Después me decían: «Ahora ya se la puedes llevar»”, explica. “Las mujeres de los presos pagamos una doble condena. A mí, incluso, me han hecho registros vaginales con la excusa que podía esconder algo para darle a él”, denuncia Tulia.

En la sede de DHOC se celebra hoy un encuentro con diez defensores de los derechos humanos del departamento del Meta. Todos, sin excepción, están amenazados. “El delito más grande en Colombia es pensar diferente que el gobierno”, dice Amanda Vázquez, dirigente campesina de la Asociación de Mujeres Llaneras. Ella también cumple arresto domiciliario. “Hay una amenaza latente contra todos nosotros. Una parte de la clase dirigente quiere hacer añicos los acuerdos de paz”, añade Nancy Rubio, responsable de la Coordinadora Nacional de Mujeres de la Orinoquía. La posibilidad real que un candidato de extrema derecha, contrario a los acuerdos, llegue a la presidencia del país en las elecciones de 2018 genera mucha inquietud entre las organizaciones sociales.

Según el último informe presentado por Indepaz [Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz] y el movimiento político y social Marcha Patriótica, en Colombia se han producido 540 violaciones de los derechos humanos desde enero. Un total de 101 defensores y defensoras de los derechos humanos y líderes regionales han sido asesinados en sólo seis meses, una cifra que supera la del total de 2016, que fue de 68. “Es preocupante que todavía no se hayan puesto en marcha los mecanismos acordados que obligan al estado a proteger líderes y organizaciones sociales”, afirma Xavi Cutillas. La lista de violaciones de los derechos humanos incluye también amenazas, desapariciones forzosas, detenciones arbitrarias, atentados y torturas.

Edilberto Daza y Zoraida Arango, miembros de DHOC, han sufrido en carne propia buena parte de esta negra lista. Daza tuvo que marchar del pueblo donde vivía por amenazas y ha sufrido un atentado y varias detenciones ilegales por parte del ejército y los paramilitares, que en una ocasión lo retuvieron tres días y lo torturaron. Últimamente las amenazas han ido en aumento y ha decidido abandonar el país una temporada por seguridad. En el caso de Zoraida Arango las amenazas han llegado incluso a su hija, a quien ha decidido llevar a un internado. A ella, le ha sido asignado un policía como medida de seguridad, pero vive a 70 quilómetros de casa suya y no se fía. “Es un lobo guardando las ovejas”, dice. El caso de Esmer Montilla se tiene que resolver este año. Si pierde el juicio lo podrían condenar a entre 8 y 16 años de prisión. “La paz nos costará la vida, pero nosotros la lucha la seguiremos”, afirma.

El defensor de DDHH Esmer Montilla en su vivienda y oficina de Villavicencio (Lisi Andrés)

“De momento no tenemos recursos para desarrollar los acuerdos de paz”

Puerto Concordia es un municipio de 20.000 habitantes, pero el 90% viven en zonas rurales de difícil acceso. Su economía se basa principalmente en el cultivo de coca, y ha sido uno de los más castigados por la violencia. Por eso le han escogido como uno de los pueblos donde primero se tienen que aplicar los planes de sustitución de cultivos ilícitos previstos en los acuerdos de paz. “Tenemos mucha gente en las zonas rurales que pasa hambre y no tenemos suficientes recursos para atenderles -explica el alcalde, Luis Roberto González-. Esperamos que el gobierno cumpla sus compromisos. La aplicación de los planes está siendo muy lenta y de momento no nos ha llegado ningún presupuesto para hacer frente a todos los cambios que implica”, lamenta. Luis Roberto González denuncia también que el gobierno ha incumplido el compromiso de parar las eliminaciones forzosas de plantas de coca mientras se aplican los planes de sustitución y que esto está provocando enfrentamientos entre los labradores y las fuerzas del orden. “En el  municipio tenemos varios labradores heridos durante las protestas. Si el gobierno no cumple, la gente se revelará porque [la coca] es lo que mantiene a sus familias”. Puerto Concordia tiene, además, 3.600 víctimas del conflicto armado reconocidas, y las autoridades empiezan a temer por la seguridad del municipio. “Nos preocupa el aumento de la presencia paramilitar y de la disidencia de las FARC en la zona”, asegura.

“No conseguí que mi madre votara “sí” a los acuerdos de paz”

Iván Darío Arévalo hace dos semanas que está en una de las Zonas Veredales de la guerrilla. Tiene 18 años, es estudiante de derecho a la Universidad Industrial de Santander y ha venido con unos compañeros a impartir clases sobre la legislación derivada de los acuerdos a los ex combatientes. “Durante todo el proceso fui promotor del sí, y ahora sentía que teníamos que aportar algo más. Lo que no esperábamos es que ellos superan más que nosotros”, dice sonriente. Reconoce que tampoco se esperaba no poder convencer su madre, acérrima  seguidora de Uribe, de votar favorablemente a los acuerdos. Está convencido que todo el mundo tendría que acercarse a una de éstas zonas para conocer los guerrilleros. “Los medios de comunicación que nosotros vemos en la ciudad siempre nos transmiten la idea que los miembros de las FARC son asesinos, violadores, terroristas, y cuando llegas te encuentras personas amables y una gran camaradería, nos han tratado cómo si fuéramos de la familia”, asegura. Y añade: “Viniendo aquí hemos podido descubrir una parte de la historia que no nos han explicado nunca. Los chicos y chicas de aquí de mi edad están mucho más preparados que yo. Saben química, filosofía, política, derecho… son personas cultas. Marchamos con una gran experiencia y con una visión diferente”, concluye.

“En Colombia hay paz con hambre”

“Queremos que nuestros hijos e hijas tengan estudios y que no sean esclavos de la tierra cómo hemos sido nosotros. La paz es también tener carreteras, salud, una vivienda digna y no pasar hambre”, dice Franklin Munevar, que ha sido escogido por la comunidad para representar La Cooperativa, una zona de pequeños agricultores dedicada sobre todo al cacao y a la ganadería. La Cooperativa vivió los años dorados de la coca y también los de la violencia extrema de las erradicaciones forzosas. “Se llevaban incluso la ropa de los cajones; esto es lo que recibimos de las fuerzas militares de Colombia. Detenciones, violaciones y muertos”, recuerda con angustia. El 95% de los habitantes huyeron de la violencia dejando un pueblo prácticamente fantasma. Por eso, para Franklin Munevar es muy importante el reconocimiento de la titularidad de las tierras que está previsto los acuerdos. En La Cooperativa hay familias que hace más de treinta años que cultivan la misma tierra pero que no constan como propietarios, y esto les impide pedir créditos para sembrar y acceder a las pocas ayudas públicas que hay. ”Si nos dejan como estamos tendremos que malvender nuestras tierras y marchar. La paz sin justicia social no es paz. Nos lo merecemos como supervivientes que somos de este conflicto”, asegura.

“Invito a los políticos a venir aquí y ponerse en el lugar de estos niños”

Marcela Salazar es una de las tres maestras del centro educativo de Charras, una pequeña zona rural del departamento del Guaviare. Ella es de la costa de Colombia, y cuando llegó no se lo podía creer: “Invito los políticos a venir y ponerse en el lugar de los niños. Pero que no vengan en avión, que vengan por el camino que hacemos nosotros”. La escuela tiene 72 niños y niñas que se tienen que repartir en dos aulas porque las otras dos que tenían las han tenido que convertir en dormitorios. “Hay niños que tardan dos o tres horas a llegar -explica-. Tuvimos que convertirlo en un internado. Hasta hace poco no teníamos agua ni luz, y las aulas se nos inundan cada vez que llueve”, lamenta. Tampoco tienen duchas y los alumnos han tenido que construir un lavadero para poder lavar la ropa. A diez minutos andando  tienen una de las Zonas Veredales donde se han replegado los guerrilleros de las FARC, que cuando conocieron la situación desviaron parte del agua y la luz que reciben hacia el internado. Antes tenían que ir a buscar el agua para cocinar y para lavarse en el río y han sufrido alergias en la piel por la contaminación. “Nos exigen calidad educativa pero nos tienen en unas condiciones pésimas”, dice Marcela, que aún así asegura que no se rendirá y que trabajará sin descanso porque sus alumnos se gradúen. El único ordenador que tienen es de cartón. Lo construyeron para poder estudiar las partes.

Edilberto Daza y Zoraida Arango (L.A.)

Artículo escrito por la periodista Lisi Andrés durante su experiencia en las Brigadas de Solidaridad de la Associació Catalana per la Pau. Publicado originalmente en el diario Ara el 3/09/2017

 

 


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