Catatumbo, una voz que quiere ser escuchada

Parte I

¡Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina!” “¡El pueblo lo dice y tiene la razón, primero es lo primero: salud y educación!” “¿A qué venimos? ¡A que Santos nos cumpla!” Más de doscientos hombres y mujeres, llegados desde las duras tierras del nororiente colombiano, desfilan orgullosos por la séptima carrera en Bogotá, rumbo a la plaza de Santander. Han cambiado por unos días las montañas por los rascacielos, los caminos de tierra por el asfalto. Les custodia el cordón de seguridad que forma la guardia campesina, el cuerpo cívico que vela por el orden y el respeto a los derechos humanos en las actividades de la Asociación Campesina del Catatumbo, ASCAMCAT. Vestidos de azul brillante, en sus manos sostienen los bolillos patrióticos, estacas de madera revestidas de amarillo, azul y rojo, símbolo de la autoridad que afirman les ha conferido el pueblo. Entre el habitual gentío, sorteando la abundancia de músicos callejeros, vendedores ambulantes, trajeados hombres de negocios y estudiantes con grandes gafas de pasta, se alzan sus voces como una sola. Los apresurados bogotanos les dedican miradas de todo tipo; de respeto, de sospecha, de incomprensión. A los participantes de la marcha no parece importarles demasiado. Han llegado para exigir al gobierno que cumpla con lo que a su juicio se les debe, y no se van a ir sin hacerse oír. Aunque para ello hayan tenido que tomar la Defensoría Nacional y negociar durante horas.

Para hacer entender a la asombrada población bogotana cuales son las reivindicaciones de los catatumberos, hay que empezar por conocer un poco el lugar, tierra remota para muchos pobladores de la capital. Departamento de Norte de Santander, frontera con Venezuela. Es el Catatumbo una tierra difícil pero fértil, montañosa, surcada de corrientes de agua que alimentan al río que la nombra. Sus recursos minerales y petrolíferos la convierten en un territorio muy disputado entre las empresas extractivas que aspiran a controlar la riqueza del subsuelo, y las poblaciones campesina e indígena. El estado apenas hace presencia aquí, la falta de infraestructuras como vías, escuelas u hospitales dificultan el mantenimiento de la forma de vida tradicional agraria y los diversos Tratados de Libre Comercio (TLC’s) firmados por Colombia complican el acceso a la comercialización de los productos de la tierra. La entrada de la coca en los años noventa complicó aún más la coyuntura; lo que en un principio supuso ganancias rápidas, terminó casi acabando con los cultivos tradicionales y atrayendo a grupos paramilitares que masacraron y desplazaron a la población civil y entraron en conflicto con la guerrilla, muy presente en la zona. Tras la supuesta desmovilización de estos grupos la zona se militarizó fuertemente, con el resultado de la estigmatización de los habitantes del lugar, en la tristemente repetida identificación campesino-guerrillero que se ha dado en tantas zonas del país.

Una vez situados, nos remontamos a julio de 2013. En aquellos días, la situación se volvió insostenible para el campesinado. Tras hacer frente al histórico abandono estatal del campo y a la violencia paramilitar sufrida, la población rural debió enfrentar las fumigaciones y erradicaciones forzosas de las matas de coca. Impotentes, observaban como el glisofato, el químico recientemente prohibido por el propio gobierno después de años de utilización en sus planes antinarcóticos, quema su tierra, envenena sus ríos y deja a muchas familias sin su única, en palabras de los propios afectados, fuente de sustento. Los llamados cultivos de uso ilícito. Ante esta situación, su decisión fue salir a las vías, cortar el tráfico, hacerse notar golpeando las rutas de salida del petróleo en la región. Comenzaba el paro del Catatumbo.

Nadie se imaginaba lo que sucedería a continuación. Más de 17000 manifestantes. 53 días en las carreteras. Respuesta militar del gobierno, que identificó la protesta con la guerrilla. El ministro de defensa, Juan Carlos Pinzón llegó a declarar públicamente que lo que se quería allá, en la frontera con Venezuela era ”una zona autonómica llena de coca, llena de armas y llena de explosivos, la retaguardia de los jefes terroristas”. ¿Resultado? Cuatro campesinos muertos por heridas de bala, decenas de heridos y otros tantos detenidos y acusados de terrorismo. Fueron días y noches tensos, en los que mientras se aguantaban las cargas del ESMAD- la policía antidisturbios colombiana- y el fuego real del ejército se pactaba la puesta en marcha de un espacio de negociación a través de la cual llegar acuerdos para mejorar las condiciones de vida en la región y acabar con el problema de la producción de coca sin que afecte al cultivador. Finalmente, esta mesa, la llamada MIA, Mesa de Interlocución y Acuerdo del Catatumbo arrancó en agosto de ese mismo año, con garantes de la talla del ex presidente Ernesto Samper o Todd Howland, representante de la ONU para los derechos humanos. Durante los siguientes meses, avanzando a trompicones, se logró llegar a una serie de compromisos con el gobierno central. Detener las erradicaciones. Reparación para las familias afectadas. Garantías jurídicas para los detenidos y para esclarecer las muertes acontecidas durante los disturbios. Inversión social en la zona para mantenimiento y construcción de vías y hospitales. Avances en el reconocimiento del derecho a la defensa del territorio y la soberanía alimentaria bajo la figura de la Zona de Reserva Campesina, una de las señas de identidad de ASCAMCAT. En principio, buenas noticias para la organización campesina y los habitantes de la región.

A finales de 2014, casi dos años después del fin de las protestas, el Catatumbo se siente engañado. Según ellos, Santos no ha respetado el 90% de los acuerdos alcanzados, tanto políticos como económicos. A su vez, el gobierno alegaba el crecimiento de las plantaciones de coca como muestra de que este incumplimiento se da por ambas partes. Pero si la inversión social no llega, respondían, es imposible cambiar estas matas por yuca, plátano o frutales, ya que la falta de infraestructuras y de acceso a los mercados hace que su precio de venta no compense ni la propia plantación. La MIA estaba bloqueada, pasan meses sin reunirse, y cuando por fin lo hacían no se consigue avanzar. Así, ante esta falta de entendimiento, los campesinos se pusieron en marcha para presionar por el acatamiento de lo pactado. Desde el pasado enero varios equipos de directivos de la asociación han recorrido cada palmo de la región, llegando a cada vereda, a cada finca, buscando todo el soporte posible, recogiendo firmas que apoyasen una misiva en la que se expone su percepción de la necesidad de un cambio de actitud respecto a las negociaciones.

Parte II

Vuelta a Bogotá, mayo de 2015. La fecha elegida para la radicación de la carta ante las autoridades, el 29 de ese mes, no es casual. Ese día se cumplen 16 años desde la masacre de la Gabarra, macabro recuerdo de la entrada del paramilitarismo en la región. Desde la ciudad de Ocaña, una caravana de buses transporta a la comitiva, viaja durante toda la noche para alcanzar Bogotá al amanecer del día 28, con un primer objetivo a la vista: la Defensoría del Pueblo. Desarmados, pacíficamente, encaran a los guardias de seguridad y entran en la sede, con actitud tranquila pero firme. Sus demandas son claras, reunirse con la Fiscalía General, con la Corte Constitucional y la Casa de Nariño, además de pactar las garantías para celebrar un acto conmemorativo en homenaje a todas las víctimas de la violencia estatal y paraestatal del conflicto. Esta vez, quieren estar seguros de que se les escucha.

“No venimos en aras de pelear ni enfrentarnos a estos señores que están aquí atrás” Señalando a los agentes de policía de ESMAD, Olga Lucía Quintero quiere dejar claro el carácter no violento de la ocupación del edificio. “Estamos esperando la presencia del señor defensor del pueblo, con el objetivo de acordar con él las garantías y el respeto a los derechos humanos” Quintero forma parte del equipo negociador, que a lo largo de la mañana informa de los avances en las conversaciones a los campesinos que han quedado fuera. Los principales medios de comunicación del país acuden a la llamada de la noticia. Las horas pasan, la situación se va resolviendo favorablemente, sin violencia de ningún tipo. Se conciertan citas, reuniones importantes, pero el hambre y el cansancio empiezan a hacer mella, por lo que es necesario encontrar un lugar donde pasar la noche. Desde la defensoría se da por buena la petición de pernoctar en el Parque del Renacimiento, levantado sobre la fosa común donde reposan las víctimas del Bogotazo, la ola de violencia que sacudió la capital tras el asesinato del líder político Jorge Eliezer Gaitán en 1948. Enfrente, se alza imponente y silencioso el edificio que alberga el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Espacio inmejorable por lo simbólico, aunque el frío hará torcer el gesto a más de un catatumbero, acostumbrados como están al calor de su tierra.

Parce, las orejas las tenía como barras de hielo, ¿oyó? Toda la noche aguantando frío. Si me ve en esa hamaca, envuelto en una cobija, con dos pantalones, dos medias y no pude ni levantarme a por el sancocho de la comida… No yo acá no vuelvo. ¡Qué clima más verraco! Mire que hay gente que sube andando hasta la basílica de Monserrate para hacer penitencia; y yo digo ¡que suban en el ascensor y bajen a dormir aquí, eso sí es una penitencia!. Le digo, si yo fuera el presidente, lo primero que haría sería construir una casa para todos los gamines que andan durmiendo en la calle, es imposible que aguanten esto.” Alexander, uno de los participantes en la marcha, hará reír en el bus de vuelta a sus compañeros con el relato de sus desventuras. Ciertamente, la noche bogotana es realmente gélida para pasarla al raso y la constante amenaza de lluvia no mejora las perspectivas. Aún así, hay quien aprovecha para tocar la guitarra, cantar, jugar al fútbol o calentarse con un café caliente y escuchar las historias de la niña fallecida en un accidente que se aparece en el antiguo cementerio contiguo y se divierte molestando a los vigilantes de seguridad. Los ánimos no decaen, mañana es el gran día, la culminación de un trabajo de meses.

Amanece nublado. La comitiva espera, paciente, noticias del equipo negociador, reunido a esas horas en el céntrico edificio de la Fiscalía General. Finalmente, se pone en marcha, alcanzando las puertas del Museo del Oro poco antes de la hora del almuerzo. Allí se aguarda la llegada de los representantes de ASCAMCAT, quienes comunican las novedades, los acuerdos alcanzados, visibilizan ante la prensa y el país sus reivindicaciones “El propio Santos nos propuso la creación de un laboratorio de paz, y nosotros adelantamos todo un trabajo de desarrollo de la propuesta; pero la respuesta, como siempre, fue el incumplimiento”. Son palabras de César Jerez, uno de los interlocutores destacados. “La petición fundamental es que el gobierno nos cumpla. Hay unos compromisos desde hace dos años, y una dilación por parte del gobierno. No se ha constituido la Zona de Reserva Campesina, no se están financiando sus planes de desarrollo y hay una total impunidad en el caso de los cuatro compañeros que fueron asesinados a manos de policía y ejército durante la realización del paro”.

De momento, no parece que esto vaya a cambiar. La casa de Nariño hace caso omiso a la petición de una reunión extraordinaria de la MIA para intentar desbloquear los acuerdos. No obstante, los voceros se muestran satisfechos con el viaje. Aún con la negativa de Santos o cualquier miembro de su equipo gobierno para dialogar, las reuniones mantenidas con la Fiscalía y la Corte Constitucional dejan un cierto margen para la esperanza, ya que se han obtenido compromisos firmes en materia jurídica y administrativa en varios de los temas que la organización considera cruciales. Esta sensación agridulce no empaña el homenaje que los campesinos tienen previsto brindar a los jóvenes muertos en 2013. Con un emotivo discurso, Olga Quintero, en el que elogia la capacidad de lucha de los catatumberos y la necesidad de seguir avanzando a pesar de las dificultades, recuerda a sus cuatro mártires, como se les conoce en la región. Edison Franco, Leonel Ortiz, Hermides Téllez y Diomar Angarita. Los cuatro mártires del Catatumbo. El acto acaba con un minuto de silencio, ahogado en el ruido del tráfico de la céntrica plaza de Santander pero presente en los graves rostros de la Guardia Campesina, y con el reparto de decenas de rosas blancas a los transeúntes que caminan indiferentes por la zona. Entre aplausos, se escuchan vivas a su tierra, a la Zona de Reserva Campesina y a la Paz.

“¡P’alante, campesinos, que no somos diferentes! ¡P’alante, Catatumbo, que aquí estamos presentes!”. Así reza otra de las arengas, de las consignas que se podían escuchar en las calles de Bogotá en la mañana del 29 de mayo de 2015. Los trabajadores y habitantes del campo no se perciben diferentes de cualquier otro ciudadano colombiano, pero se sienten ninguneados por un estado que olvida sus problemas y condena a su cultura a la desaparición a favor de un modelo económico basado en la extracción de los recursos naturales por grandes empresas energéticas y agroalimentarias. El Catatumbo, los campesinos, presentes en la capital del país, buscan ser escuchados. Buscan ser partícipes y protagonistas de un diálogo entre lo rural y lo urbano que, están convencidos, es necesario para alcanzar la paz en Colombia. Una paz que no se quede en el tan ansiado silencio de los fusiles, sino que tenga en cuenta las causas del conflicto y consiga superar las profundas desigualdades que han llevado al país a sufrir más de 50 años de violencia. Una paz duradera, una paz con justicia social. Para el campo y para la ciudad.

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A los pocos días de ser terminado el presente artículo, fue puesto en libertad Helivaneth Uribe, uno de los campesinos judicializados en el paro en 2013. Según el comunicado de la Asociación Campesina del Catatumbo es “una victoria más de las organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos, del pueblo campesino del Catatumbo y de ASCAMCAT; y recuerdan que “seguiremos siempre adelante en la lucha pacífica y de las ideas para conseguir una justicia social para la paz”. Una señal más de que a veces, por difícil que parezca, la voz de los campesinos, los olvidados consigue hacerse oír sobre el ruido del tráfico de las cales de Bogotá.


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