Bosque de paz

El Bosque de Paz no olvida a las víctimas

Presencia de IAP en el acto en recuerdo a los "falsos positivos" en el Magdalena Medio

Se nota un brillo en los ojos de Don Miguel cuando su hijo Willman coloca la placa en memoria de su hermano en el joven cedro. Los dos se ponen firmes para las fotos de la prensa, presente en el evento simbólico de construcción de un Monumento Vivo de Paz en la vereda Puerto Matilde en el Valle del Rio Cimitarra.

Este monumento es uno de los componentes del Bosque de Paz que se va a instalar en 60.000 hectáreas de la zona: Un programa del Ministerio de Medioambiente que apoya la protección mediambiental, los proyectos productivos y los procesos de memoria en zonas golpeadas por el conflicto.

La escena de los dos líderes de la Asociación Campesina del Valle del Rio Cimitarra (ACVC) me trae a la memoria el recuerdo de la primera vez que conocí a Willman, allá por el 2008. Bajo un árbol grande nos sentamos a hablar y me contó que acaba de perder a su hermano mayor. Miguel Ángel fue un líder reconocido en la comunidad, asesinado por el ejército el 27 de enero de aquel año, en la vereda Puerto Nuevo Ité, la misma vereda donde Willman y yo estuvimos conversando.

Como si eso no fuese suficiente, también me contaba que su papá se encontraba encarcelado. En 2007 se expidieron órdenes de captura contra todos los directivos de la ACVC, acusándolos de rebelión. Seis de ellos fueron detenidos mientras los demás se refugiaban. Durante el 2009, los casos fueron cerrados uno por uno por falta de pruebas, y, en retrospectiva, lo ocurrido parece más bien un montaje judicial con el objetivo de debilitar el movimiento social, como se ha visto tantas veces en Colombia[i].

Volvamos a 2017. En el evento en Puerto Matilde, la presidenta de ACVC, Irene Ramírez, también recuerda aquella época tan dura para la asociación y las comunidades. Cuenta cómo el periodo presidencial de Álvaro Uribe (2002-2010) estuvo caracterizado por señalamientos constantes, montajes judiciales y los llamados falsos positivos; civiles asesinados por el ejército y presentados como guerrilleros dados de baja en combate.

En el Monumento Vivo de Paz, varios familiares de víctimas colocan 42 placas en los arboles sembrados para el mismo propósito. Cada placa lleva un nombre. Todos campesinos del Valle del Rio Cimitarra, todos ejecutados extrajudicalmente por el ejécito.

Cada uno de ellos tiene una historia. Pablo, un líder local, me cuenta que conoció a José Manuel; trabajaban juntos. Eladio, de la ACVC, recuerda cómo Carlos hizo parte del grupo de danzas en el Nordeste Antioqueño. El cuerpo de Guillermo lo encontraron porque habían dejado la silla de su caballo en la trocha. El ejército también mató al caballo. Me cuesta comprender y digerir todos estos destinos dolorosos.

Los falsos positivos

La socióloga Natalia Fernández, dedicada al trabajo de memoria histórica de la ACVC, me explica que muchos de los 42 casos están siendo tratados por el sistema judicial. Algunos ya resueltos o bastante avanzados, otros no tanto. Menciona el caso de Aicardo Antonio Ortiz Tobón, sentenciado a medias. Dos militares y un civil han sido condenados, pero las pesquisas de otros cinco miembros del ejército están estancadas. Hay otros que ni siquiera están siendo investigados a pesar de testimonios señalando su responsabilidad. Altos mandos. En una sentencia de mayo 2017 se declara responsable al Estado Colombiano, al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional por la ejecución arbitraria de Aicardo, y se ordena que se reabran las investigaciones e investigue a todos involucrados[ii].

A nivel nacional, han sido condenados penalmente muchos cabos y soldados, pero aún falta por esclarecer quiénes fueron los verdaderos responsables. Ésta negligencia fue un tema central durante la reciente visita de la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda en Colombia en septiembre. El CPI ya expresó en 2012 que “estos crímenes parecen haber sido cometidos a gran escala y de forma sistemática en cumplimento de una política de Estado o de una organización”. Desde aquél entonces, la Corte ha hecho un seguimiento al tratamiento judicial de los falsos positivos en Colombia, y hasta ahora no está satisfecho. El mansaje al gobierno colombiano es que si no se pone seriamente a la tarea de juzgar a los máximos responsables, la CPI abrirá casos. Ya hay identificados 29 nombres de altos mandos que considera investigar[iii].

Otro tema que queda en la incertidumbre es el papel de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en los falsos positivos. En ésta jurisdicción entran casos relacionados con el conflicto armado, pero esa definición deja espacio a muchas interpretaciones y tanto jueces como analistas parecen divididos[iv]. La JEP maneja la posibilidad de amnistía e indulto a los agresores o responsables a cambio de su aportación a la verdad. En el caso de Aicardo los militares involucrados ya están en libertad condicional por haber prometido declarar ante la JEP[v].

El bosque y la paz

En 2010 se empezaron a ver cambios positivos en el Valle del Rio Cimitarra, continúa Doña Irene. El gobierno volvió a reconocer la Zona de Reserva Campesina que había sido suspendida por Álvaro Uribe, y la ACVC recibió el Premio Nacional de Paz. El Bosque de Paz es otro paso importante en el camino del reconocimiento institucional. Según la presidenta, no es sólo un reconocimiento de los esfuerzos continuos de la comunidad de cuidar el medioambiente, también de la labor organizativo por permanecer en el territorio a pesar de la persecución y la violencia.

Miguel y Willman son ejemplos de esa valentía. Éste joven con el que hablé hace 9 años no se dejó intimidar. Al contrario, Willman se dedicó de lleno al trabajo comunitario promoviendo por ejemplo la Línea Amarilla; una señal pintada en los árboles con pintura amarilla por las mismas comunidades para indicar y respectar la frontera agrícola.

Andrés Gil, otro destacado miembro de la ACVC, reitera que eso es la esencia de la paz: que el estado se acerque a las comunidades y construya un estado local, respaldando las iniciativas comunitarias. La comunidad en el Valle del Rio Cimitarra ya tiene sus sistemas de protección natural, lo que falta es que el gobierno las reconozca.

El ambiente es optimista y positivo en Puerto Matilde, pero una pregunta a la funcionaria del Ministerio del Medioambiente pone de relieve uno de los desafíos que sigue enfrentando la comunidad en el Valle del Rio Cimitarra. Una mujer quiere saber si El Bosque de Paz blinda el subsuelo frente a la explotación de petróleo a través del fracking. La respuesta breve es “no”. El Bosque de Paz es un programa, no es una figura de protección. Las comunidades saben que el gobierno colombiano está planificando proyectos pilotos de fracking en el Magdalena Medio[vi], y parece que les toca a ellas poner el pecho para enfrentar esa explotación tan dañina en su territorio, ahora llamado Bosque de Paz.

 

árbol víctimas

Placa en recuerdo de un joven asesinado por el ejército en el Valle del Río Cimitarra

[i] https://pbicolombiablog.org/2009/09/30/miembros-de-la-acvc-acusados-sin-fundamento/

[ii] http://humanidadvigente.net/estado-colombiano-declarado-responsable-la-ejecucion-extrajudicial-del-campesino-aicardo-antonio-ortiz-tobon/

[iii] http://colombia2020.elespectador.com/jep/fiscal-de-la-cpi-de-visita-por-colombia

[iv] http://www.semana.com/nacion/articulo/gustavo-moreno-desmiente-a-musa-besaile-en-la-corte/541052

[v] http://humanidadvigente.net/juzgado-39-suspende-una-orden-captura-pone-libertad-4-militares-asesinado-del-campesino-aicardo-antonio-ortiz-tobon/

[vi] http://m.elcolombiano.com/negocios/economia/organizaciones-piden-al-gobierno-no-hacer-prueba-de-fracking-NA7277807


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