La delegación dio a conocer su informe, tras su visita por el país.
A pesar de los esfuerzos del Gobierno y los sacrificios de las organizaciones sociales perdura la crisis de los derechos humanos en Colombia. Esa fue la principal conclusión a la que llegó en su informe la comisión Asturiana de verificación de Derechos Humanos en Colombia, luego de visitar Curvaradó, Sumapaz., Arauca, Bogotá, Cesar y Magdalena.
El informe que presentaron hoy señala que durante 13 días que duró la misión de esta delegación se encontró “un Gobierno abierto al escrutinio” y con una “actitud abierta al diálogo” en el conocimiento de la situación de derechos humanos, pero “la persistencia de problemas estructurales como concentración de la propiedad de la tierra, de las actuaciones delictivas de los grupos armados ilegales, así como la ausencia de resultados ciertos en el objetivo de terminar con la impunidad, recomiendan mantener la vigilancia nacional e internacional de las situaciones referidas”.
La comisión señaló en detalle que encontraron que “persiste el fenómeno paramilitar en la cuenca de Curvaradó a pesar de un importante despliegue numérico de la Fuerza Pública”. A la vez el desplazamiento forzado se mantiene, y que “está ligado a los planes empresariales y de inversión en minería, agroindustria, así como por las actividades delictivas del narcotráfico y de actores armados ilegales”.
El informe se refirió también a la “persistencia de amenazas de muerte y asesinato de sindicalistas, con alto nivel de impunidad en cuanto a los autores materiales y de total impunidad en cuanto a los autores intelectuales” y una situación similar en cuanto a la “persecución de defensores de derechos humanos y líderes que exigen restitución de tierras.
Asimismo, esta delegación afirmó que constató “un preocupante aumento de la criminalización y judicialización de las luchas sociales”. A la vez, que condiciones inhumanas de reclusión en la cárcel de máxima seguridad de Valledupar, “debido a la falta de agua y la ausencia de servicios de salud, así como casos de tortura”. Siendo de “especial preocupación para la comisión el uso del traslado penitenciario como método de castigo a las personas presas que lideran procesos de denuncia de estas condiciones de reclusión”.
La verificación que hizo esta comisión dijo a su vez que en Chocó y Arauca “hay violaciones del Derecho Internacional Humanitario por la fuerza pública, mediante la ocupación de bienes de uso de la población civil”. Señaló con preocupación que no hay condiciones “objetivas” que permitan “que el proceso de restitución de tierras se produzca a corto plazo con garantías para la población campesina, comunidades negras y pueblos indígenas”.
EL TIEMPO